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El fallo condenatorio emitido en primera instancia el pasado lunes 28 de julio de 2025 por la jueza penal 44 del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de manipulación de testigos constituye un hito sin precedentes en la historia jurídica y política de Colombia al sentar nuevas bases para la responsabilidad de líderes de alto perfil y redefinir el escenario institucional del país.
Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, ha sido una de las figuras más polémicas de la política colombiana contemporánea. Los múltiples cuestionamientos judiciales sobre su actuar han estado en el centro del debate político.
El proceso específico que condujo a la condena del 28 de julio de 2025 se relaciona con fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal para favorecer sus intereses en investigaciones judiciales y en contra del senador Iván Cepeda Castro, lo que finalmente derivó en un fallo condenatorio por parte de la jueza Heredia.
Fortalecimiento del Estado de Derecho
El fallo representa un ejercicio robusto de independencia judicial. En un país donde históricamente la justicia ha sido cuestionada por interferencias políticas y corrupción, la decisión de sentenciar a un expresidente fortalece la percepción de imparcialidad y autonomía del poder judicial. Se erige como un precedente, estableciendo que ningún ciudadano está por encima de la ley, sin importar su pasado político o influencia social.
La sentencia profundiza la interpretación de figuras como la coacción, el soborno y el ofrecimiento de prebendas a personas testigos en procesos judiciales. Además, refuerza la obligación de los actores procesales de respetar la probidad y la ética en la administración de justicia.
La condena contra Uribe Vélez, quien gozó durante años de fuero constitucional, abre un debate sustantivo sobre la interpretación de este privilegio y sus límites.
Reconfiguración del panorama político
El impacto sobre el sector político es inmediato. El uribismo enfrenta una crisis de legitimidad y cohesión interna. Las reacciones de los partidos aliados y opositores darán forma a una nueva correlación de fuerzas en el Congreso y en el debate público. Este hecho influirá en la estrategia de los partidos para las próximas elecciones, promoviendo el surgimiento de liderazgos alternativos y nuevas plataformas políticas centradas en la ética pública y la transparencia.
La condena a una figura central en la historia reciente del país obliga a la sociedad colombiana a reexaminar críticamente el legado de Uribe y los alcances de su cuestionada política mal denominada de “Seguridad Democrática”. El debate en la esfera pública tiende a propiciar una revisión de los relatos oficiales y la emergencia de nuevas interpretaciones sobre los años en los que Uribe ejerció la Presidencia de la República.
En definitiva, este fallo tiene una gran carga simbólica porque soporta la condena histórica, política y judicial que Colombia necesita para avanzar. Es un primer golpe contra la impunidad, un acto de reivindicación para quienes por años han denunciado las alianzas oscuras entre el poder político, los ejércitos privados y las mafias del país. Aunque es apenas el primer paso en el largo y doloroso camino hacia la verdadera justicia.
Pronunciamiento del senador Iván Cepeda
Al término de la audiencia judicial en que se leyó el fallo judicial, el senador Iván Cepeda, leyó una declaración, cuyos términos están expuestos en el siguiente video:
Declaración de la jueza Sandra Liliana Heredia
La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda saliéndose del protocolo de la audiencia en la que dio el fallo en primera instancia del proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez, leyó la siguiente declaración que pasará a la historia como marco doctrinario para la toma de decisiones judiciales.
La espera ha finalizado. Temis, la diosa de la justicia, permanece con los ojos vendados, no porque ignore, sino porque no prejuzga. Sostiene la balanza con las manos firmes, no para pesar opiniones, sino verdades. Porta la espada, no para castigar con furia, sino para proteger con decisión lo que es justo, lo que es recto y lo que es necesario. Hoy, como es de público conocimiento, tras 475 días de una maratónica lucha contra el reloj, este despacho se dispone a dar paso a uno de los momentos más significativos de su historia judicial reciente.
