POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Colombia vuelve a enfrentarse a una tragedia que no puede medirse únicamente en cifras. El terremoto del lunes 10 de agosto ha dejado muerte, heridos, viviendas destruidas, hospitales afectados, escuelas dañadas y territorios enteros golpeados. Pero después del desastre natural viene otro desafío, quizá igual de peligroso: ¿cómo se reconstruye el país y quién controla los recursos destinados a hacerlo?

¿Quién manejará los miles de millones destinados a reconstruir las comunidades afectadas por el sismo?

Ante el grave hecho de que sobre un cuestionado Presidente y parte de su gabinete pesan señalamientos y controversias por presuntos vínculos con dineros del narcotráfico y sectores paramilitares, la pregunta no es exagerada: es una obligación democrática.

Se expidió el Decreto 1171 del 11 de agosto del 2026, mediante el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional, con base en la Ley 1532 del 2012 que adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) en Colombia, pero ojo, una emergencia nacional no puede convertirse en un cheque en blanco.

Los damnificados necesitan vivienda, hospitales, escuelas, empleo y reconstrucción. Pero también necesitan transparencia, vigilancia ciudadana y control absoluto de cada peso público.

No se trata de una disputa entre izquierda o derecha. Se trata de algo mucho más sencillo: que la tragedia de los colombianos bajo el supuesto de la reconstrucción no termine financiando el negocio de unos pocos como ha pasado con otros desastres.

El terremoto destruyó territorios. La corrupción no puede destruir su futuro.