EDITORIAL TSC /

Entre la retórica constitucional y la práctica política: obstáculos y palos en la rueda para frenar la agenda social promovida por el Gobierno nacional.

En la Colombia contemporánea, el predominio de sectores de ultraderecha con orientación neoliberal en el Congreso y las altas cortes configura un escenario político marcado por profundas tensiones entre la práctica legislativa y judicial y los principios fundantes del Estado Social de Derecho. Esta mayoría de talante conservadurista, que ha ganado espacios decisivos en los últimos ciclos electorales y en la designación de magistrados, ha consolidado un enfoque que privilegia el capitalismo salvaje, la desregulación y la privatización, ubicando en un segundo plano la garantía de derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991.

La Constitución Política de 1991 instauró a Colombia como un Estado Social de Derecho, comprometido con la protección efectiva de los derechos fundamentales y la realización de la justicia social. Sin embargo, la paradoja central radica en cómo la acción política y jurisprudencial de los sectores retardatarios ha vaciado de contenido estos principios, restringiendo la dimensión social a una mera formalidad discursiva.

Así, la distancia entre el mandato constitucional y la práctica institucional se amplía, alimentando la desconfianza ciudadana y debilitando el pacto social.

Un hito en la jurisprudencia constitucional sobre el Estado Social de Derecho es la sentencia T-406 de 1992, en la que la Corte Constitucional reafirmó el carácter vinculante de los derechos sociales y su exigibilidad ante los poderes públicos. No obstante, en la práctica política reciente, estos derechos han sido reducidos a una retórica vacía, instrumentalizada en los discursos, pero poco efectiva en la materialización de políticas públicas.

La desconexión entre la doctrina constitucional y las decisiones legislativas y judiciales actuales evidencia una tendencia regresiva, donde lo social se menciona, pero rara vez se protege o amplía.

La mayoría neoliberal en el Congreso y su eco en las altas cortes han erigido barreras sistemáticas a las reformas sociales propuestas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Estas mayorías, argumentando criterios de sostenibilidad fiscal y defensa de la libre empresa, han bloqueado o desnaturalizado iniciativas orientadas a la redistribución de la riqueza, la ampliación de coberturas pensionales y la protección laboral.

En paralelo, los tribunales han emitido fallos que limitan la posibilidad de implementar políticas de emergencia y reformar estructuras injustas, consolidando así un statu quo excluyente.

El presidente Petro ha denunciado de manera reiterada la eliminación progresiva de normas sociales y los obstáculos jurídicos y legislativos a su agenda de reformas. Ejemplos concretos ilustran esta confrontación: la declaratoria de emergencia económica para atender crisis sociales fue rápidamente desestimada por el Congreso y anulada por el Consejo de Estado; la reforma pensional, orientada a fortalecer el pilar solidario, ha enfrentado bloqueos y recortes en su debate parlamentario; varios decretos ejecutivos con enfoque social han sido tumbados por decisiones judiciales, evidenciando la resistencia estructural del aparato institucional frente a cualquier intento de transformación profunda.

La hegemonía neoliberal de ultraderecha en los órganos de poder colombiano plantea un serio desafío a la realización efectiva del Estado Social de Derecho. La contradicción entre la letra constitucional y la práctica política y judicial ha derivado en una precarización de los derechos sociales, cada vez más relegados al plano simbólico.

Si bien la jurisprudencia, como la sentencia T-406/92, ofrece fundamentos para la defensa de lo social, la correlación de fuerzas actual dificulta su materialización. El futuro del Estado Social en Colombia dependerá de la capacidad de la sociedad civil y los actores progresistas para revertir esta tendencia y exigir el cumplimiento real de los principios constitucionales.