POR OMAR ROMERO DÍAZ /
La elección de Jorge Eliécer Laverde como Contralor General de la República ha desatado un debate que trasciende su figura personal y cuestiona la legitimidad de todo el sistema de control fiscal en Colombia.
El problema de fondo: la Contraloría General es la entidad encargada de cuidar los recursos públicos, pero su máximo jefe es elegido por el Congreso de la República, el mismo poder político que debe vigilar. Esta contradicción estructural genera una tensión democrática que el país no puede ignorar.
Las dudas sobre Laverde: Aunque tiene una amplia trayectoria política y académica, su elección (269 votos de 286 posibles) no ha estado exenta de cuestionamientos:
. Su patrimonio: En 2023, se presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía, señalando la adquisición de múltiples propiedades en Caldas y Bogotá por parte de Laverde, su esposa e hija. Aunque la Procuraduría archivó la actuación disciplinaria, la denuncia penal sigue activa.
. Conflictos de interés: durante más de una década fue Secretario de la Comisión Sexta del Senado, que maneja temas estratégicos como comunicaciones y transporte, lo que genera preguntas sobre posibles influencias.
. Relaciones políticas: su llegada a la Comisión Sexta fue impulsada por el exsenador Mario Castaño, condenado por la red de corrupción «Las Marionetas». Aunque Laverde niega cercanía, el propio Castaño reclamó públicamente el mérito de su designación.
. El verdadero desafío: El problema no es solo Laverde, sino un sistema que permite que órganos de control sean capturados por la política. Colombia necesita que el Contralor sea más transparente que aquellos a quienes vigila, que investigue sin distingo de partidos y que rinda cuentas a la ciudadanía, no solo al Congreso.
La pregunta «¿quién vigila al vigilante?» no es un ataque a la institución, sino una defensa de la democracia. La respuesta no está en discursos ni votaciones, sino en hechos: independencia real, investigaciones rigurosas y transparencia absoluta.
¿A quién le acaban de entregar la vigilancia de la plata de todos los colombianos? A un político con una denuncia penal por enriquecimiento ilícito y una inexplicable fortuna inmobiliaria a nombre de su familia. Esta es la historia de Jorge Eliécer Laverde, el nuevo Contralor General de la República. El día de su elección prometió que su entidad sería la casa de la transparencia, pero en la Fiscalía reposa desde hace tres años un expediente que dice exactamente lo contrario.
Según una denuncia que Casa Macondo verificó, mientras Laverde era secretario en el Senado con un sueldo cercano a los 18 millones de pesos, él y su entorno familiar acumularon propiedades valoradas en miles de millones. El caso más llamativo es el de su hija. Días después de cumplir 18 años, compró un lote campestre de más de 4.000 metros cuadrados.
Meses después, sumó otro predio, un Mercedes Benz de lujo, y en 2022 terminó como copropietaria de un apartamento en la Zona G de Bogotá, vendido por más de 1.500 millones de pesos. Pero el giro más oscuro tiene que ver con una prima del Contralor, una mujer sin empleo que apenas se iba a afiliar a la Seguridad Social, un buen día recibió tres inmuebles en La Dorada en un solo acto notarial. ¿Quién se los vendió? El canal RCN. ¿Cuál es el problema? Que Laverde era Secretario de la Comisión Sexta del Senado, precisamente la encargada de regular las telecomunicaciones y los medios de comunicación en el país. Este clarísimo conflicto de intereses no fue declarado nunca por el nuevo Contralor. A este enriquecimiento bajo sospecha se suma su vieja cercanía con el difunto exsenador Mario Castaño, el cerebro de la red de corrupción “Las Marionetas”.
Aunque hoy el Contralor lo niega, hay fotos y hasta interceptaciones de la Corte Suprema que lo desmienten. ¿Qué responde Laverde?
Porque el sistema permite que una persona con una denuncia activa por enriquecimiento ilícito sea elegida sin que se exijan explicaciones claras.
Colombia está vigilando. Y la mirada ciudadana no descansa. Hasta combatir la corrupción.
