PRENSA MINISTERIO DE JUSTICIA /
Con inversiones superiores a los 52 mil millones de pesos se sigue consolidando una política de drogas basada en derechos humanos y evidencia. Además, se puso en marcha el primer Conpes integral para humanizar el sistema penitenciario y se acercó la justicia digital a más ciudadanos.
Así lo destacó el ministro (e) de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, en la rendición de cuentas de esta cartera que se realizó en las instalaciones de la cárcel La Picota de Bogotá, donde el titular destacó que “estos logros reflejan un modelo de justicia más humano, moderno y conectado con las realidades del país».
“Este año demostramos que la justicia puede transformarse cuando se articula con los territorios y se maneja con enfoque de derechos humanos. La Política Nacional de Drogas y el Conpes carcelario muestran que Colombia está construyendo un modelo propio que pone la vida en el centro, respeta la diversidad cultural y fortalece las capacidades locales», afirmó el ministro Idárraga.
Comentó además que “logramos que el país lidere un debate internacional más equilibrado sobre drogas, basado en evidencia y derechos. Recibimos un respaldo contundente de la Unión Europea y hoy impulsamos en Naciones Unidas resoluciones que integran de manera definitiva los derechos humanos en las discusiones globales. Es un logro estratégico para el país y la región».
En materia de política criminal se destaca el Conpes 4157, la primera gran política para humanizar cárceles y que arranca con una inversión de 4,45 billones de pesos, que se construyó con 400 actores, se proyecta a ocho años y se enfoca en resocialización, salud, infraestructura, servicios públicos y acceso a la justicia.
El documento articuló 125 acciones y 39 entidades para mejorar infraestructura, servicios esenciales, resocialización y condiciones laborales del personal penitenciario, e incorporó enfoques diferenciales, especialmente en atención a mujeres privadas de la libertad.
De otro lado, la salud del sistema penitenciario dio pasos firmes con la apertura de la primera Unidad de Extensión Temporal en La Picota, que complementa los servicios que ofrecen tres IPS externas que prestan servicios de cuarto nivel, cuidados paliativos y salud mental, fortaleciendo la atención integral para las personas privadas de la libertad.
Drogas
Se avanzó en la implementación territorial de la Política Nacional de Drogas 2023–2033, con ocho consultas previas con pueblos indígenas, actualización del Plan de Acción Estratégico y el desarrollo de la estrategia de ‘Datos Soberanos’, que permitió ampliar la encuesta nacional de productores de coca y corregir fallas históricas en la estimación del potencial de producción de cocaína.
Paralelamente, la Red Territorial de Análisis de Sustancias identificó 64 nuevas sustancias y Cali abrió el primer espacio de consumo más seguro. Igualmente, en el marco del pilar de ‘Asfixia’ de la política de drogas se incautaron cerca de 700 toneladas de cocaína al mes de septiembre de 2025, de acuerdo con los datos del ministerio de Defensa Nacional.
El Banco de Proyectos movilizó este año 8740 millones para 15 iniciativas en 17 municipios, beneficiando a 2.254 familias. A ello se sumó la estrategia de ‘Cambio de Narrativas’, que intervino 14 territorios con procesos sociales, culturales y pedagógicos para transformar la percepción ciudadana sobre las drogas y promover mensajes centrados en vida, salud y ambiente.
Justicia Transicional
Sobre la Dirección de Justicia Transicional, la directora de Drogas del ministerio y viceministra encargada de Política Criminal, Marcela Tovar Thomas, indicó que se logró consolidar la Bolsa de Recursos para Proyectos Restaurativos, con 2.500 millones de pesos destinados a siete proyectos articulados con la JEP en cuatro macrocasos.
De igual forma, “se suscribieron los primeros convenios directos con organizaciones de víctimas y se creó el Sistema Nacional de Búsqueda, que recibió más de 3.500 aportes de víctimas y organizaciones en 39 espacios territoriales, junto con el decreto de la ley de mujeres buscadoras (Ley 2364 de 2024) que garantiza protección, vivienda, educación y la creación del Registro Único», indicó la funcionaria.
En palabras del viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, los principales avances “se centran en el fortalecimiento de las justicias propias, la transformación digital del sector justicia, los resultados en acceso a la justicia desde los territorios, las acciones en materia de género y enfoque diferencial, y gestión legislativa para la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural».
Resaltó que su dependencia trabaja para acercar la justicia a los ciudadanos con la digitalización. En esta perspectiva y fruto de ese proceso se acaba de lanzar JustiFácil, plataforma que integra los servicios de justicia de entidades con funciones jurisdiccionales, simplifica procesos, reduce tiempos, genera estadísticas que fortalecen la toma de decisiones y ofrece entrenamiento con inteligencia artificial para orientar a la ciudadanía. Esta herramienta refuerza la labor de otras plataformas del Ministerio como LegalApp y SUIN- Juriscol.
De la misma manera, hubo un fortalecimiento de las casas de justicia y comentó que en Mocoa (Putumayo) se invirtieron 2.489 millones de pesos y en la de Chipaque (Cundinamarca), 3.095 millones de pesos.
Además, mediante cofinanciación, la inversión fue de 2.411 millones de pesos en mejoramiento de casas de justicia y centros de convivencia. La intervención benefició a nueve municipios, incluidos tres del Catatumbo, fortaleciendo el acceso a la justicia y la convivencia en zonas afectadas por el conflicto.
