POR OMAR ROMERO DÍAZ /
El subsuelo colombiano no se entrega: la soberanía nacional no se negocia.
La riqueza natural de Colombia no puede convertirse en moneda de cambio para satisfacer los intereses de ninguna potencia extranjera. Colombia no es una finca privada, el subsuelo no pertenece al Presidente de la República y la soberanía nacional no está en venta.
¿Cooperación internacional o dependencia económica?
Una cosa es cooperar con otros países y otra aceptar compromisos que puedan limitar nuestra autonomía económica, tecnológica y política. Las relaciones internacionales deben construirse entre iguales, con transparencia y respeto por el interés nacional.
El artículo 332 de la Constitución Política establece que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos conforme a la ley. Ningún mandatario puede disponer arbitrariamente de este patrimonio ni desconocer las normas que protegen los intereses de los colombianos.
Los minerales estratégicos: una disputa entre potencias
Los minerales críticos y las tierras raras son fundamentales para las baterías, las telecomunicaciones, las energías renovables y numerosas industrias estratégicas. Por eso, las grandes potencias buscan asegurar el acceso a estos recursos, a la información geológica y a las tecnologías necesarias para explotarlos.
Frente a los instrumentos de cooperación anunciados con Estados Unidos en materia de minerales críticos y energía nuclear civil, el cuestionado Gobierno de Abelardo de la Espriella debe dar a conocer los documentos que legalmente puedan hacerse públicos y explicar sus compromisos, alcances y consecuencias.
Hay preguntas que no pueden evadirse: ¿quién fija las condiciones?, ¿quién controla la información estratégica?, ¿qué beneficios recibe Colombia? y ¿qué garantías protegen nuestra soberanía?
Si los acuerdos no comprometen la autonomía nacional, que se demuestre con documentos y garantías verificables. No aceptamos cheques en blanco cuando está en juego el patrimonio de todos los colombianos.
No podemos convertirnos en despensa de materias primas
Colombia no puede limitarse a extraer minerales y exportarlos mientras otros países controlan su transformación industrial, la tecnología y las mayores ganancias.
La verdadera soberanía exige industrializar nuestros recursos, impulsar la investigación científica, fortalecer la producción nacional y generar empleos dignos. No rechazamos la inversión extranjera; exigimos que respete nuestras leyes, proteja el ambiente, transfiera tecnología y contribuya al desarrollo del país.
La riqueza del subsuelo tampoco puede justificar la destrucción de ecosistemas, la contaminación del agua o el desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. El desarrollo debe respetar la Constitución, la consulta previa cuando corresponda y la protección ambiental.
Los minerales tienen valor económico, pero el agua, la vida y la dignidad de nuestro pueblo no tienen precio.
Transparencia y control democrático
El Gobierno neoliberal de De la Espriella debe explicar qué compromisos ha asumido y qué consecuencias pueden tener para Colombia. Por eso, exigimos transparencia: publicación de los acuerdos y sus anexos, en los términos permitidos por la ley.
Es preciso exigir respeto constitucional: ninguna disposición debe desconocer la Constitución ni las leyes colombianas.
Protección estratégica: garantías sobre el acceso y uso de la información geológica nacional.
Desarrollo industrial: compromisos verificables de transferencia tecnológica e investigación.
Protección ambiental y social: respeto por las comunidades, los trabajadores y los ecosistemas.
Rendición de cuentas: control de las autoridades competentes y participación ciudadana.
Si los acuerdos benefician al país, que se demuestre. Si presentan riesgos, que se conozcan. Y si alguna disposición contradice la Constitución o la ley, deben activarse los mecanismos institucionales correspondientes.
La soberanía se defiende con organización popular
La defensa de los recursos naturales de Colombia debe convocar a trabajadores, sindicatos, campesinos, estudiantes, comunidades indígenas, ambientalistas y ciudadanos comprometidos con el futuro nacional.
El problema de fondo es quién controla la riqueza, quién decide el rumbo de la economía y quién recibe sus beneficios. Un país que no desarrolla su industria, su ciencia y su tecnología puede terminar dependiendo de quienes transforman y comercializan sus materias primas.
Por eso, necesitamos vigilancia pública, debate democrático, participación ciudadana y movilización pacífica. El destino de nuestros recursos no puede decidirse de espaldas al pueblo.
Colombia no se vende, Colombia se defiende
No afirmamos que la firma de un instrumento de cooperación demuestre, por sí sola, que se haya entregado el subsuelo. Exigimos conocer su contenido y comprobar que respeta nuestra soberanía.
Nuestra posición es clara: ningún interés extranjero puede estar por encima de la Constitución, el patrimonio nacional y el derecho de los colombianos a decidir su futuro.
La riqueza mineral debe impulsar la educación, la ciencia, la industria nacional y el bienestar colectivo, no profundizar la dependencia económica ni convertirnos en simples proveedores de materias primas.
El subsuelo colombiano no se entrega. Los recursos naturales son patrimonio nacional. Ni sometimiento a Estados Unidos ni dependencia de ninguna potencia. Respeto por la Constitución, soberanía y dignidad para Colombia.
La riqueza de Colombia debe estar al servicio del pueblo colombiano.
