RESUMEN AGENCIAS /
El reciente enfrentamiento comercial y diplomático entre Ecuador y Colombia, desencadenado por la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer aranceles del 30 % a las exportaciones colombianas y la respuesta inmediata de Bogotá de suspender la venta de energía al vecino país, marca un nuevo episodio de tensión en una relación bilateral históricamente compleja y en un contexto regional donde la cooperación suele verse amenazada por intereses políticos y coyunturas internas.
La administración de Daniel Noboa Azín enfrenta una creciente impopularidad, resultado de la implementación de políticas neoliberales que han generado descontento en amplios sectores de la sociedad ecuatoriana. Las reformas económicas orientadas hacia la flexibilización laboral, la reducción del gasto público y la apertura a capitales extranjeros han sido percibidas por muchos como ajenas a las necesidades de la población, en especial en un contexto de inseguridad y crisis social.
A esta situación interna se suma la ausencia de una política de seguridad nacional efectiva, lo cual ha dejado al país vulnerable ante el avance de organizaciones criminales, especialmente en la zona fronteriza con Colombia.
La falta de resultados concretos en materia de seguridad ha erosionado la legitimidad del Gobierno de Noboa, que busca recuperar respaldo social a través de acciones que proyecten supuesta firmeza ante amenazas externas para lo cual no tuvo más alternativa que acusar al Gobierno del presidente Gustavo Petro de falta de cooperación y tensar las relaciones con un socio estratégico como Colombia, sin medir las consecuencias.
De esta manera, Noboa Azín busca ganar tiempo utilizando un sofisma de distracción ante la inminente convocatoria de una consulta popular que vienen promoviendo amplios sectores sociales y políticos ecuatorianos para revocarle su mandato ante el rotundo fracaso de su gestión y sus altos índices de impopularidad.
La imposición de un arancel del 30 % a las exportaciones colombianas fue justificada por el Gobierno ecuatoriano bajo el argumento de la “falta de colaboración” de Bogotá en la lucha contra la criminalidad fronteriza. Desde Quito se sostiene que la inacción colombiana ha permitido el fortalecimiento de grupos ilegales que afectan la seguridad y el comercio en la frontera norte de Ecuador.
Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta medida responde fundamentalmente a la necesidad de Noboa de desviar la atención pública de las dificultades internas y trasladar la responsabilidad de la crisis de seguridad a un actor externo.
La estrategia de responsabilizar a Colombia no solo busca cohesionar a la opinión pública ecuatoriana en torno a un enemigo común, sino que además permite justificar otros fracasos de gestión, como la incapacidad para garantizar el control territorial y el bienestar de la población.
La reacción del Gobierno de Gustavo Petro fue inmediata y contundente: la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador. Esta decisión, amparada en la soberanía energética y en la defensa de los intereses nacionales, dejó en evidencia la dependencia de Quito y el peso de Colombia como proveedor clave para el sistema energético ecuatoriano.
Desde el punto de vista legal y político, la medida colombiana se inscribe en el derecho de cualquier Estado a priorizar el abastecimiento interno en situaciones de conflicto. No obstante, la rapidez y firmeza de la respuesta reflejan también una voluntad de disuadir futuros intentos de presión o sanciones comerciales por parte de Ecuador, enviando un mensaje claro sobre los límites de la tolerancia diplomática.
La economía ecuatoriana, caracterizada por su dolarización y alta dependencia de bienes y servicios importados, se encuentra en una posición particularmente vulnerable frente a la suspensión de la venta de energía colombiana. El riesgo de apagones y el encarecimiento de la energía amenazan con agravar la ya precaria situación social, afectando tanto al sector productivo como a los hogares.
La restricción energética puede traducirse en una caída de la actividad industrial, pérdida de empleos y aumento de la inflación, en un país donde la estabilidad económica depende en buena medida de la confianza en el sistema financiero y de la previsibilidad de los servicios básicos.
Además, la imposición de aranceles a productos colombianos podría encarecer insumos esenciales, profundizando el malestar social y limitando la capacidad de recuperación económica.
En Ecuador, la oposición –especialmente el partido Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa– ha criticado la decisión de Noboa, señalando que la confrontación con Colombia es una maniobra distractora frente a la falta de soluciones reales a la crisis interna.
Diversos sectores sociales en Ecuador han exigido la retractación de los anuncios de Noboa contra Colombia, conscientes de los graves impactos que la tensión bilateral puede tener sobre la vida cotidiana y la economía popular en ese país.
Por su parte, desde Colombia se insiste en la necesidad de mantener canales diplomáticos abiertos y en la disposición a cooperar en materia de seguridad, siempre y cuando se respeten los principios de soberanía y no injerencia.
En esta tensión el Gobierno con sede en Quito tiene todas las de perder ante su manifiesta debilidad al carecer de una política coherente de seguridad; la impopularidad de Noboa y la instrumentalización del conflicto para fines políticos internos juegan un papel en su contra.
La respuesta enérgica de Colombia pone de manifiesto la fragilidad de la economía ecuatoriana por cuanto los riesgos para el Gobierno de Noboa son significativos: agravamiento de la crisis social, deterioro de la economía dolarizada y pérdida de credibilidad internacional.
