POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Por estos días los colombianos tenemos una decisión histórica en nuestras manos. No se trata solamente de elegir un presidente. Se trata de decidir qué país queremos construir para nuestros hijos y nietos.
Durante décadas nos dijeron que aumentar los salarios era malo para la economía. Nos dijeron que, si los trabajadores ganaban más dinero, las empresas despedirían empleados, crecería el desempleo y el país entraría en crisis. Ese fue el discurso que repitieron muchos economistas, medios de comunicación y sectores políticos.
Sin embargo, la realidad ha comenzado a demostrar algo diferente.
Recientemente, JP Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, reconoció que el aumento del salario mínimo impulsado por el Gobierno del Cambio no destruyó el empleo como muchos pronosticaban. Por el contrario, el mercado laboral colombiano ha mostrado fortaleza, el desempleo se ha mantenido estable y el poder adquisitivo de los trabajadores ha mejorado.
¿Qué significa esto para la gente común? Significa que millones de familias tienen un poco más de dinero para comprar alimentos, pagar servicios, adquirir medicamentos y atender las necesidades de sus hogares. Significa que cuando los trabajadores ganan mejor, también se mueve la economía porque el dinero circula en los barrios, en las tiendas, en los pequeños negocios y en los mercados populares.
Aquí aparece una gran lección: la economía no puede construirse únicamente para beneficiar a los más ricos. Una economía sana necesita que el pueblo tenga capacidad de compra y condiciones dignas de vida.
Por eso el debate del 21 de junio va mucho más allá de una candidatura. Lo que está en juego es la continuidad de un proyecto político que ha demostrado que es posible gobernar pensando en los trabajadores, los campesinos, los jóvenes, las mujeres y los sectores históricamente excluidos.
Frente a esta propuesta aparecen sectores que representan el regreso a las viejas recetas económicas: privatizaciones, reducción de derechos laborales, debilitamiento del Estado y concentración de la riqueza en pocas manos.
Los colombianos debemos observar con atención lo que ocurre en otros países. como Argentina, Chile, Ecuador, Honduras y en algunos lugares de América Latina, gobiernos de extrema derecha han impulsado políticas que han aumentado la desigualdad social, debilitado la protección de los trabajadores y profundizado la confrontación política.
La historia nos enseña que cuando los derechos sociales son presentados como un obstáculo para la economía, quienes terminan pagando la crisis son siempre los trabajadores, los pensionados y los sectores populares.
Por eso el 21 de junio no solamente se vota por una persona. Se vota por la continuidad de un modelo que busca fortalecer la justicia social, ampliar derechos y construir una economía al servicio de la mayoría.
El Gobierno del Cambio ha cometido errores, como cualquier gobierno humano. Pero también ha demostrado que es posible aumentar salarios, proteger a los trabajadores y mantener la estabilidad económica. Los hechos comienzan a hablar más fuerte que los discursos del miedo.
La decisión final está en manos del pueblo.
Si queremos que continúen las políticas que fortalecen el empleo digno, mejoran los ingresos de las familias y buscan una Colombia más justa, debemos participar masivamente en las urnas.
El 21 de junio no puede ganar la indiferencia.
Es el momento de defender con el voto los avances alcanzados y de seguir construyendo un país donde la economía esté al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía.
La democracia se fortalece cuando el pueblo participa. Por eso, salgamos a votar y hagamos escuchar nuestra voz.
Porque el futuro de Colombia no debe decidirse desde el miedo, sino desde la esperanza.
