TRINO /

En audiencia pública llevada a cabo los días 24 y 25 de mayo, el Tribunal Internacional de Opinión (Trino) examinó las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra miles de líderes y lideresas comunales en Colombia durante el período comprendido entre 2016 y 2025. El evento fue instalado por Luis Bernardo Díaz, presidente y fundador del tribunal, quien calificó la situación como una de las más oscuras del país en materia de violencia social.

Según datos presentados por los denunciantes durante la audiencia, más de 1.600 líderes han sido asesinados desde 2016, y tan solo en lo corrido del 2025 se han registrado 24 homicidios, con 54 más en 2024. Las cifras confirman un patrón de violencia persistente y sistemática contra quienes ejercen liderazgo social en los territorios.

El Trino convocó a diversas instituciones del Estado colombiano, organizaciones internacionales de derechos humanos y medios de comunicación. Solo se excusaron oficialmente la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La Contraloría General envió un delegado, mientras que el resto de los entes estatales estuvieron ausentes.

Durante la audiencia, Manuel Mayorga, perito experto y denunciante, sostuvo que se presenta un promedio de 200 líderes asesinados por año y denunció el incumplimiento del Estado en su rol de garante de derechos, así como la desatención a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

El presidente de la Confederación Comunal de Colombia, Guillermo Cardona, reveló que más del 30 % de los líderes sociales víctimas en Colombia son comunales, pertenecientes a las más de 65.000 Juntas de Acción Comunal (JAC) del país. Afirmó que los victimarios son tanto actores legales como ilegales, y que muchos comunales son asesinados por ejercer control social sobre la corrupción local o por oponerse a megaproyectos extractivos y actividades del narcotráfico.

Carlos Cárdenas, Maryory Ortiz, Pascual Mora, Anderson Mendivelso, Laura Rojas y el padre Eliécer Soto, entre otros, ofrecieron testimonios y denuncias que evidencian una violencia estructural, con múltiples dimensiones: amenazas, desplazamientos forzados, estigmatización, persecución judicial y asesinatos. Se destacó, además, la falta de medidas de protección eficaces y la impunidad generalizada.

Casos como el de Mercedes Vergara, sobreviviente de un ataque armado; Liliana Hernández, candidata al Concejo amenazada por grupos armados; y Adolfo Fernández, quien quedó parapléjico tras un atentado, fueron presentados para mostrar la crudeza, impotencia y el terror diario de la cotidianidad comunal.

La Fiscalía estuvo representada por el jurista Luis Dussán, quien contó con la colaboración de las fiscales auxiliares Andrea Vargas Divantoque y María Eva Villate Diaz. El ente del tribunal reconoció que los crímenes cometidos configuran delitos graves como homicidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia basada en género, uso de menores en conflicto armado, entre otros.

En su intervención la fiscal Vargas afirmó: “No vamos a pedir un minuto de silencio por las víctimas: ya de silencio hemos tenido suficiente”. En consonancia, y como un sentido homenaje a las víctimas, recitó sentidamente, uno a uno, los nombres de los lideres y lideresas comunales asesinados.

Por su parte, la defensa del Estado, en cabeza del abogado Germán Guevara, argumentó que el gobierno actual ha tomado medidas como la remoción de funcionarios implicados, el fortalecimiento de la política de Paz Total y la intervención estatal en territorios críticos como El Plateado y el Catatumbo. Solicitó la exoneración de responsabilidad directa del Estado.

En este contexto, el Trino, en ejercicio de su mandato simbólico y ético, acogió la verdad expresada por las víctimas y valoró la solidez de las pruebas presentadas, reconociendo la sistematicidad de las agresiones sufridas por quienes ejercen el liderazgo comunal. Este tribunal ciudadano señaló que existe una responsabilidad compleja, acumulativa y continuada del Estado colombiano, como fue acreditado durante el juicio. Por ello, emitió un veredicto categórico, dentro de cuyos puntos principales se encuentran:

1. Condenar a los responsables de homicidios, torturas, desplazamiento forzado, secuestros, extorsiones, estigmatización y chantajes contra las y los dirigentes de las Juntas de Acción Comunal en todos sus niveles organizativos.

2. Declarar al Estado colombiano responsable por acción, omisión y aquiescencia institucional frente a la violencia sistemática perpetrada entre 2016 y 2025 contra estos liderazgos sociales.

3. Exigir la garantía inmediata del derecho a la vida e integridad de quienes han sido amenazados y se encuentran en situación de riesgo.

4. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación crear una Unidad Especial de Investigación y a la Rama Judicial constituir salas de descongestión para estos crímenes.

5. Requerir a los sistemas interamericano y universal de derechos humanos que activen con urgencia sus mecanismos para estos casos.

6. Exigir a los medios de comunicación que visibilicen estos crímenes y no contribuyan al silencio impune.

7. Disponer la creación de una Mesa Permanente de Víctimas Comunales para el seguimiento de estas medidas.

Cada uno de los diecisiete puntos del fallo tiene fuerza vinculante moral y política para la sociedad colombiana y para la comunidad internacional. El TRINO afirma que, sin justicia para los comunales, no puede hablarse de democracia plena ni de paz verdadera. El fallo hace un llamado directo al Estado para que transforme su política frente a los liderazgos sociales y adopte un enfoque estructural, participativo y territorial de prevención y no repetición. También reconoce el trabajo incansable de más de siete millones de comunales y su derecho a la dignidad, a la protección, al reconocimiento y a la reparación integral.

Los magistrados que integraron el Tribunal, presidido por Luis Bernardo Díaz Gamboa, fueron: por Guatemala, Alicia Catalina Herrera Larios; por Argentina, Alicia Cabezudo; por Chile, Guido Asencio; por México, Eduardo Andrés Sandoval-Forero; por Costa Rica, Walter Antillón; y por Colombia, Clara Inés Domínguez García y Carolina Bayona.

El Tribunal Internacional de Opinión, apoyado e impulsado por la Facultad de Derecho y el Grupo de Investigación Primo Levi de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), es una instancia sociojurídica de la sociedad civil que ofrece un foro especializado para el análisis y la emisión de opiniones consultivas sobre asuntos jurídicos, éticos, económicos, sociales, pedagógicos y culturales de relevancia internacional.

Esta audiencia contó con la coordinación general de Margy Araque, docente de la UPTC, y con el apoyo organizativo de Joseph Montenegro, integrante del Grupo de Investigación Primo Levi. En su desarrollo participaron activamente los semilleros de investigación de la UPTC, así como el Observatorio de Derechos Humanos Orlando Fals Borda.