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Una mirada crítica a los desafíos y perspectivas de la democracia colombiana a partir de la intervención de la senadora y precandidata presidencial Clara López Obregón en el marco del panel «La Constitución del 91: logros, límites y deudas pendientes», organizado por la Revista Cambio y el Ministerio del Interior el pasado jueves 27 de noviembre.

Durante su participación en este encuentro dialéctico, la congresista López Obregón, quien compartió espacio con los exconstituyentes Juan Carlos Esguerra e Iván Marulanda Gómez, hizo una intervención provocadora, en la que analizó el alcance y las falencias de la Constitución de 1991 a más de tres décadas de su promulgación. Sus reflexiones invitan a una revisión profunda del pacto social colombiano, interpelando tanto a analistas como a la ciudadanía sobre la vigencia y el futuro del orden constitucional.

Uno de los ejes centrales en la exposición de la parlamentaria y precandidata presidencial fue el cambio fundamental en la ubicación del poder político a partir de la Carta del 91. Según la senadora, la Constitución significó un desplazamiento simbólico y real del poder, que dejó de estar monopolizado por las élites tradicionales para reconocerse en la soberanía popular. Este tránsito, sin embargo, no se ha consolidado plenamente, pues la resistencia de sectores privilegiados y la persistencia de mecanismos excluyentes han limitado la materialización de una democracia verdaderamente participativa.

La senadora enfatizó que la ciudadanía pasó a ser formalmente el sujeto central del poder, pero que este avance enfrenta tensiones y retrocesos constantes.

La dirigente política destacó los instrumentos de participación popular consagrados en la Carta del 91 y demás mecanismos como las tutela y la acción de inconstitucionalidad que han posibilitado dinamizar el ejercicio democrático. Subrayó el papel de la Corte Constitucional como garante de estos derechos, recordando cómo este tribunal ha sido baluarte de la protección de la participación ciudadana y de la interpretación avanzada de los derechos fundamentales. Sin embargo, alertó sobre los obstáculos que persisten en la implementación efectiva de estos mecanismos y los riesgos de su cooptación o vaciamiento, especialmente cuando intereses particulares buscan limitar el alcance de la soberanía popular bajo pretextos formales o administrativos.

En su análisis, la senadora López Obregón resaltó el carácter progresivo de los derechos reconocidos en la Constitución y la herramienta de la acción de tutela como salvaguarda de su exigibilidad.

La tutela ha sido, según la congresista, un instrumento democratizador que ha acercado la justicia a sectores históricamente marginados. Igualmente, abordó la importancia del principio de progresividad y la obligación estatal de avanzar en la garantía efectiva de derechos económicos, sociales y culturales. También hizo referencia al principio de legalidad tributaria, señalando que el financiamiento adecuado de los derechos requiere un sistema fiscal justo y suficiente, aspecto aún pendiente en la estructura estatal.

Retrocesos y contrarreformas: impacto neoliberal y recentralización de recursos

Un punto crítico en la exposición de la senadora fue la denuncia de los retrocesos provocados por contrarreformas de corte neoliberal. Respecto de ello sostuvo que, tras los avances iniciales, las políticas de ajuste estructural y la recentralización de recursos han debilitado la descentralización promovida por los constituyentes de 1991. Estas dinámicas han restringido la autonomía territorial y han dificultado la ejecución de políticas públicas acordes a las necesidades locales.

Además, advirtió sobre la fragmentación de la garantía de derechos y el resurgimiento de inequidades, producto de una visión tecnocrática y excluyente de la gestión estatal.

La senadora abordó el déficit histórico de presencia estatal en vastos territorios del país a causa de las contrarreformas promovidas por los gobiernos de corte neoliberal, señalando que la ausencia de instituciones y servicios públicos ha generado vacíos aprovechados por actores ilegales. Esta situación ha profundizado la crisis de seguridad, la desconfianza ciudadana y la fragmentación social.

La congresista López Obregón insistió en que la descentralización efectiva y la consolidación del Estado en todo el territorio son condiciones indispensables para la vigencia de los derechos y la superación de la violencia estructural.

En un guiño a los desafíos contemporáneos, la senadora propuso potenciar los mecanismos de democracia directa mediante el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías. Sostuvo que estas herramientas pueden facilitar la participación ciudadana, ampliar la deliberación pública y transparentar los procesos institucionales, siempre que se encaminen bajo principios éticos y de inclusión.

Necesidad de un pacto social democrático

La senadora López Obregón fue enfática al señalar que uno de los retos más urgentes es rescatar al Estado de la ilegalidad, entendida no solo como criminalidad, sino como la captura institucional por intereses particulares y la corrupción estructural. En este sentido, reivindicó la importancia de la movilización ciudadana y el cambio cultural para transformar las prácticas políticas y fortalecer la ética pública. Para la senadora, el protagonismo social es clave para exigir rendición de cuentas y construir un Estado verdaderamente democrático y transparente.

Como colofón de su intervención, la parlamentaria planteó la necesidad de convocar una nueva Asamblea Constituyente orientada a forjar un pacto social democrático, incluyente y pluralista. Esta propuesta no implica desconocer los logros de la Constitución del 91, sino reconocer sus límites y deudas pendientes. Argumentó que un nuevo proceso constituyente podría servir para actualizar el marco institucional, garantizar la participación efectiva de los sectores históricamente excluidos y consolidar un modelo de Estado Social de Derecho acorde con los desafíos del siglo XXI.

Las reflexiones de Clara López Obregón en el foro de la Revista Cambio y el Ministerio del Interior convocan a una mirada crítica y autocrítica sobre la trayectoria constitucional de Colombia.

Si bien la Constitución de 1991 representó un avance sustancial hacia la democratización y la ampliación de derechos, las resistencias, retrocesos y desafíos actuales exigen una renovación profunda del pacto social.

La senadora exhortó a no perder de vista el horizonte de una democracia real, participativa y garante de derechos, donde la ciudadanía sea protagonista y el Estado cumpla su función ética y social. El debate sobre una nueva Constituyente, lejos de ser un simple ejercicio retórico, interpela la responsabilidad colectiva de imaginar y construir un país más justo, incluyente y democrático.