POR YEZID GARCÍA ABELLO
Asombrado, entristecido, avergonzado, el país escuchó la audiencia en Yopal, Casanare, convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que frente a los familiares de las víctimas, 21 militares, incluyendo al general en retiro Henry Torres Escalante, rindieran testimonio de su responsabilidad y autoría de 164 asesinatos de los llamados “falsos positivos”, o mejor ejecuciones extrajudiciales, en la jurisdicción de la Brigada XVI del Ejército Nacional en Casanare.
En esa audiencia pública los relatos fueron desgarradores y se manifestó una evidente actitud de los militares acusados de reconocer sus crímenes y pedir perdón al país y a los familiares de las víctimas, campesinos y jóvenes, apresados o engañados por ofertas ficticias de trabajo, para llevarlos a terrenos apartados y fusilarlos. De tal gravedad fueron las acusaciones y los reconocimientos de culpabilidad que el general (r) Torres dijo que se había convertido “en el líder de una organización criminal”. Se cumplía así el objetivo de la JEP de esclarecer los crímenes, reconocer responsabilidades, pedir perdón a los familiares de los asesinados, buscar la reparación, garantizar la no repetición y contribuir a la reconciliación de los colombianos.
Cuando se indagó por las razones que propiciaron estos vergonzosos crímenes, los militares unánimemente señalaron que había influido determinantemente la presión por resultados ejercida desde la más alta cúpula militar, a la tesis de “privilegiar las bajas frente a las capturas”, a ofrecer dádivas, premios, ascensos y licencias a las escuadras que más víctimas reportaran. Tanto que se mencionó con nombre propio al general (r) Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional en esa época.
Lo que no esperaba la opinión pública era que frente a estos hechos emergiera energúmeno el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanza en ristre contra la JEP y anunciara la continuidad de su batalla política y legal por destruirla. En un video publicado en sus redes el 20 de septiembre afirmó, óigase bien, que fue él quien enfrentó, denunció y castigó a los militares inmersos en los “falsos positivos”; que él no reconoce a la JEP porque “fue impuesta por las FARC, Venezuela y Cuba”; que en su gobierno se disminuyeron los homicidios y se fortaleció la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas; que la JEP estimula a reconocer delitos no cometidos y que presenta como inocentes a gente que estaba delinquiendo.
Estas delirantes declaraciones motivaron el repudio de la opinión democrática en Colombia y la comunidad internacional, y la aparición de decenas de artículos periodísticos, entre ellos el editorial del diario El Espectador del domingo 24 de septiembre y una columna sesuda de Rodrigo Uprimny sobre las responsabilidades del cuestionado expresidente en el tema.
El editorial, con sólida argumentación, se asombra de que Uribe en lugar de bajar la cabeza con respeto y contrición, escogió insistir en negar la barbarie y el sufrimiento de decenas de miles de colombianos, y en cambio, continuar los irracionales ataques contra la JEP. Esta jurisdicción, recuerda el editorialista, ha recibido el respaldo de la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y decenas de centros de pensamiento democrático.
Uprimny en su columna sostiene con razón que, si bien es cierto que aún no se ha presentado una prueba de que Uribe dio la orden directa de los 6402 crímenes, el expresidente debe responder por lo que se conoce como responsabilidad de mando, dado que cumple las condiciones del derecho internacional para ser inculpado: acatado jefe y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, control de los altos mandos, información veraz proveniente de la Oficina de la Alta Comisionada para la Paz de la ONU en 2004 de que los crímenes ocurrían desde 2003 y ausencia, hasta 2008, de medidas para impedir la continuidad de los hechos.
De que el expresidente necesita ayuda profesional y ya no bastan las gotas de valeriana lo demuestra la reacción que tuvo frente a estas críticas. Acusar mentirosamente a Rodrigo Uprimny, a través de su asesor jurídico Jaime Granados, de ser “abogado de las FARC, del expresidente Santos y contratista de la Comisión de la Verdad”, demuestra que Uribe está incontrolable; pero además, decir sin siquiera ruborizarse que Uprimny “es uno de los responsables morales y políticos del terrorismo en Colombia” es un exabrupto, una falta de respeto, una limitación mayor a la libertad de prensa y de opinión, y lo más grave, una evidente amenaza contra su vida e integridad.
¡Al que le caiga el guante que se lo chante!
