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Colombia y Sudáfrica, en su calidad de copresidentes del Grupo de La Haya, han convocado una reunión de emergencia sobre la aplicación del derecho internacional en La Haya a partir del miércoles 4 de marzo en Ámsterdam, la capital de Países Bajos. Hasta ahora, 35 Estados de América Latina, Africa, Asia y Europa han confirmado su asistencia.
Mientras Israel actúa unilateralmente para expandir su presencia ilegal en la Cisjordania ocupada a través de medidas ampliamente condenadas como anexión de facto, Sudáfrica y Colombia, como copresidentes del Grupo de La Haya, reunirán a gobiernos de todo el mundo en La Haya para promover acciones estatales coordinadas y concretas para poner fin a la impunidad, reducir la complicidad y hacer cumplir el derecho internacional.
Las medidas anunciadas por Israel tienen como objetivo alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, acciones que se entiende ampliamente que violan principios fundamentales del derecho internacional.
El 17 de febrero, 85 Estados se opusieron a cualquier forma de anexión y reafirmaron su compromiso de “adoptar medidas concretas, de conformidad con el derecho internacional y en consonancia con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, para ayudar a hacer realidad el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y contrarrestar la política de asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y las políticas y amenazas de desplazamiento forzoso y anexión”.
Copresidido por Colombia y Sudáfrica, el Grupo de La Haya es un foro para la acción estatal coordinada que reúne a gobiernos comprometidos con la defensa del derecho internacional.
Fundado en enero de 2025, el Grupo ha acogido hasta la fecha a más de 35 Estados en tres conferencias clave en La Haya, Bogotá y Nueva York, unidos en el compromiso de ir más allá de la retórica y pasar a la acción concreta, salvaguardando la integridad del sistema jurídico internacional. Varios gobiernos participantes han propuesto medidas clave para acabar con la impunidad y han comenzado a implementar sus obligaciones legales a nivel nacional: impedir las exportaciones militares y de doble uso a Israel, rechazar las transferencias de armas israelíes en los puertos, impedir que buques transporten armas a Israel bajo bandera nacional, revisar los contratos públicos para evitar que instituciones y fondos públicos apoyen la ocupación ilegal de Israel, buscar justicia para los crímenes internacionales y apoyar la jurisdicción universal para exigir responsabilidades a los perpetradores.
A pesar del anuncio de un alto el fuego, las operaciones militares y el uso de fuerza letal por parte de Israel contra la población civil han continuado, lo que ha provocado reiteradas advertencias de funcionarios de las Naciones Unidas. Hasta enero de 2026, más del 81 % de las estructuras de Gaza han resultado dañadas o destruidas, lo que ha dejado a aproximadamente 1,3 millones de personas con necesidad urgente de refugio. Casi toda la población, de 2,1 millones de habitantes, se ha visto desplazada repetidamente, y la mayoría se encuentra confinada en menos de la mitad del territorio. Más de 18 500 heridos y pacientes con enfermedades crónicas esperan ser evacuados para recibir tratamiento que no está disponible en Gaza.
Un nuevo informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advierte sobre la «destrucción sistemática» de barrios en Gaza y la escalada de violencia en Cisjordania, lo que aumenta el riesgo de limpieza étnica. El territorio se fragmenta aún más semana tras semana.
La reunión en Ámsterdam se centrará en evaluar la implementación de las medidas anunciadas por varios Estados para cumplir con las obligaciones con terceros Estados, determinadas en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de julio de 2024, garantizar la rendición de cuentas y la ausencia de refugios seguros para los autores de Genocidio, Crímenes de Guerra, Crímenes de Lesa Humanidad y el Crimen de Agresión, y mejorar la coordinación entre puertos, tribunales, organismos reguladores y cadenas de suministro.
Se prevé la presentación de varias propuestas para fortalecer los mecanismos transnacionales de cumplimiento necesarios para abordar los factores que facilitan el genocidio y los crímenes de guerra.
Varsha Gandikota-Nellutla, secretaria ejecutiva del Grupo de La Haya, declaró: «La limpieza étnica del pueblo palestino nunca terminó. El ataque de Israel contra Gaza no se ha detenido. Envalentonado por la impunidad de los últimos dos años, Israel ha acelerado su anexión de Cisjordania. Si los Estados no actúan ahora, el derecho internacional no tendrá validez. Este es un momento peligroso, y debemos afrontarlo juntos con principios y valentía. El objetivo de la reunión del 4 de marzo de 2026 es simple: ¿Cómo podemos fortalecer el derecho internacional? Varios Estados han comenzado a hacer cumplir sus obligaciones legales, convirtiendo la retórica en acciones concretas mediante las medidas del Grupo de La Haya: reducir el flujo de armas, cerrar puertos y exigir responsabilidades».
Por su parte, Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, expresó: «Israel está llevando a cabo un despojo a plena luz del día. Después de Gaza, consolidar su anexión de facto de partes de Cisjordania es el siguiente paso en un proyecto de ocupación permanente. La historia juzgará nuestras acciones. Con la ley o con la impunidad. Con los derechos de un pueblo o con su eliminación. Colombia decide actuar».
Ronald Lamola, ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica, puntualizó: «La aplicación del derecho internacional ya no puede ser selectiva: punitiva para algunos y totalmente ignorada por otros. El Grupo de La Haya existe para traducir las obligaciones derivadas del derecho internacional en acciones estatales coordinadas. Invitamos a los gobiernos de conciencia —aquellos dispuestos a defender la ley tanto con hechos como con palabras— a unirse a nosotros en La Haya el 4 de marzo de 2026».
Ammar Hijazi, Embajador de Palestina ante el Reino de los Países Bajos, señaló que «el marco jurídico es indiscutible. La prohibición de la anexión, el derecho a la autodeterminación y las obligaciones de terceros Estados están firmemente consagradas en el derecho internacional. Lo que se requiere es su aplicación. Al defender a Palestina, el Grupo de La Haya actúa en nombre de la comunidad internacional para defender el orden jurídico, que se encuentra amenazado, en beneficio de la humanidad. Celebramos la decisión de los Estados de participar en esta invaluable tarea y de reunirse en La Haya, la ciudad de la justicia internacional».