Está por conocerse el sentido del fallo en el proceso penal que se sigue contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. Sabemos que los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos sobre esta sala. Sabemos que este juicio ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones. Pero también sabemos algo más importante: el derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia.
La administración de justicia, como bien jurídico supremo, no está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia. Está al servicio del pueblo colombiano, que merece y exige una justicia imparcial, transparente, libre de prejuicios, firme frente a la presión y diligente. Cualidades que suponen implícitas a la ética que todo proceso de justicia y funcionario de servicio debe tener, sin que debiera ser objeto de suspicacias irresponsables y malintencionadas de quienes pretenden cuestionarlas.
Y ese día, en esta sala, queremos decirle a Colombia que la justicia ha llegado. Ha llegado como debe ser, serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero también sin dilaciones, con la responsabilidad que debe caracterizar naturalmente al sistema al que le ha sido asignada la noble misión de administrarla. Ha llegado después de un proceso garantista, profundamente respetuoso del debido proceso y de la presunción de inocencia. Ha llegado pese a las tormentas de la opinión pública, pese a los intentos de deslegitimación, pese a los ataques que ha recibido esta judicatura, en su vano intento por enlodarla.
Este juicio vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha. No es una conspiración, no es un acto de oposición, ni de política. Es un acto de justicia y solo de justicia. Hoy también es necesario recordar algo que la historia no debe pasar por alto: la conducción de este proceso ha estado a cargo de mujeres que, desde sus roles en cada una de las etapas del proceso, ha enfrentado con valentía, incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado, quizá, si quien decidiera fuera un hombre, evidenciando con cada acción que la toga no tiene género, pero sí carácter. Y que cuando una mujer administra justicia, lo hace con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial y que el sentido de responsabilidad se trae siempre al estrado.
Este es un momento para reafirmar el trabajo silencioso de cientos de juezas, fiscales, defensoras, magistradas y funcionarias que, desde sus despachos todos los días, sostienen en alto el nombre de la justicia colombiana.
Hoy, este estrado no decide sobre un nombre. Decide sobre unos hechos y esa distinción es vital. El sentido del fallo que se dará a conocer no tiene orientación política o está atravesado por simpatías o antipatías. Aquí no hay lugar para la sospecha o el cálculo electoral o las lecturas interesadas. Lo que este despacho ha hecho desde el inicio es cumplir su obligación constitucional y legal de resolver lo que el derecho permite resolver. Ni más ni menos. La separación entre justicia y política es un principio esencial del Estado de derecho y este juzgado lo defiende con la misma convicción con la que defiende los derechos fundamentales, la dignidad del procesado y la autonomía judicial.
El fallo que se emite hoy no será una victoria de nadie, ni la derrota de otro. Será, como debe ser, una respuesta del Estado a través de su justicia a una controversia procesal que ha llegado a su culminación tras un largo y riguroso camino probatorio. Por eso pedimos respeto. Pedimos sensatez y pedimos, ante todo, que este momento se ha entendido con la altura y la madurez que merece. A quienes han depositado su confianza en esta judicatura, les agradecemos. A quienes han dudado de ella, los invitamos a escuchar con atención. A los medios de comunicación les solicitamos que informen con responsabilidad. Y los ciudadanos, que entiendan que el valor de un Estado no está solo en las decisiones que toma, sino en la forma en que esas decisiones se construyen, se sustentan y se defienden.
Y a usted, ciudadano Álvaro Uribe Vélez, como parte, le reconocemos su presencia, su disposición procesal y el respeto a ese juicio porque, a pesar de los honorables cargos que ha ocupado, y de estar hoy sentado en la silla más difícil en este proceso, en calidad de procesado, lo ha hecho siempre con la mayor gallardía y cordialidad, de la mano de su esposa que devotamente ha estado a su lado a lo largo de este juicio acompañándolo. Le recordamos que este despacho, como lo ha hecho desde el primer día, fallará en derecho, con justicia, sin pasión, sin rencor y sin temor. Hoy más que nunca se honra ese principio de que todos somos iguales ante la ley y que el poder judicial existe para recordar que nadie está por encima de ella. Pero también que nadie está por debajo de su amparo.
