POR RICARDO VILLA SÁNCHEZ
El 20 de julio de 2026 Gustavo Petro Urrego habló con dos voces. Ante el Congreso apareció el Presidente que rendía cuentas; en Ciudad Bolívar, la populosa localidad bogotana, el dirigente que comenzaba a organizar a la oposición. En uno puso cifras y dio respuestas, en el otro, símbolos y orientaciones: la espada de Bolívar, el sombrero de Carlos Pizarro, la sotana de Camilo Torres Restrepo y una palabra que todavía duele y es poderosa: soberanía.
No fueron discursos separados, sino un díptico político. El primero dejó constancia institucional del Gobierno del Cambio. El segundo trasladó su legado del Palacio de Nariño a las calles y a la memoria popular. La apuesta era impedir que la alternancia clausurara el proyecto progresista.
Su argumento más sólido son los resultados sociales. La pobreza monetaria bajó del 36,6 % en 2022 al 28 % en 2025; la pobreza extrema descendió al 9,6 % y el coeficiente de Gini (medida de la desigualdad utilizada para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país) llegó a 0,531. En un año, cerca de 1,79 millones de personas salieron de la pobreza. La clase media se consolidó como el segmento más grande, con el 34,4 %, y la educación superior superó los 2,7 millones de estudiantes, mientras el 97 % del pregrado público accedió a gratuidad.
Son conquistas reales, aunque incompletas. La pobreza rural alcanza el 39,5 %. El país permanece dividido entre territorios con derechos y territorios abandonados. Esta brecha aún no se cierra, pero se abrió un camino en la cuestión agraria.
En ese escenario aparece la Fuerza Popular: una organización de trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes para convertir un Gobierno que termina en un movimiento social que permanece: con organización, programa y movilización. No es nostalgia, sino desobediencia civil, compromiso ciudadano y resistencia pacífica.
Petro trazó líneas rojas: huelga si se revierte la reforma laboral; paro agrario si se amenaza el destino de las 600.000 hectáreas del Fondo Nacional de Tierras; paro juvenil si se desmontan reformas sociales y redes de “guardianes de la liberación” para acompañar a comunidades expuestas al despojo y para construir colectivamente ciudadanías libres. Recalcó que su legitimidad dependerá de mantenerse dentro del marco constitucional y lejos de toda violencia.
Esta estrategia funciona como advertencia: desmontar derechos tendría costos políticos y sociales. El cuestionado Gobierno entrante puede preservar lo que funcionó o gobernar mediante la revancha. La oposición puede ejercer control democrático o convertir toda diferencia en ruptura. El Congreso puede negociar o bloquear. Los medios pueden contrastar o reducirlo todo a frases incendiarias. A pesar de tantas contradicciones, mientras el mar se calma, es importante acudir al discernimiento, al debate y a los consensos y disensos que fortalecen la democracia.
El mejor escenario es la cooperación democrática para contrarrestar a la oposición sistemática de decirle no a todo: conservar derechos, corregir errores y entender que la alternancia no obliga al retroceso. El segundo es la reversión y resistencia. El tercero es la controversia institucional ante el Congreso, los tribunales (nacionales e internacionales) y la opinión pública. El peor es la deslegitimación recíproca. Un poco de todo, le da sabor al sancocho.
La denuncia de fraude electoral pertenece todavía al terreno político y judicial. Una demanda no es una sentencia. Defender la soberanía popular exige investigar con rigor y respetar el debido proceso, para defender derechos, y reivindicar transformaciones. Allí queda un espacio para la incertidumbre y el debate político y jurídico.
Queda una nostalgia inevitable. Se va el primer Gobierno de izquierda en Colombia, en cabeza de un líder carismático, moderno, comprometido con las causas nobles, pero no desaparecen las razones que lo hicieron posible y que, parodiando a la canción de Soda Stereo: lo verán volver.
La Fuerza Popular tendrá sentido si protege derechos sin renunciar a la paz, moviliza sin odiar y entiende que la política de la vida también consiste en la apertura democrática, en el debate público, en cuidar la verdad, la libertad, los derechos y la dignidad humana.
El legado se defiende con memoria, organización, agitación, ideología, justicia social y compromiso democrático. Y se concreta con voluntad política, liderazgo y coherencia.
