CONFIDENCIAL NOTICIAS /
En un país tan inequitativo como Colombia “la concentración patrimonial facilita que intereses particulares influyan sobre las campañas, los medios y las decisiones públicas. Esa capacidad no vuelve ilegítima toda actividad empresarial, pero obliga a poner límites democráticos al poder del dinero”, expresa en su más reciente comentario periodístico para el portal Confidencial Noticias, la exministra y exsenadora Clara López Obregón.
De ahí que, agrega, “la tributación progresiva de los grandes patrimonios tiene una doble función: financiar derechos y contener la acumulación de poder que puede vaciar de contenido la ciudadanía”.
El texto de la columna periodística es el siguiente:
La democracia también se defiende con impuestos
POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Una democracia que merece ese nombre debe permitir que todas las personas participen en las decisiones colectivas y tengan condiciones para vivir con dignidad. El voto pierde parte de su fuerza cuando unos pocos pueden convertir sus fortunas en influencia política, mientras millones dedican sus días a resolver cómo comer, cuidar a sus hijos o conseguir atención médica, con inseguridad permanente sobre el mañana. Defender las libertades exige también recuperar la promesa de la igualdad.
El Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026 ofrece una medida de ese desequilibrio: el 10 % más rico posee tres cuartas partes de la riqueza mundial; la mitad más pobre apenas tiene el 2 %. Son cifras globales, pero la pregunta que plantean interpela directamente a Colombia: ¿cuánta igualdad política puede sostenerse sobre una desigualdad económica tan profunda?
La concentración patrimonial facilita que intereses particulares influyan sobre las campañas, los medios y las decisiones públicas. Esa capacidad no vuelve ilegítima toda actividad empresarial, pero obliga a poner límites democráticos al poder del dinero. Por eso la tributación progresiva de los grandes patrimonios tiene una doble función: financiar derechos y contener la acumulación de poder que puede vaciar de contenido la ciudadanía.
Su diseño importa. Necesitamos umbrales que concentren el esfuerzo en las mayores fortunas, reglas claras de valoración, controles contra la evasión y cooperación para identificar activos ocultos. La contribución debe guardar relación con la capacidad económica. También necesitamos saber cómo se gasta cada peso: combatir la corrupción y evaluar resultados fortalece la legitimidad de los impuestos y la confianza en el Estado.
Colombia tiene en la Constitución de 1991 el consenso para orientar ese esfuerzo en el Estado Social de Derecho. Su promesa debe reconocerse en una escuela pública de calidad, atención oportuna en salud, trabajo con derechos, protección en la vejez y servicios que lleguen a los territorios abandonados. Un sistema público de cuidados permitiría, además, que las mujeres dispongan de mayor autonomía económica y tiempo para participar en la vida política, social y económica.
El informe Latinobarómetro 2026 invita a mirar la democracia latinoamericana como una construcción incompleta, atravesada por desigualdades ante la ley y fallas de representación. Esta perspectiva exige que quienes defendemos la democracia atendamos sus deudas. Una familia que vive con miedo o incertidumbre necesita respuestas sobre seguridad y bienestar, junto con garantías de libertad. Ignorar esas demandas deja terreno abierto a quienes ofrecen autoridad sin límites.
Nuestra respuesta debe unir igualdad material y pluralismo. La libertad de prensa, el derecho a la protesta, la independencia judicial y el respeto por las diferencias políticas, étnicas, religiosas, sexuales y de género forman parte del mismo compromiso. Los derechos de quienes piensan distinto deben ser exigibles bajo cualquier gobierno, incluido el propio.
Ese compromiso incluye la Casa Común. Proteger el agua, la biodiversidad y los territorios requiere una transición energética que distribuya sus costos según las capacidades y responsabilidades de cada cual y que ofrezca alternativas a trabajadores y comunidades. Justicia social y justicia ambiental deben avanzar de la mano.
La oposición democrática tiene, por tanto, una tarea programática. Además de documentar y enfrentar la erosión institucional, debe ofrecer un futuro creíble. Contamos con un acervo de derechos, servicios públicos y políticas redistributivas que merece renovarse. Responsabilidad fiscal sin crueldad social: bisturí, no motosierra. La democracia recuperará fuerza cuando la igualdad deje de ser una promesa aplazada y se convierta en experiencia cotidiana.
https://confidencialnoticias.com/, Bogotá.