Bien lo ha dicho Montesquieu, la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Que sea este acto una reafirmación del valor supremo de justicia, en una sociedad libre y que el fallo que se va a conocer, indistintamente, de su contenido, sea comprendido, no como una sentencia política, sino como un acto de coherencia jurídica, responsabilidad ética y compromiso con la verdad.
Antecedentes del caso Uribe
Fue en un debate en el Senado de la República en septiembre del año 2014 promovido por el congresista Iván Cepeda Castro a partir del cual se inicia el proceso «bumerang» contra Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia.
Por primera vez se mostró en el Congreso la abrumadora evidencia que reveló cercanía del exmandatario con la ‘narcoparapolítica’.
En el debate el senador Cepeda comienza caracterizando el fenómeno. La parapolítica fue una alianza entre el narcotráfico, paramilitares y políticos corruptos.
Uribe director de la Aeronáutica
Comienza con la licencia que expidió Álvaro Uribe al helicóptero de su padre, Alberto Uribe Sierra, que apareció en el complejo cochinero de Tranquilandia, el mayor laboratorio de cocaína del continente, ubicado en los Llanos del Yarí entre Caquetá y Meta.
Licencia que Uribe expidió al hermano de Dolly Cifuentes Villa, quien era parte del clan de los Cifuentes Villa, narcotraficantes aliados con el Cartel de Sinaloa.
Dolly Cifuentes fue pareja sentimental del hermano de Álvaro Uribe, Jaime Alberto Uribe.
Jaime Alberto Uribe (hermano de Uribe) hizo parte de la ganadería La Soguita (Lista Clinton), empresa del clan de los Cifuentes Villa.
En 1991, Santiago Uribe (hermano de Álvaro Uribe) compró una propiedad en Jericó con el clan Ochoa.
El 27 de junio de 1980, Álvaro Uribe le entrega licencia de operaciones a la aeronave, HK2487, que terminó en manos de Luis Carlos Molina, el banquero de Pablo Escobar.
Luis Carlos Molina (El banquero de Pablo Escobar) compartió Junta Directiva con Álvaro Uribe, en 1983. Empresa que fue fachada del Cartel de Medellín, vinculada con el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador.
En 1983, Álvaro Uribe entrego licencia al piloto favorito de Pablo Escobar, Álvaro Suárez Granados, alias ‘Coco’. Luego fue piloto de los Rodríguez Orejuela.
Uribe, alcalde de Medellín, 1982
“El presidente (Belisario Betancur) me llamó y me dijo, cómo es posible que tengamos en la Alcaldía de Medellín a Álvaro Uribe, una persona que me han dicho tiene nexos con narcotraficantes”: exgobernador de Antioquia, Villegas Moreno.
Las corridas del alcalde Álvaro Uribe en apoyo a «Medellín sin tugurios”, de Pablo Escobar
Además, en esta corrida de toros estuvieron como rejoneadores Alberto Uribe Sierra (padre de Uribe), Fabio Ochoa (clan narco Ochoa).
En 1992, el narcoparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, declaró: “Álvaro Uribe y Bernardo Guerra Serna fueron las fichas del Cartel de Medellín frente a la institucionalidad”.
Uribe senador, 1986-1994
El “narcomico”.
En pleno auge del Cartel de Medellín Álvaro Uribe defendió el denominado “narcomico”, una iniciativa que planteaba un referendo para que la ciudadanía decidiera si había extradición o no.
En esa época se desclasificó un documento donde el FBI denunció que varios políticos de Antioquia habían sido financiados por Pablo Escobar, entre ellos Álvaro Uribe y Bernardo Guerra Serna.
