POR RICARDO VILLA SÁNCHEZ
Entró en vigor la fase más restrictiva de la Ley de Garantías Electorales. Como cada cuatro años, el Estado activó el candado normativo que prohíbe la contratación directa en las entidades públicas durante el ciclo electoral.
La intención es legítima: prevenir el clientelismo y garantizar una competencia política limpia. El efecto, sin embargo, es devastador para quienes sostienen lo público desde la precariedad. Ante la premura del tiempo y dificultades técnicas, administrativas y demás, muchas personas en espera de tramitar su vinculación por contratos de prestación de servicios quedaron por fuera del sistema, sin trabajo, sin ingreso, con las preocupaciones cotidianas y las cuentas que no dejan de llegar.
En 2025, el Estado colombiano celebró más de 632.000 contratos por contratación directa, un 72 por ciento más que en el año electoral comparable anterior. De ese universo, 382.858 fueron firmados con personas naturales, por un valor total de 14,6 billones de pesos.
No se trata de grandes proveedores ni consorcios. Son individuos que ejercen actividades permanentes del Estado sin estabilidad, seguridad ni derechos del trabajo. La definición viva de un contrato basura. Que ojalá el proyecto progresista, logre algún día volver una excepción o elección de la persona.
Cuando llega la veda electoral, esos contratos no pueden renovarse ni firmarse. Eso es claro y es un límite legal. Sin embargo, el sistema actual confeccionado bajo la lógica neoliberal nunca pensó más allá de ponderar evitar un coto al clientelismo, tampoco garantizó otras opciones de trabajo decente, ni le alcanzó a proveer una red de protección, tipo subsidios al desempleo con base en el salario mínimo vital o herramientas en su mundo de la vida, de la flexiseguridad laboral, que, en países socialdemócratas como los escandinavos, han sido efectivas.
La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que entre 200.000 y 220.000 personas han quedado sin posibilidad de vinculación durante el periodo restrictivo. Pero esa cifra no incluye a quienes no alcanzaron a firmar por el colapso de los sistemas telemáticos de contratación pública que se ven sobrepasadas en los días previos a la veda. Si se suman quienes quedaron en el limbo por fallas técnicas, el número real podría superar con creces ese rango.
Hablamos de miles más, invisibilizados por una exclusión que se presenta como error informático. Cada uno con su propia historia, dificultades y esperanzados con sobrevivir de sus honorarios. De esto es importante se consoliden cifras oficiales que no son cifras planas, sino familias en riesgo de caer en la pobreza.
“Ojo visor que el DANE reportó que en diciembre de 2025 la tasa de desocupación fue del 8 %, 1,1 puntos menos que un año atrás, y que en promedio anual se ubicó en 8,9 %, por debajo del 10,2 % de 2024. La población ocupada aumentó en 603.000 personas, el mejor registro para un diciembre desde 2001. Sin embargo, este avance convive con una informalidad que supera la mitad del empleo y con el impacto de la veda electoral, que dejaría por fuera a más de 200.000 contratistas estatales, neutralizando una parte significativa del crecimiento laboral reportado”.
Personas que han trabajado durante años sin garantías laborales, hasta en medio de la llamada Ley de garantías electorales. Han superado cambios de administraciones desde diferentes orillas, casi siempre en medio de afugias, su proceso tuvo que empezar de nuevo. Así todo esté listo: minuta al día, documentos completos, vistos buenos y hasta cuándo van a cargar el contrato al sistema, colapsa. Muchas veces, cuando vuelve a funcionar, así sea por un minuto, opera la veda. Pero comer no puede esperar: el colegio de los hijos, la seguridad social, los créditos, etc., sin descontar los programas, planes, proyectos del Gobierno nacional que se paralizan porque no hay personal suficiente en planta para garantizar su operatividad y, en últimas, hacer realidad derechos.
La maquinaria pública depende de una red humana que hoy está suspendida por norma. Estas historias no son excepciones. Son estructurales.
Si se predica el trabajo decente, es necesario ser coherente que la vara más alta, no se sostiene en vínculos precarios, cuando más bien puede reproducir la misma desigualdad que dice combatir. En lugar de avanzar hacia una administración estable y meritocrática, se sigue aplicando un freno de emergencia que detiene también la vida de quienes lo sostienen. Estas son las reformas que los mismos que hoy se ufanan de un sistema eficaz, se han intentado transformar en gobierno alternativo, pero han frenado de tajo los cambios normativos, unas mayorías ficticias que no se deben a las ciudadanías libres.
Aquí no hay una contradicción inevitable entre derechos políticos y derechos sociales. Una democracia madura debe ser capaz de garantizar ambos al mismo tiempo: limpieza electoral sin congelar la dignidad laboral, equidad en la competencia política sin sacrificar el mínimo vital de quienes hacen funcionar el Estado.
Cuando se enfrentan la ética electoral con el derecho al trabajo, es el modelo el que debe corregirse, no la vida de quienes ya trabajan en condiciones frágiles. ¿La pureza electoral justifica el hambre de una familia trabajadora? Depende de ponderar quién tenga que pagar el precio. ¿Puede una democracia llamarse digna si para protegerse sacrifica a los más débiles? Solo si aceptamos que la dignidad es regateable. ¿Estamos combatiendo el clientelismo o desplazándolo hacia los márgenes silenciosos del Estado? Tal vez, sin querer, lo estamos reconfigurando. Este hecho sobreviniente y, de plano, urgente, si es concreto para una emergencia económica o una urgencia manifiesta.
La solución no pasa por eliminar la Ley de Garantías, sino por corregir su implementación. El Estado necesita una transición justa, reglas claras, capacidad técnica y voluntad política para romper con la lógica del descarte. Proteger la democracia no puede implicar debilitar su tejido social ni abandonar los anhelos de la gente decente de un buen vivir.
A las más de 600.000 personas afectadas les asiste no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a la dignidad. La respuesta no puede ser el silencio. Es tiempo de activar la palabra, las acciones colectivas, también la organización social y la movilización y resistencia ciudadana pacífica.
Un contratista lo resumió así: “Nos sacrifican para salvar el sistema. Dizque para acabar la rosca. Pero sin nosotros, el sistema se para”. Si la democracia vale tanto, debe proteger el voto sin desproteger la vida digna y el mínimo vital. Y ahí, todavía estamos lejos de la línea de llegada. Para muchos, la partida empezó con el silencio y el olvido. Pero, remember: el cambio es una mejor vida para las mayorías.
