POR DARÍO MARTÍNEZ BETANCOURT
¿El próximo Presidente de Colombia y el nuevo Congreso de la República, gobernarán y legislarán con éxito, si se mantiene la actual estructura jurídica y política del Estado? La respuesta es negativa. La integración política del futuro Congreso, será similar a la de hoy. No se avizora que partido alguno, ponga mayorías. Se impondrá el esquema de prebendas con el Ejecutivo, en búsqueda de una gobernabilidad con aparente respeto al precario Estado Social de Derecho. En el entretanto, el sistema de gobierno presidencialista se agota y no da más.
La justicia como resultado de las elecciones no cambiará, y la impunidad en el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado seguirá rampante. El poder supremo e ilimitado de la Corte Constitucional se aumentará. Ningún poder constituido podrá realizar reformas esenciales a la Constitución, porque implicaría sustituirla y ese atributo lo ejerce en forma extra constitucional, la propia Corte por vía jurisprudencial.
El régimen político bastante degradado seguirá igual. Un sector importante de la sociedad espera que la estructura política constitucional cambie y se adecúe a los nuevos tiempos y hechos.
Las formas, objetivos y contenido de la actividad estatal, estatuidos en la ley de leyes, no permitirán gobernar al país como lo proclama el preámbulo constitucional para “fortalecer la unidad de la nación y asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”.
El Estado Social de Derecho, democrático y liberal, está en crisis. La inestabilidad institucional no se soluciona en las próximas elecciones. Los fines esenciales del Estado son teleología utópica y una bella declaración retórica sin cristalización en la vida material. La colaboración armónica entre las ramas del poder público y los demás órganos para la realización de estos fines es una falsa premisa de una supuesta república ideal, una farsa y engaño al pueblo. El poder público no detiene al poder, lo destruye y mina su credibilidad y moralidad. Se autodestruye, sin importar el bien común o el bienestar general.
Creo en el evolucionismo jurídico y político como antítesis de la revolución. Los amigos del statu quo constitucional son contraevidentes y antihistóricos al confundir las transformaciones sociales con un museo de cera.
Los cimientos de la organización política de un Estado no son inamovibles, cuando la sociedad es telúrica, se mueve, sacude, vibra y choca como las placas tectónicas. De las entrañas de la sociedad, nace el Derecho Público y la obligatoriedad de su actualización. Lo que menos se debe petrificar es la Ley Fundamental. Extenderla a los nuevos retos sociales es creativo y no únicamente reformativo. No puede ser “cadáver momificado”, sino organismo vivo que muta según la dialéctica presocrática, como las aguas del río de la historia.
Se necesita una profunda revisión constitucional en lo jurídico (Constitución jurídica) y en las bases que integran la Constitución Política, que solo pueden ser cambiadas por el pueblo mediante una Asamblea Constituyente.
Con el voto en las próximas elecciones, no se logrará recuperar la legitimidad política, jurídica y moral del Estado. Gane quien gane, la gobernabilidad, organización y funcionamiento del Estado, seguirán igual. Se equivocan quienes hacen arqueología constitucional, al creer que, sin reformar por lo menos, la organización jurídica y política del Estado, Colombia saldrá de la encrucijada en que se encuentra. No es fetichismo constitucional el que hago. Es realismo dialéctico social, fruto de los hechos que superan los hombres y las leyes.
