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El inicio de la administración de ultraderecha encabezada por el cuestionado presidente Abelardo de la Espriella, que asumió la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto de 2026, ha estado marcado por fuertes tensiones económicas, políticas e institucionales. A pesar de haber cumplido apenas sus primeros dos meses en el poder, los indicadores macroeconómicos y las decisiones de política pública han encendido alarmas en diversos sectores del país.

El desempeño económico en este arranque de la gestión de gobierno presenta nubarrones importantes que contradicen las expectativas de estabilidad pregonadas durante la pasada campaña presidencial y por los sectores económicos neoliberales.

Confianza empresarial a la baja

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial del centro de estudios ultra neoliberal Fedesarrollo, el índice de confianza comercial cayó un 4,2 % en agosto, mientras que la confianza industrial descendió un 0,3 %. Esto representa una señal de alerta temprana por parte del sector privado ante el rumbo de la política económica.

También se registra presión inflacionaria en el país. En efecto, la inflación anual en Colombia se ubicó en 6,24% a agosto de 2026. Las proyecciones de los analistas económicos para el cierre de septiembre apuntan a que la variación anual continuará su escalada, situándose entre el 6,28 % y el 6,32 %.

Entre tanto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la tasa de desempleo nacional subió al 9,4 %. En paralelo, el Banco de la República incrementó la tasa de interés de referencia hasta el 12,25 %, una medida contractiva respaldada públicamente por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, la cual encarece el crédito y frena la inversión productiva.

Pérdida de soberanía económica y clima de intimidación

El propio presidente De la Espriella anunció el retorno de Colombia al redil del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que implica subordinar el diseño de la política fiscal y macroeconómica a directrices externas, cediendo autonomía nacional.

Para cerrar el nubloso panorama, el flanco político ha mostrado los matices más complejos del nuevo Ejecutivo, caracterizado por una marcada confrontación con los gremios y la institucionalidad civil.

La salida de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), anunciada el último día de septiembre se produjo tras presiones directas desde la Casa de Nariño, lo que evidencia la poca tolerancia del mandatario frente a cualquier atisbo de independencia gremial.

Este episodio ha generado un clima generalizado de atemorización, prudencia y autocensura entre los líderes del sector privado. La actitud intimidatoria del Gobierno se había anticipado previamente con el veto impuesto a la designación de nuevos directivos en la Cámara Colombiana de Infraestructura.

 

Silencio mediático

Llama poderosamente la atención la escasa resonancia y profundidad con la que los corporativos medios de comunicación masiva, todos de orientación de derecha y neoliberal, han cubierto la caída en la confianza comercial y el deterioro de los indicadores sociales. Este sesgo minimiza el impacto real que estas decisiones tienen sobre el costo de vida de los hogares colombianos.

El país empieza a ver resentida su economía y se registra un malestar social latente. Con un encarecimiento persistente del costo de vida, un mercado laboral deteriorado (desempleo al 9,4 %) y tasas de interés elevadas, las bases populares y la clase media enfrentan un panorama de precarización que podría detonar fuertes movilizaciones sociales en el corto y mediano plazo si las políticas de corte neoliberal profundizan el ajuste fiscal.