RESUMEN AGENCIAS /
El 2025 marca un nuevo hito en la historia política contemporánea del Perú: la destitución de la presidenta de facto Dina Boluarte Zegarra por «incapacidad moral permanente». Este hecho no solo representa el sexto cambio presidencial en menos de una década, sino que evidencia la persistente inestabilidad del sistema político peruano. La aprobación de la moción de vacancia en la madrugada de este viernes 10 de octubre por parte del Congreso, con 121 votos a favor, confirma la profunda crisis de confianza entre los poderes del Estado y la ciudadanía, en medio de crecientes tensiones sociales, corrupción y violencia.
De esta manera, Boluarte Zegarra, quien asumió el poder ejecutivo tras la destitución del presidente Pedro Castillo en 2022, se convirtió en la sexta presidenta del Perú en dejar el poder en menos de 10 años tras ser vacada por el Congreso de la República.
Desde el año 2016, Perú ha experimentado una sucesión vertiginosa de presidentes, resultado de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, denuncias de corrupción y protestas sociales masivas. La destitución de Dina Boluarte se inserta en este ciclo de crisis, donde los mecanismos constitucionales de vacancia han sido utilizados de manera recurrente como herramienta de control político y, en ocasiones, de desestabilización.
La ausencia de Boluarte en su propia defensa ante el Congreso refuerza la percepción de una clase política desconectada de la población y reacia a enfrentar los cuestionamientos públicos. La asunción de José Jerí, del ultraconservador partido Somos Perú, como presidente interino —pese a las graves denuncias penales en su contra—, refleja la falta de renovación y la persistencia de figuras cuestionadas en el escenario político.
El proceso de vacancia
La moción de vacancia por «incapacidad moral permanente» fue impulsada por diversos sectores del Congreso, argumentando graves faltas éticas y administrativas durante la gestión de Boluarte. Entre los motivos, destacan la falta de transparencia, presuntos actos de corrupción y una deficiente respuesta ante el avance del crimen organizado y la violencia social.
La contundente votación de 121 congresistas a favor de la destitución evidencia el consenso multipartidista para remover a la mandataria de facto. No obstante, este proceso también pone de manifiesto la debilidad de los partidos políticos, la fragmentación parlamentaria y la escasa legitimidad de las instituciones ante la opinión pública.
Reacciones y percepción ciudadana
La destitución de Boluarte ha generado inmediatas reacciones sociales en las principales ciudades del país. Diversos sectores ciudadanos, movimientos sociales y organizaciones sindicales han salido a las calles, tanto para celebrar la decisión como para manifestar su descontento ante lo que consideran una crisis crónica del sistema político.
La percepción ciudadana sobre el Congreso y los nuevos líderes políticos sigue siendo predominantemente negativa. El hartazgo social, la desconfianza en las instituciones y la sensación de incertidumbre se han profundizado, alimentando el riesgo de nuevas movilizaciones y posibles episodios de violencia.
El rol del crimen organizado y la violencia en la crisis actual
En paralelo a la crisis política, Perú enfrenta un preocupante incremento del crimen organizado y la violencia, especialmente en regiones estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal. La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana ha sido uno de los principales factores de desgaste del Gobierno de Boluarte y de sus predecesores.
El avance de estructuras criminales no solo afecta la vida cotidiana de la población, sino que también debilita la gobernabilidad y favorece la penetración de intereses ilícitos en la política. Esta convergencia entre inseguridad y crisis institucional amenaza la estabilidad democrática y dificulta la construcción de consensos para reformas profundas.
Implicaciones políticas y prospectiva
La llegada de José Jerí al poder, en medio de denuncias por abuso sexual, corrupción y desobediencia, y con una legitimidad precaria, plantea serios interrogantes sobre la capacidad del nuevo gobierno para conducir el país hacia la estabilidad. Los escenarios futuros para Perú incluyen:
-
Profundización de la crisis institucional: si no se restablece la confianza en las instituciones, es probable que se repitan episodios de vacancia y protestas, agravando la ingobernabilidad.
-
Reformas políticas y electorales: sectores de la sociedad civil y algunos partidos demandan cambios estructurales, como la convocatoria a una Asamblea Constituyente, reformas al sistema de partidos y mecanismos de control anticorrupción.
-
Crecimiento de la protesta social: el descontento acumulado puede traducirse en mayores niveles de movilización, huelgas y bloqueos, poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Estado.
-
Riesgo de autoritarismo: ante el caos, algunos actores podrían impulsar salidas autoritarias o de excepción, lo que supondría un grave retroceso democrático.
La destitución de Dina Boluarte es un síntoma de la profunda crisis política, social e institucional que atraviesa Perú. La reiterada sucesión presidencial, la fragmentación partidaria y el avance del crimen organizado configuran un escenario de alta volatilidad. En este contexto, la estabilidad democrática solo será posible a través de un proceso de diálogo nacional, reformas estructurales y la reconstrucción de la confianza ciudadana en sus instituciones.
El futuro político de Perú depende de la capacidad de sus líderes y de la sociedad para enfrentar los desafíos inmediatos con visión democrática, transparencia y compromiso con el interés público. De no hacerlo, el país corre el riesgo de perpetuar el ciclo de crisis y debilitar aún más los cimientos de su débil y horadada democracia.
Reacción de Pedro Castilla
Tan pronto se conoció la destitución de Boluarte, el presidente constitucional de Perú, Pedro Castillo, actualmente recluido en prisión, se pronunció a través de sus redes sociales. Expresó:
La vacancia o renuncia de la usurpadora siempre ha sido una exigencia popular. En ese esfuerzo, los hijos del pueblo derramaron su sangre y perdieron la vida por orden de un gobierno de facto.
Hoy, la hipocresía de los golpistas que llevaron a Dina Boluarte al poder, viendo que el final y la justicia terminarán por cercarlos, quieren borrar sus huellas del escenario de la dictadura. El fujicerronismo y la DBA, en su afán de buscar votos y garantizar el fraude electoral, exhiben su desesperación por aparecer, convenientemente, lo más lejos posible de la usurpadora.
Hermanos y hermanas de todos los pueblos del Perú: no renunciaremos a seguir luchando. La movilización social es, históricamente, la fuente de la victoria para recuperar y restituir el gobierno del pueblo que se me encomendó.
¡Solo el pueblo salva al pueblo!
