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Donald Trump ha entrado de lleno en el proceso electoral colombiano. Desde hace algunas semanas era evidente que el Gobierno estadounidense iba a intervenir como lo ha hecho en otros países de la región latinoamericano, en este caso respaldando a su pupilo, el abogado de la mafia y cuestionado candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, quien además tiene ciudadanía estadounidense.

La intervención de actores extranjeros en procesos electorales nacionales no puede ser tratada como una anécdota de campaña ni como un simple episodio de afinidad ideológica entre dirigentes. Cuando una potencia, o su jefe de Estado, decide pronunciarse de manera explícita para favorecer a un candidato en otro país, lo que se pone en tensión no es solo el equilibrio político interno de la contienda, sino un principio estructural del orden internacional: el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino político sin presiones externas.

Ese principio no es retórico. La Carta de las Naciones Unidas consagra la igualdad soberana de los Estados y establece la prohibición de intervenir en asuntos que pertenecen a la jurisdicción interna de cada uno. La evolución doctrinal reciente en el ámbito de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas ha reiterado, además, que la no intervención constituye uno de los pilares del derecho internacional contemporáneo, precisamente porque protege la autonomía política de los Estados frente a actos de presión, coerción o intromisión externa. En el plano regional, la Organización de los Estados Americanos ha vinculado expresamente la democracia representativa con el respeto del principio de no intervención, y la Carta Democrática Interamericana reconoce que las elecciones libres, justas y periódicas son una expresión directa de la soberanía popular.

De ahí que el presidente Gustavo Petro haya reacionado ante la indebida intromisión trumpista señalando que “cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”.

No se trata de sobredimensionar un mensaje ni de negar que, en política internacional, las preferencias ideológicas existen. Se trata de advertir que, cuando el apoyo procede del titular del poder ejecutivo de la principal potencia hemisférica y se proyecta sobre un país con profundas asimetrías económicas, comerciales y diplomáticas, el efecto político trasciende la mera opinión.

El injustificable pronunciamiento de Trump opera como mecanismo de presión simbólica o material sobre el electorado, alterando las condiciones de libertad con las que debería formarse la voluntad popular.

Colombia, como cualquier Estado democrático, tiene el derecho irrenunciable de resolver sus disputas electorales dentro de sus propios cauces constitucionales. Esa es, en esencia, la soberanía en clave democrática: no la clausura del debate, ni el repliegue nacionalista, sino la capacidad de una comunidad política para decidir sin tutelas externas quién la gobierna y bajo qué mandato. Cuando un actor extranjero intenta inclinar la balanza —o es razonablemente percibido como capaz de hacerlo— el problema no es únicamente diplomático; es también constitucional y ciudadano, porque se erosiona la confianza en que el resultado electoral emane de una deliberación libre entre iguales.

América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de la injerencia externa como para banalizar sus nuevas formas. Hoy esa injerencia no necesariamente adopta la figura clásica de la intervención militar o de la presión diplomática abierta; también se manifiesta a través de respaldos públicos, amenazas económicas implícitas, campañas de desinformación o señales políticas destinadas a condicionar el comportamiento electoral.

Por eso, la defensa de la democracia colombiana exige una respuesta serena pero firme: reafirmar que la competencia por el poder debe resolverse en las urnas, conforme a las reglas constitucionales, y sin interferencias de poderes extranjeros, por influyentes que estos sean.

En la actual coyuntura electoral se define si los colombianos están dispuestos a preservar la autonomía de su decisión democrática como un bien superior del orden republicano o terminan subsumidos por el poder imperial de la Casa Blanca.

Defender la no injerencia no equivale a tomar partido por una facción; equivale a proteger una regla civilizatoria básica del derecho internacional y de la convivencia hemisférica. Esa defensa no es un gesto retórico, sino una exigencia mínima de dignidad institucional.

Colombia en particular y América Latina en general asisten a una obscena envestida imperial tan infame como decadente en la que un impresentable mandatario de la catadura de Trump busca imponer su voluntad pateando las mínimas reglas de civilidad y desconociendo de facto todo principio democrático.