POR OMAR ROMERO DÍAZ /
En apenas dos meses, el Gobierno de ultraderecha de Abelardo de la Espriella ha demostrado que su verdadera agenda no es gobernar, sino desmontar. Y no hablamos de desmontar un modelo económico o una política pública: hablamos de derogar derechos. El 14 de octubre, los trabajadores colombianos saldremos a las calles no por capricho, sino porque nos asiste la razón y nos ampara la Constitución.
Dos meses de desmonte
La arremetida ha sido metódica. El Ministerio del Trabajo, bajo la batuta de Natalia López Fuentes, expidió el Decreto 2708, que deroga 11 circulares clave del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué protegían esas circulares? Nada menos que la libertad sindical, la negociación colectiva, la vigilancia de la jornada laboral y el pago justo de horas extras. Es decir, herramientas concretas para que los trabajadores no sean explotados.

El exministro Antonio Sanguino lo denunció sin ambages: el Gobierno de De la Espriella promueve una «agenda antiderechos y antitrabajadores». Se eliminaron protecciones para trabajadoras domésticas, para trabajadores de plataformas digitales, y se debilitó la inspección laboral. Y esto es solo el comienzo: la «Paz Total» fue enterrada, reactivando órdenes de captura y desmontando los mecanismos de diálogo con grupos armados. En este breve lapso de gestión gubernamental se incrementó el narcotráfico, la corrupción, los bombardeos a los campesinos y volvieron los falsos positivos.
La amenaza: «No permitiré bloqueos»
Frente a este panorama, la respuesta del Gobierno de sello neoliberal no ha sido el diálogo, sino la amenaza. El ilegítimo presidente De La Espriella ha declarado que no va “a permitir bloqueos de ninguna clase», que «quien bloquee, destruya o agreda… tendrá que responder y enfrentar todo el peso de la fuerza del Estado». Traducción: criminalización de la protesta.
La Constitución de 1991 garantiza el derecho a la protesta pacífica. Pero este Gobierno, en sintonía con propuestas como las del impresentable y negociante exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien pidió reformar la Constitución para limitar el derecho a la protesta y castigar a las «minorías» que afecten vías, pretende convertir un derecho fundamental en un delito. Ya hay un proyecto de ley estatutaria en el Congreso que busca «regular» la protesta, estableciendo «límites» y «herramientas de intervención inmediata». El mensaje es claro: manifestarse será cada vez más riesgoso.

El manual del capitalismo: fabricar el caos para reprimir
Y aquí es donde la advertencia se vuelve urgente. Lo que está ocurriendo en Francia, en Estados Unidos, Argentina Ecuador, Chile, Bolivia y otros países no es un hecho aislado: es un laboratorio de represión cuyas técnicas pueden ser importadas. El llamado «Síndrome de Sherwood» por el comisionado de los Mossos d’Esquadra, David Piqué, en 2009 consiste en infiltrar policías entre los manifestantes para que sean ellos quienes inicien los altercados, escalen la violencia y justifiquen así una represión masiva.

En Francia, el eurodiputado Anthony Smith grabó a un policía de la BAC lanzando una granada entre estudiantes, con el rostro cubierto, provocando la carga policial. El fiscal de Reims confirmó que era un policía. No es una teoría conspirativa: es una práctica documentada. El objetivo es siempre el mismo: desviar la atención de las demandas reales y centrarla en la «violencia», para que la opinión pública olvide por qué miles de personas salieron a la calle.
¡A las calles, a las calles!

El 14 de octubre no es una marcha más. Es la respuesta legítima a un Gobierno que en dos meses ha demostrado que prefiere reprimir antes que gobernar. Es la defensa de la soberanía, los derechos y la democracia. Es el grito de los trabajadores, de los docentes de Fecode, de las centrales obreras, de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes que ven cómo se les criminaliza por exigir lo que les corresponde.
No nos dejemos intimidar por las advertencias. No permitamos que el manual capitalista francés se aplique en Colombia.
La protesta social es un derecho, no un delito. El 14 de octubre, Colombia sale a la calle. Que retumbe el corazón.



