LA JORNADA /
España encara una oleada de indignación social después de que todo el abanico de la derecha forzara en el Congreso la caída de dos decretos con los que el presidente Pedro Sánchez buscaba dar cierto alivio a la crisis de la vivienda. La llama que prendió este campo seco fue el desahucio de Maricarmen Abascal, anciana de 87 años desalojada del apartamento que fue su hogar por siete décadas, después de que el inmueble fuera adquirido por un fondo buitre, es decir, una compañía dedicada a comprar edificios enteros, echar a sus habitantes, que gozaban de rentas controladas, y ponerlos en alquiler a precios desorbitados.
Aunque el desahucio de Maricarmen fue uno entre los alrededor de un millón que se realizaron desde la crisis financiera de 2008, esta vez, una parte tan grande de la sociedad española que sufre en carne propia los efectos de la mercantilización no estuvo dispuesta a dejar sola a la víctima, por lo que se volcó a las calles hasta lograr que se revirtiera la injusticia y forzar al Gobierno a tomar cartas en el asunto.
Entre otras medidas, las disposiciones del Ejecutivo establecían protecciones frente al desahucio para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional; daban a los inquilinos con contratos vigentes la posibilidad de solicitar prórrogas extraordinarias de hasta dos años; topaban los aumentos al alquiler hasta finales de 2027; otorgaban beneficios fiscales tanto a inquilinos como a propietarios; regulaban las triquiñuelas usadas por los dueños para evadir las reglas de alquiler residencial; buscaban atajar las adquisiciones de inmuebles con fines especulativos y creaban ayudas públicas para los compradores de primera vivienda que no tuvieran capacidad de reunir el enganche de un crédito hipotecario.
Como señalaron desde la izquierda de la coalición gobernante, los decretos no resolvían la destrucción del derecho a la vivienda causada por la economía de libre mercado, pero eran un paso fundamental para hacer frente a una crisis que ya desgarra el tejido social del país.
Sin embargo, el Partido Popular (PP), Vox, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y el catalanista Junts –los tres últimos, miembros del Gobierno– decidieron dar la espalda a la ciudadanía pese al amplísimo respaldo popular a frenar unos precios fuera de control: de acuerdo con una encuesta, más de dos terceras partes de los españoles piden medidas contra el alza de costos, incluso si se afecta a los propietarios.
Entre los votantes de los partidos políticos franquistas como el PP y Vox, el apoyo alcanza 55 por ciento, por lo que los diputados de derecha y ultraderecha violaron de manera flagrante su función de representantes de su electorado.
El malestar en torno a esta problemática era una bomba de tiempo. Entre 2013 y 2024, los alquileres subieron 87 por ciento y los precios de venta 77 por ciento, mientras los salarios permanecieron estancados, con un alza de apenas 22 por ciento. En el mismo periodo, la financierización y la turistificación del mercado inmobiliario relegaron a los habitantes.
Pese a que la vivienda destinada a rentas turísticas representa apenas 1.3 por ciento de los inmuebles habitacionales, equivale a una de cada 10 viviendas en renta.
El panorama es mucho peor en las urbes con más visitantes: se estima que en Madrid y Barcelona hay hasta 350 mil viviendas dedicadas a uso turístico. Las compras de casas por extranjeros pasaron de 7.5 por ciento del total en 2007 a 20 por ciento en 2025. El dato más revelador es que, en la mayoría de los años, desde 2013 más de la mitad de las adquisiciones se hizo sin crédito hipotecario, lo cual indica que los compradores son personas, empresas y fondos de inversión que no van a habitar los inmuebles, y cuya intención es obtener de ellos la máxima rentabilidad. El poder adquisitivo virtualmente ilimitado de estos actores fija precios sin relación alguna con los ingresos de las clases populares y medias.
Las consecuencias son visibles y devastadoras, sobre todo para los jóvenes: en 2007, casi la cuarta parte de las compras las realizaban menores de 30 años, pero para 2025 este grupo ya hacía menos de 10 por ciento de las adquisiciones. En el mismo lapso, el porcentaje de jóvenes con vivienda en propiedad se derrumbó de 41 a 22 por ciento. Como resultado, sólo 14.5 por ciento de los menores de 29 años vive fuera del hogar familiar, una de las tasas de emancipación más bajas en la Unión Europea y fuente de crecientes problemas de salud mental.
Ahora, de vuelta en su casa, Maricarmen se ha convertido en el símbolo de la resistencia contra un modelo inmobiliario que sacrifica el bienestar de millones para aceitar el negocio de pocos. Tras el portazo de la clase política, todo indica que la lucha seguirá en las calles, con anuncios de movilización en decenas de ciudades.
La Jornada, México.