Uribe gobernador de Antioquia: 1995 a 1998
Luego de la guerra contra Pablo Escobar, buena parte de los narcos del Cartel de Medellín se van al paramilitarismo. Se conocen declaraciones donde el mismo Mancuso revela sus encuentros con Álvaro Uribe.
En un allanamiento que se realizó en el parqueadero de Padilla de Medellín se encontró información contable de los paramilitares.
Allí se hallaron mensajes de beeper donde se evidenciaba que el gobernador Álvaro Uribe sostenía contactos con sectores paramilitares.
Las Convivir
Según sentencias de Justicia y Paz, las “cooperativas Convivir” promovidas por el gobernador Álvaro Uribe tuvieron una función política, militar, logística y financiera para fortalecer al paramilitarismo.
Así Uribe promovía las Convivir: “Que malo hay que la comunidad tenga radiecitos”
Ninguna Convivir denunció nada a la Fiscalía.
Alias JL: “Álvaro Uribe pidió a Castaño que se instruyera gente buena para las Convivir para llegar a todo el país”.
Las Convivir de Uribe disparan las masacres en Antioquia. Un cable de WikiLeaks revela enfrentamiento entre Uribe y el presidente Samper, en el que Uribe sostiene que las Convivir debían tener armas de largo alcance.
La Revista Alternativa denunció un enorme arsenal para dotar a las Convivir. Uribe denunció a la publicación por calumnia.
La hoy senadora Aída Avella Esquivel acudió al gobernador Álvaro Uribe para que hiciera algo sobre las masacres paramilitares de sindicalistas y lideres de izquierda en el Urabá, donde se habla de cómo decapitaban obreros de un sindicato.
Uribe dijo: “Su carta de hoy es una irresponsable acusación”.
Luego de las denuncias del defensor de derechos humanos, Jesús Maria Valle, fue asesinado. Alias ‘Don Berna’, declaró que Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno del gobernador, Álvaro Uribe, fue hasta el campamento de Carlos Castaño a pedir su asesinato.
Mancuso señala que Pedro Juan Moreno (secretario de Gobierno de la Gobernación de Uribe) le solicitó “parar con las masacres” ya que afectaría la campaña presidencial, a cambio le prometió un proceso de paz.
Salen a relucir otros aportes de paramilitares a la campaña de Uribe, así como de alias ‘La Gata’.
Se revela coordinación entre los escoltas de Uribe en campaña con los paramilitares. Alias ‘Macaco’ y el Bloque Central Bolívar tenían esta coordinación.
Resumen en cifras y hechos del debate de 2014
– 84 acusaciones Comision de Acusaciones de la Camara
– 7 investigaciones preliminares en Fiscalía General
– 1 Investigación preliminar ante la Corte Suprema
– Querella en España
– 24 paramilitares que han testificado contra Uribe
– 8 sentencias judiciales con elementos que podrían comprometer a Uribe
– 2 sentencias de la Corte Interamericana de DDHH
– 15 funcionarios públicos que han testificado en contra de Uribe
Está judicialmente probado que:
– La Gobernación de Antioquia en el periodo de Uribe fue omisiva y descalificadora con las denuncias de le llegaron de paramilitarismo.
– Las Convivir fueron entidades institucionales al servicio del paramilitarismo.
– Las elecciones del 2002 fueron financiadas y apoyadas por el paramilitarismo, hay 60 condenas a congresistas.
– El DAS en el Gobierno Uribe se convirtió en una empresa criminal
Las decisiones de Uribe
– Entregó licencias a narcotraficantes
– Creó las Convivir paramilitares
– Abogó por el referendo sobre la extradición (auge del Cartel de Medellín)
– Ha nombrado a personas denunciadas por vínculos criminales
– Ha defendido y condecorado a funcionarios acusados y condenados
– Ha promovido que funcionarios requeridos por la justicia se fuguen
– Ha hecho negocios con 11 personas condenadas como paramilitares y narcos
