POR OMAR ROMERO DÍAZ / EDITORIAL TSC /

En Colombia, la protesta social ha sido uno de los principales lenguajes del pueblo para expresar su dignidad. Desde los paros cívicos de las décadas pasadas hasta las movilizaciones recientes del Comité Nacional del Paro, millones de colombianos han salido a las calles a exigir un país más justo. Y aunque este derecho está consagrado en el artículo 37 de la Constitución, sectores del poder político y económico siguen empeñados en criminalizarlo. Hoy, bajo la fachada de la legalidad, asistimos a una nueva oleada de persecución contra quienes, con razones y convicciones, alzan la voz desde el espacio público.

La acusación penal interpuesta por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, contra dirigentes del Comité del Paro y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como Fabio Arias, no es solo un acto de hostigamiento: es una advertencia. Un mensaje de miedo que busca instaurar la idea de que protestar puede salir caro, que bloquear una vía es sinónimo de delito, y que ejercer liderazgo social es jugar con fuego jurídico. Frente a este intento de disciplinamiento político, conviene recordar lo que dicen la ley, la jurisprudencia y la memoria colectiva.

La protesta no se castiga, se garantiza

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-742 de 2012, fue clara: los bloqueos o cortes de vía no son, por sí mismos, delitos. Solo se penalizan cuando se realizan por medios ilícitos y afectan derechos fundamentales como la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, tal como lo establece el artículo 353A del Código Penal. En otras palabras, bloquear una vía pacíficamente, sin violencia ni daño, no es delito. Es una forma legítima de protesta, amparada por la Constitución.

Esta distinción no es menor. En un país con una larga tradición de protesta social, pretender que cualquier obstrucción vial es un crimen es ignorar la historia y violentar el derecho. No todo acto que incomoda al poder es un acto delictivo. No toda alteración del “orden” es una amenaza a la democracia. De hecho, muchas veces, es su salvaguarda.

La represión se disfraza de legalidad

Cuando un gobernante convierte declaraciones públicas en pruebas de autoincriminación, cuando confunde liderazgo con conspiración y organización social con delito, está utilizando la ley como un arma política. Lo que hace el alcalde Galán no es aplicar justicia, sino reeditar la vieja práctica de la judicialización selectiva. Una táctica peligrosa que pone en entredicho el Estado Social de Derecho y envía un mensaje devastador: que la legalidad sirve más para castigar que para proteger.

Esta no es una discusión jurídica solamente. Es una disputa por el sentido de la democracia. Porque si se normaliza que todo bloqueo es delito, entonces se está vaciando de contenido el derecho a la protesta. Y si se condena penalmente a quienes lideran las luchas sociales, se está socavando la posibilidad misma de organización y resistencia.

Memoria para no repetir

Colombia ya conoce el camino de la criminalización de la protesta. Y ese camino está empedrado de detenciones arbitrarias, montajes judiciales, desapariciones forzadas y silencios impuestos. La diferencia es que hoy, quienes persiguen a los líderes sociales ya no llevan uniforme ni se ocultan en la sombra: usan traje, micrófono y Código Penal.

Por eso, frente a la leguleyada, debemos responder con memoria, movilización y verdad. La memoria para recordar que nuestros derechos han sido conquistados en las calles. La movilización para seguir defendiendo lo colectivo. Y la verdad, porque no hay crimen en protestar, no hay delito en organizar, y no hay culpa en exigir justicia.

Lo que está en juego es la democracia

No estamos ante una simple acción penal. Estamos frente a un intento de reconfigurar los límites de lo permitido y lo prohibido en la vida pública. Si permitimos que se penalice la protesta pacífica, mañana se prohibirá la crítica, luego la organización, y después el pensamiento mismo.

Hoy el acusado es el presidente de la CUT, Fabio Arias, pero el mensaje va dirigido a toda la ciudadanía: protestar es peligroso. Esa es la narrativa que debemos desmantelar. Porque el verdadero peligro no es quien bloquea una vía para exigir derechos, sino quien bloquea la democracia con acusaciones infundadas.

No olvidemos: cuando se persigue a un líder social, no se criminaliza a una persona, sino al pueblo entero que representa.