POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Durante décadas, los colombianos hemos escuchado que el narcotráfico es el peor enemigo de la democracia. Nos dijeron que los capos estaban en las montañas, en los laboratorios clandestinos o escondidos detrás de ejércitos privados. Pero la historia de Colombia ha demostrado algo más complejo: el narcotráfico no solo busca controlar territorios, también busca controlar el poder político.
La pregunta que hoy debe hacerse el país no es solamente quién traficó droga, sino quién ayudó a proteger, mover, legalizar o blanquear las fortunas que dejó ese negocio criminal.
Las revelaciones conocidas en las últimas semanas han abierto un debate profundo. No se trata simplemente de la defensa jurídica de personas acusadas de delitos. Todo ciudadano tiene derecho a un abogado. Ese es un principio fundamental del Estado de Derecho. El problema surge cuando las denuncias apuntan a una relación mucho más amplia y permanente con estructuras económicas, políticas y sociales ligadas al narcotráfico.
Según las investigaciones y testimonios citados, el asunto ya no sería la representación legal de un cliente ocasional. Lo que se describe es un entramado donde aparecen disputas por bienes de capos, vínculos con operadores del lavado de activos, relaciones con personajes asociados al paramilitarismo y narcotráfico, participación en iniciativas contra la extradición y negocios con personas señaladas de estar conectadas con capitales de origen ilícito.
Estas denuncias están demostradas por periodistas muy serios, por ello estamos frente a algo mucho más grave que un simple ejercicio profesional. Estamos frente a la presencia del narcotráfico intentando llegar al corazón mismo del poder político.
La historia colombiana enseña que la mafia siempre cambia de rostro. Ayer compraba haciendas. Después compró equipos de fútbol. Más tarde financió campañas políticas. Luego penetró instituciones del Estado. Hoy algunos temen que esté intentando presentarse como una opción de gobierno.
La contradicción es evidente. Mientras millones de colombianos han sufrido la violencia, los desplazamientos, las masacres y la corrupción alimentadas por el dinero de la cocaína, ciertos sectores pretenden presentar como normales relaciones que merecen ser explicadas ante la opinión pública.
Lo que está en juego no es el nombre de un candidato. Lo que está en juego es la capacidad de la democracia para defenderse de los intereses económicos que nacieron de la ilegalidad.
Por eso el debate no debe reducirse a simpatías políticas ni a odios partidistas. La discusión es mucho más profunda. ¿Puede Colombia permitirse que personas rodeadas de cuestionamientos tan graves aspiren a dirigir el destino de la nación sin responder con claridad a cada una de las denuncias?
La democracia exige transparencia. La justicia exige pruebas. Y el pueblo exige respuestas.
Porque cuando el dinero de la mafia logra confundirse con el dinero de la política, la frontera entre la legalidad y el crimen comienza a desaparecer. Y cuando esa frontera desaparece, el riesgo no es para un gobierno ni para un partido. El riesgo es para toda la República.
Los colombianos tienen derecho a conocer la verdad completa, sin censura, sin manipulación y sin fanatismos. Que sean los hechos, las investigaciones judiciales y la evidencia, las que hablen. Pero también que nadie olvide una lección que la historia nacional ha repetido demasiadas veces: el narcotráfico nunca abandona voluntariamente el poder; siempre intenta conquistarlo, conservarlo o comprarlo.
La decisión final corresponde al pueblo. Pero un pueblo informado siempre será más difícil de engañar que un pueblo que olvida su propia historia.
Por ello, el compromiso este 21 de junio es votar por la vida.
