EDITORIAL TSC /

La fórmula presidencial de la Alianza por la Vida, integrada por Iván Cepeda y Aída Quilcué, condensa la posibilidad de dar continuidad democrática, popular y transformadora al ciclo de reformas sociales abierto por Gobierno progresista de Gustavo Petro.

Colombia llega a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 en un momento de definición histórica. Lo que está en juego no es únicamente la alternancia administrativa del poder, sino la posibilidad cierta de profundizar un rumbo político que, en los últimos cuatro años, ha abierto expectativas concretas de democratización social, ampliación de derechos y recuperación de la esperanza colectiva.

En ese escenario, la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué es la expresión y la materialización deontológica y sólida de continuidad transformadora, no por inercia ni por simple relevo, sino por la densidad ética, política y social de un proyecto que ha sabido conectarse con las demandas más hondas del país nacional.

Desde el punto de vista político, la fórmula Cepeda-Quilcué representa una convergencia de experiencia institucional, legitimidad moral y arraigo territorial. La campaña de Iván Cepeda, hoy ubicado en el primer lugar de las encuestas, ha reivindicado una plataforma orientada a “eliminar la pobreza, superar la desigualdad social, acabar con el hambre y el desempleo”, y busca unn contundente resultado en las urnas.

Aída Quilcué, por su parte, aporta la fuerza histórica de los pueblos indígenas y de las luchas por la vida, el territorio, el medioambiente, la paz y la dignidad, ampliando el horizonte representativo de una coalición que se presenta como casa común de sectores progresistas, indígenas, liberales reformistas y ambientalistas.

La propia Alianza por la Vida se consolidó como una coalición amplia con adhesiones de sectores indígenas, afros, diversidades sexuales, liberales y de la Alianza Verde, reforzando su vocación mayoritaria.

Hay además una dimensión sociológica decisiva que explica la potencia de esta campaña. En apenas siete meses, la propuesta de Cepeda y Quilcué ha logrado convertirse en catalizador del entusiasmo de amplios sectores populares que ya no conciben la política como un ritual de élites, sino como una herramienta de dignificación material y simbólica.

Los llenos en plazas públicas, la masiva presencia ciudadana en actos de campaña y el relato de una ciudadanía movilizada encuentran eco en el propio balance presentado por la campaña: Iván Cepeda afirmó haber realizado 117 actos públicos multitudinarios y haber congregado a más de 650.000 personas en ciudades y municipios del país. Más allá de la cifra, el dato ilustra una verdad de fondo: existe un pueblo políticamente activado que siente que su voz, sus dolores y sus expectativas comenzaron a ser reconocidos en la agenda nacional.

Esa activación social no surge en el vacío. Está íntimamente ligada a la experiencia política abierta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo horizonte de transformación quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, potencia mundial de la vida”. Este plan se presentó como una hoja de ruta construida con una amplia participación ciudadana, basada en más de 6.500 proposiciones y en los aportes de más de 250.000 personas en diálogos regionales vinculantes. Sus ejes —derecho humano a la alimentación, ordenamiento territorial alrededor del agua, seguridad humana, economía productiva para la vida y convergencia regional— expresan un giro de fondo en la manera de concebir el desarrollo y la función del Estado.

Respaldar a la fórmula Cepeda-Quilcué implica, en consecuencia, defender la continuidad de ese impulso reformador y la decisión de llevar más lejos las transformaciones sociales que han devuelto esperanza a vastos sectores de la sociedad colombiana.

Por eso, la jornada electoral de este 31 de mayo no debe entenderse como un trámite más del calendario democrático, aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil la establece oficialmente como la fecha de la elección presidencial de 2026. Se trata, más bien, de una decisión colectiva sobre el tipo de país que Colombia quiere construir en los próximos años: uno anclado en el privilegio, la exclusión y la restauración conservadora, o uno orientado al progreso social, la equidad, la participación popular y la democratización efectiva de la vida pública.

Votar por la Alianza por la Vida significa afirmar que sí es posible gobernar en favor de las mayorías, que sí es posible hacer del Estado un instrumento de justicia social y que sí es posible profundizar una democracia que deje de ser promesa abstracta para convertirse en experiencia concreta de las clases populares.

De ahí que la invitación sea clara y masiva: acompañar con decisión la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué para abrir paso a un nuevo Gobierno progresista que consolide las reformas de amplio calado social, fortalezca la paz, amplíe la inclusión y profundice la democracia.

Más que una consigna electoral, se trata de una apuesta de país. Frente a la pretensión de restaurar una larga noche neoliberal y de devolver el poder a las viejas élites que históricamente administraron la desigualdad como si fuera destino, Colombia tiene hoy la oportunidad de ratificar que el pueblo ha despertado, que ha tomado conciencia de su fuerza histórica y que quiere seguir construyendo un futuro de dignidad, justicia, democracia y vida para todos.