LA VÍA CAMPESINA /
En Honduras, la esperanza de una transición justa en el agro bajo el actual Gobierno de ultraderecha de Nasry Asfura, impuesto por Washington, se ha transformado en un recrudecimiento sistemático y sangriento de la violencia contra las familias campesinas, indígenas y afrohondureñas. La coyuntura actual profundiza los conflictos agrarios históricos del país, donde quienes defienden los territorios enfrentan amenazas, persecución y violencia.
En este contexto, la disputa por el modelo agrícola y territorial se agudiza entre quienes defienden la soberanía alimentaria y quienes promueven un modelo basado en la concentración de tierras, el extractivismo y los intereses corporativos.
Se trata, en definitiva, de un experimento de “acumulación por despojo” como diría el geógrafo inglés David Harvey.
El Decreto 107-2026 y la nueva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo y Ganadería de Fortalecimiento a la Agroindustria es un «blindaje» para los grupos de poder. La normativa permite a las empresas apoderarse de tierras sin documentos y facilita los desalojos expeditos.
Además, se han reformado leyes para acusar a los defensores de la tierra por «usurpación», de «terrorismo» y mandarlos a juzgados de criminalidad organizada, tratando la lucha agraria como narcotráfico.
Criminalización y represión estatal
Varias comunidades enfrentan desalojos, criminalización y represión estatal. Algunos de los casos reportados son los siguientes:
Potrerillos, Cortés: el Grupo Campesino «Bendición de Dios» sufre un acoso sistemático sobre sus tierras.
Villanueva, Cortés y El Progreso, Yoro: familias campesinas denunciaron desalojos violentos, con operativos policiales y uso de gases lacrimógenos.
San Nicolás, Villa de San Antonio (Comayagua): el Grupo Campesino «7 de Febrero» fue desalojado con un operativo que incluyó la destrucción viviendas, la quema de cultivos y el despliegue de vehículos blindados.
San Juan (La Masica, Atlántida): decenas de personas fueron expulsadas violentamente y cinco detenidas.
Cifras clave del conflicto
- 700 empresas de seguridad privada que emplean entre 60.000 y 70.000 guardias de seguridad: Honduras tiene más hombres armados en empresas privadas que en la propia Policía Nacional.
- 18 masacres colectivas: registradas solo en los primeros 6 meses del actual Gobierno.
- 1000 órdenes de desalojo: autorizadas para ejecutarse de manera inmediata a nivel nacional.
- 600.000 familias en riesgo: estimación de personas que quedarían en la calle si se ejecutan todos los desalojos previstos.
- Ocho bases militares de EE.UU.: presencia estratégica en territorio hondureño que influye en la política interna.
- Siete familias controlan la totalidad del sector financiero y los servicios en el país.
Adicionalmente, se ejecuta una estrategia de judicialización masiva para debilitar los liderazgos y la fuerza organizativa de base. En un contexto de captura del Estado, donde instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso operan en función de los intereses de las élites, la justicia es utilizada como herramienta de persecución contra quienes defienden la tierra y los territorios.
El encarcelamiento de defensoras como Hilda Martel Ortiz en Colón evidencia este amedrentamiento judicial sistemático, mientras las instituciones de derechos humanos permanecen inoperantes frente a las denuncias de hostigamiento.
La permisividad y falta de protección del Estado permite que estructuras criminales y paramilitares ejecuten masacres con total impunidad. Activistas de derechos humanos vienen exigiendo justicia por la juventud y las mujeres asesinadas en la masacre de Rigores (Colón) y por los ocho compañeros víctimas de la crueldad planificada en La Aurora (Arizona, Atlántida), donde se utilizaron ataques coordinados por tierra y aire.
El Gobierno de Asfura está haciendo uso de tecnología militar avanzada contra las comunidades y para llevar a cabo su estrategia de seguridad y amedrantamiento ha realizado alianzas estratégicas con países como Israel y Ucrania. En los desalojos de pueblos garífunas, se identificó la participación de empresas de seguridad privada dirigidas por exmilitares de Israel. Otros ataques han incluido helicópteros y drones de procedencia ucraniana.
Se reactivaron también las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) como modelo extractivo que sacrifica la soberanía y la vida de los pueblos hondureños, convirtiendo los territorios en activos financieros al servicio de intereses extranjeros y de las élites locales.
Este modelo expulsa a comunidades campesinas e indígenas, entrega el territorio nacional al mejor postor e ignora la Constitución para crear estructuras paralelas donde se vulneran derechos fundamentales.
