POR OMAR ROMERO DÍAZ /

En Colombia, algunos nombres empresariales resuenan con orgullo en las vitrinas del “éxito corporativo”. Cementos Argos es uno de ellos. Sin embargo, bajo su imagen de compañía moderna y socialmente responsable, se esconde una práctica sistemática de violación a los derechos laborales, persecución sindical y despojo territorial que no puede seguir en silencio.

Hoy es urgente que la ciudadanía colombiana, el movimiento social y la comunidad internacional conozcan la verdad: Cementos Argos está arremetiendo contra los trabajadores organizados en el sindicato SUTIMAC por el simple hecho de cumplir con su deber pedagógico. El “pecado” de estos sindicalistas fue informar a sus compañeros y compañeras sobre los alcances de la nueva reforma laboral, una reforma que busca dignificar el trabajo en un país donde por décadas ha reinado la informalidad, la tercerización y la flexibilización impuesta.

Lejos de entablar un diálogo, la empresa respondió con persecución. El caso más escandaloso: la solicitud de levantamiento del fuero sindical contra Eddie Lennis, presidente nacional de SUTIMAC, y diez dirigentes de la seccional Sogamoso, Yumbo. ¿La razón? Participar en una jornada de pedagogía sindical convocada por el Comando Nacional Unitario los días 28 y 29 de mayo. La empresa, aliada con la firma de abogados Charman Wilches y respaldada por su propia empresa de seguridad, montó una falsa acusación de “bloqueo” para justificar despidos con “justa causa”. Un guion ya conocido en la historia del sindicalismo colombiano: el montaje como herramienta de represión.

Lo grave no es solo el hecho en sí, sino la reiteración. No se trata de un caso aislado. Es una política empresarial orientada al desmonte del sindicalismo en sus plantas, particularmente en regiones como Sogamoso, donde la organización de los trabajadores ha sido clave para defender sus derechos. Mientras Colombia busca avanzar hacia una transición democrática en lo laboral, Cementos Argos actúa como un ancla que impide cualquier progreso social.

Y hay más. No olvidamos que esta empresa también ha estado involucrada en la restitución de tierras. En varios casos, la justicia ha documentado cómo Argos adquirió terrenos que fueron previamente despojados a campesinos por grupos paramilitares. Tierras manchadas de sangre, dolor y desplazamiento, que luego aparecieron en los registros de compra “legal” de la empresa. Hoy, parte de esas tierras han debido ser devueltas gracias a procesos judiciales impulsados por las víctimas. ¿Qué más se necesita para que haya una sanción ejemplar?

La historia de Cementos Argos representa el rostro sofisticado de un modelo económico donde se produce riqueza para pocos a costa de los derechos de muchos. Se exporta cemento, sí, pero también se exporta una cultura de represión, impunidad y desprecio por los derechos humanos. Una empresa que se precia de seguir el recetario económico de la OCDE no puede desconocer los convenios internacionales firmados por Colombia, como los de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva.

Es preciso desde los sectores social y democráticos hacer un llamado urgente a los organismos internacionales, en especial a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a las relatorías de derechos humanos de la ONU y a las organizaciones sindicales del mundo, para que vigilen, documenten y se pronuncien con contundencia frente a estos hechos. Que se investigue el papel de Cementos Argos en el despojo de tierras y en la persecución antisindical. Que no sigan pavimentando su expansión con la sangre y el sudor de quienes han defendido históricamente la dignidad del trabajo.

Hoy más que nunca, la voz de SUTIMAC debe ser escuchada. Defender a sus dirigentes es defender el derecho a organizarse, a movilizarse, a pensar distinto en un país donde, por años, pensar diferente ha costado la vida. Basta ya de persecución. Basta ya de impunidad.

El cemento del progreso no puede seguir ocultando la represión.