POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Miguel Uribe Turbay: un asesinato que desnuda la Junta del Narcotráfico y la podredumbre del poder.

En Colombia nos quieren hacer creer que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay es un hecho aislado, un crimen más en la lista infinita de violencias que nunca se esclarecen. Pero no, aquí no hay casualidades: lo que está en juego no es la vida de un hombre, sino la guerra entre las mafias que gobiernan en la sombra y un Estado débil que apenas se atreve a nombrarlas.

Uribe Turbay no era cualquier político. Su apellido carga con la herencia de una élite que, mientras gobernaba, también jugaba a dos bandas: negocios legales con la política y negocios ilegales con las esmeraldas y el narcotráfico. Hoy esa herencia se cobra facturas. La pregunta que el pueblo se hace no es solo “¿quién lo mató?”, sino “¿por qué su familia estuvo siempre tan cerca de las entrañas del narcotráfico?”.

En el programa ‘Noches de Opinión’, el periodista Hollman Morris y el investigador Petrit Baquero lo dejaron claro: detrás de este crimen se asoma la mano de la Junta Mundial del Narcotráfico, ese directorio internacional que desde Dubái maneja rutas de coca, minas de esmeraldas, campañas políticas y hasta planes para asesinar al presidente Gustavo Petro. Y al frente de esa maquinaria de muerte está Julio Lozano Pirateque, alias ‘El Esmeraldero’, un capo que combina el lujo árabe con el terror de las montañas de Boyacá.

¿Acaso olvidamos que en Colombia el poder político y el poder mafioso han dormido en la misma cama durante décadas? ¿Acaso no sabemos que muchos de los que hoy se indignan por la muerte de Uribe han financiado sus campañas con dinero verde de esmeralda y blanco de cocaína? La Junta del Narcotráfico no es un fantasma, es una multinacional criminal que hace negocios en la cara del pueblo, con políticos de corbata y testaferros con títulos universitarios.

Que nadie se engañe: si asesinaron a Uribe Turbay, es porque había cuentas pendientes en ese mundo donde la política no se entiende sin la mafia. Y si hoy amenazan a Petro, es porque por primera vez un presidente se atrevió a señalar a los verdaderos dueños del negocio.

La pregunta no es “¿quién disparó?”, sino “quién dio la orden y quién se beneficia con el silencio”. Y la respuesta apunta a lo mismo: a esa junta invisible que gobierna más que el propio Congreso, a esos clanes familiares que reparten minas, rutas y curules como si fueran herencia.

El pueblo colombiano no puede seguir siendo espectador de esta farsa. Si no se desenmascara a la Junta del Narcotráfico y sus cómplices de cuello blanco, mañana no solo caerá otro senador, sino la democracia entera.

La verdad es dura: en Colombia muchas veces no asesinan a alguien por sus actos personales, sino por el símbolo político, económico o social que encarna frente a los intereses mafiosos.

Miguel Uribe no cayó por una discusión trivial, cayó porque su nombre, su herencia familiar y su posición en el poder lo convertían en ficha clave dentro de una disputa mayor. Fue sacrificado como parte de un ajedrez en el que los verdaderos jugadores no son los congresistas visibles en Bogotá, sino los capos que desde Dubái y otros centros financieros internacionales deciden quién vive, quién muere y cómo se reparte el botín del narcotráfico y las esmeraldas.