PRENSA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS /
La Dirección Territorial Cauca de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) informó el pasado jueves 4 de junio que fue proferida la sentencia que restablece los derechos territoriales y étnicos de cuatro comunidades: Aguaclarita, Angostura, Peña Tigre y San Francisco de Guangüí, que con 2.030 personas integran el Resguardo Indígena Río Guangüí, en el municipio de Timbiquí (Cauca).
La Sentencia 080, proferida por el Juzgado Segundo del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán, ordenó la entrega del territorio ancestral de 22.620 hectáreas a esta comunidad del pueblo Eperara Siapidara.
De acuerdo con el proceso de caracterización de afectaciones territoriales adelantado por la URT, entre 1992 y 2019 esta población fue víctima de una estrategia sistemática de violencia ejercida por actores armados ilegales.

Como consecuencia, se registraron graves vulneraciones a los derechos de la comunidad, entre ellas asesinatos, amenazas, restricciones a la movilidad y confinamientos impuestos como mecanismos de control social, afectando la autonomía, la gobernanza y el ejercicio de la autoridad propia de las comunidades indígenas.
Esta sentencia también establece cerca de 40 medidas dirigidas a diferentes ministerios y entidades del orden nacional, departamental y local, orientadas a garantizar sus derechos fundamentales y colectivos.
Asimismo, dispone acciones de acompañamiento para el proceso de reparación integral y garantías de no repetición, con el fin de superar las afectaciones derivadas de décadas de vulneración de los derechos de las comunidades que integran el resguardo.

Las medidas buscan contribuir a su desarrollo integral, fortalecer su autonomía y proteger la permanencia en su territorio ancestral.
Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el departamento del Cauca se ha logrado la restitución de 276.037 hectáreas, equivalentes al 75 % de las tierras restituidas en la región en todos los gobiernos.
Estos avances han beneficiado a más de 23.429 personas, quienes han visto restablecidos sus derechos sobre territorios que les fueron despojados o que debieron abandonar de manera forzada a causa del conflicto armado.



