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Un ejercicio jurídico-político e institucional de alto valor estratégico en el actual momento de implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 constituyó la realización de la Mesa Técnica sobre el estado de avance y condiciones para el cierre jurídico del conflicto armado en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) promovida por la congresista Clara López Obregón y realizada el pasado jueves 26 de marzo en la Comisión Primera del Senado. Su importancia radica en haber congregado, en un mismo espacio deliberativo, a actores tradicionalmente ubicados en orillas antagónicas del conflicto armado y del debate público: representantes de organizaciones de militares retirados, víctimas del conflicto, defensores de derechos humanos y congresistas tanto del partido Comunes —integrado por firmantes del Acuerdo de Paz— como del Centro Democrático, principal fuerza opositora al modelo de justicia transicional pactado.
Este pluralismo político y social permitió que la Mesa trascendiera el carácter testimonial o retórico y se configurara como un escenario de diagnóstico compartido sobre el estado actual de la JEP, así como sobre los obstáculos que hoy impiden un cierre jurídico efectivo y legítimo del conflicto armado interno.
Consenso transversal: necesidad urgente de revisión de la JEP
Uno de los principales alcances de la Mesa Técnica fue la construcción de un consenso amplio y transversal en torno a la urgencia de revisar la estructura y el funcionamiento de la justicia transicional. Desde perspectivas ideológicas diversas, los participantes coincidieron en que la JEP, en su desarrollo práctico, se ha extralimitado en sus funciones, apartándose de los principios de excepcionalidad, equilibrio y simetría que inspiraron su creación.
Este consenso resulta políticamente significativo porque no surge de una postura negacionista frente al Acuerdo de Paz, sino de la preocupación compartida por preservar su viabilidad y legitimidad. La revisión de la JEP no fue planteada como un intento de desmontaje del sistema, sino como una condición necesaria para su corrección, fortalecimiento y sostenibilidad institucional.
El principio de simetría y equilibrio: núcleo del debate jurídico
En el centro del análisis político‑jurídico se ubicó el principio de simetría y equilibrio, del que habló la senadora López Obregón al dar apertura a esta audiencia pública, consagrado tanto en el Acuerdo Final de Paz como en el Acto Legislativo 01 de 2017. Este marco normativo estableció que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición debía garantizar un tratamiento equitativo a todos los actores del conflicto, incluyendo un régimen penal especial para los miembros de la fuerza pública.
Sin embargo, se expuso que dicho principio ha sido erosionado en la práctica. Más de 1.300 integrantes de la fuerza pública han acudido a la Corte Constitucional alegando vulneraciones a sus derechos fundamentales, en particular al debido proceso y al principio de legalidad.
La figura del Juicio de Prevalencia Jurisdiccional, atribuida por la JEP sin un respaldo legislativo ni constitucional claro, fue señalada como uno de los ejemplos más problemáticos de esta extralimitación, al permitir a la jurisdicción definir unilateralmente la permanencia o exclusión de comparecientes del Sistema.
Desde una perspectiva jurídico‑constitucional, esta atribución no solo plantea serias dudas sobre su validez normativa, sino que rompe la simetría exigida en un acuerdo de paz que el Estado colombiano presentó como compromiso unilateral ante la comunidad internacional.
Inseguridad jurídica y tensiones con los firmantes del Acuerdo
La Mesa también evidenció que las críticas a la JEP no provienen exclusivamente del sector castrense. Los antiguos combatientes de las FARC, firmantes del Acuerdo, expresaron una creciente inseguridad jurídica, reflejada en la permanencia de más de un centenar de excombatientes en centros de reclusión, la falta de aplicación efectiva de indultos contemplados en el Acuerdo y la apertura constante de nuevos subcasos sin una perspectiva clara de cierre.
Asimismo, se cuestionó la imposición de sanciones restaurativas de ocho años al antiguo Secretariado de las FARC cuando aún persisten vacíos normativos y operativos sobre la aplicación concreta de las sanciones propias. Esta situación refuerza la percepción de un sistema que posterga indefinidamente el cierre jurídico del conflicto, afectando la confianza de los comparecientes y debilitando el carácter restaurativo de la justicia transicional.
Víctimas, verdad fragmentada y enfoque de derechos humanos
Otro eje central del debate fue el lugar de las víctimas dentro de la estructura de la JEP. Los intervinientes señalaron que el diseño institucional actual impone múltiples barreras a su participación efectiva, generando dinámicas de revictimización en un sistema concebido, precisamente, para la sanación y el cierre de heridas.
Se destacó además la fragmentación de la verdad derivada de la apertura de once macrocasos sin una narrativa integral del conflicto, así como la insuficiente atención a fenómenos estructurales como las causas objetivas del conflicto armado y la violencia de género. Estas omisiones, según se advirtió, comprometen la función histórica y reparadora de la justicia transicional.
Alcance político de la propuesta de una Comisión de Revisión Transicional
El mayor logro político de la Mesa Técnica fue la acogida generalizada de la propuesta de la senadora López Obregón de crear una Comisión de Revisión y Equilibrio Transicional, con una composición plural que incluya representantes del Gobierno nacional, voceros de la fuerza pública, delegados de las antiguas FARC, magistrados de la JEP y observadores internacionales.
El respaldo a esta iniciativa refleja la comprensión compartida de que el problema de la JEP no es exclusivamente jurídico, sino profundamente político, en tanto se trata del principal instrumento institucional derivado del Acuerdo de Paz. La propuesta de una comisión con componentes jurídicos y políticos apunta a construir una ruta consensuada de ajustes que permita corregir las glosas y observaciones acumuladas, sin poner en riesgo la continuidad del sistema ni abrir la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional.
Hacia un cierre jurídico legítimo y consensuado
En suma, la Mesa Técnica del pasado 26 de marzo de 2026 logró posicionar un diagnóstico compartido sobre las falencias estructurales de la JEP y abrió un espacio inédito de convergencia entre actores históricamente enfrentados. Su principal alcance radica en haber desplazado el debate del plano ideológico al terreno de la revisión responsable, entendida como una condición indispensable para garantizar los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y la preservación del Acuerdo de Paz como política de Estado.
La discusión dejó claro que el cierre jurídico del conflicto armado no es solo un desafío técnico, sino un imperativo político que exige ajustes institucionales, voluntad de diálogo y un compromiso renovado con los principios de equilibrio, restauración y derechos humanos que dieron origen a la justicia transicional en Colombia.
