POR OMAR ROMERO DÍAZ /

La lucha contra las drogas no puede servir para proteger a unos y señalar a otros.

Hay noticias que merecen una explicación clara. En octubre de 2026, Estados Unidos retiró de sus listas de sanciones a decenas de colombianos y empresas relacionados históricamente con estructuras del narcotráfico.

Entre los nombres que salieron aparecen nombres del cartel del Valle y Medellin entre ellos, el asesinado Pablo Escobar, Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo’; Pedro Antonio Bermúdez Suaza, conocido como ‘El arquitecto’, y Jhon Eidelber Cano Correa, alias ‘Flechas’. Algunos tuvieron antecedentes judiciales relacionados con el narcotráfico. También fueron retiradas numerosas empresas.

Aquí comienza la pregunta que Estados Unidos debe responder. ¿Cómo se explica que personas señaladas durante años por sus vínculos con estructuras criminales sean retiradas de esas listas, mientras Gustavo Petro continúa sancionado por el Gobierno estadounidense?

La pregunta es legítima. Pero hay que decirlo con claridad: salir de la lista no significa que alguien haya sido declarado inocente, así como permanecer en ella no equivale a una condena penal.

 

¿Dónde está la transparencia?

La OFAC, entidad del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, explicó que su revisión incluyó registros de personas fallecidas, empresas desaparecidas y casos con información insuficiente.

Esa explicación debe examinarse, no aceptarse ni rechazarse a ciegas. Si se trata de una depuración administrativa, el Gobierno estadounidense debe ofrecer información clara sobre los criterios aplicados y explicar las decisiones que despiertan mayor preocupación pública.

El pueblo tiene derecho a preguntar por qué se retiran nombres vinculados históricamente con grandes redes del narcotráfico y qué cambió en cada caso. No basta con publicar una lista y dar por terminado el asunto.

¿Y por qué señalan a Gustavo Petro?

Por atreverse a decir la verdad, por la doble moral del presidente Trump, por no callarse ante el genocidio de Israel contra Palestina, por el trato inhumano de los emigrantes deportados, por no arrodillarse ante imperialismo y no entregar la soberanía colombiana.

Si existen pruebas de delitos, que se investiguen ante las autoridades competentes. Pero nadie debe ser presentado como narcotraficante sin pruebas suficientes y sin respetar el debido proceso.

La presunción de inocencia debe valer para todos, no solamente para quienes tienen poder o buenas relaciones internacionales.

La misma exigencia debe aplicarse a quienes salen de las listas: ni condenas anticipadas ni absoluciones inventadas.

La doble medida también genera desconfianza

En diciembre de 2025, Donald Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico. El indulto provocó fuertes cuestionamientos sobre la coherencia de la política antidrogas estadounidense.

Este antecedente aumenta la necesidad de exigir explicaciones. Si Estados Unidos proclama que combate el narcotráfico sin distinciones, debe demostrar que sus decisiones responden a criterios legales y no a conveniencias políticas.

Se puede preguntar: ¿todos los retiros de sanciones obedecen a favores políticos? Y no se debe impedir que la ciudadanía cuestione decisiones que afectan la credibilidad de esa lucha.

Que se conozca la verdad

Colombia ha sufrido demasiado por el narcotráfico. Sus víctimas merecen justicia, no discursos acomodados a los intereses del momento.

Es preciso exigir transparencia sobre los nombres retirados de las listas, claridad sobre los motivos de cada decisión y garantías para que ninguna persona sea perseguida mediante acusaciones sin fundamento.

Que se investigue a los verdaderos responsables, que se persigan las fortunas ilícitas y que se llegue hasta quienes financian, protegen y se benefician de las redes criminales, sin importar su posición económica, política o internacional.

La lucha contra el narcotráfico no puede tener dos varas para medir la justicia. Si hay pruebas, que se presenten. Si hay delitos, que se sancionen. Y si se retiran sanciones, que se expliquen las razones.

La verdad no puede depender de quién sea amigo del poder ni de quién sea su adversario.