POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Hay momentos en la política en que las palabras dejan de servir para explicar la realidad y comienzan a utilizarse para esconderla. Eso ocurre cuando un gobernante, en lugar de responder por sus decisiones, busca convertir al Gobierno anterior en responsable de todos los males del presente.

Por eso hay que responderle a ilegitimo presidente Abelardo de la Espriella con algo muy sencillo: gobernar no es culpar; gobernar es responder.

Colombia no necesita un Presidente dedicado a mirar por el retrovisor mientras los problemas crecen frente a sus ojos. Necesita soluciones.

 

El argumento de Gustavo Petro es contundente: su Gobierno recibió una pesada carga de endeudamiento y obligaciones fiscales y, según sus cifras, pagó compromisos heredados sin utilizar nuevo endeudamiento para financiar gasto distinto del servicio de la deuda. Al mismo tiempo, sostiene que logró reducir la relación deuda/PIB y aumentar la inversión productiva y social.

La discusión, entonces, no puede ser una competencia de insultos. Debe ser una discusión sobre cifras, resultados y responsabilidades.

 

¿Quién endeudó al país? ¿Quién pagó esas obligaciones? ¿Quién se beneficia de los intereses de la deuda pública? ¿Y quién termina pagando la factura?

La respuesta es conocida: la factura finalmente llega a los trabajadores, a las familias y a los pequeños empresarios. Por eso resulta absurdo hablar de austeridad mientras se pretende descargar el costo de la crisis sobre quienes menos tienen.

Si Colombia necesita recursos, la pregunta debe ser inevitable: ¿por qué siempre se piensa primero en recortar derechos y nunca en exigir mayor contribución a quienes concentran la riqueza? Ahí está el verdadero debate.

No se trata de defender ciegamente a ningún gobierno. Se trata de defender una idea elemental de justicia: quien tiene más capacidad económica debe aportar más.

También está en juego el futuro pensional. Si existen recursos pertenecientes a los trabajadores, no puede aceptarse tranquilamente que esos recursos sean sustituidos por deuda pública y que las nuevas generaciones terminen pagando lo que otros decidieron.

Los trabajadores no pueden ser siempre los que ponen la plata, mientras otros administran, cobran comisiones y deciden sobre su futuro.

Pero hay algo todavía más grave. Colombia no puede convertirse en una finca disponible para quien tenga dinero para comprarla.

La discusión sobre las relaciones con Estados Unidos, los aranceles, los minerales estratégicos, la energía y los recursos naturales debe hacerse desde la soberanía nacional. Una cosa es cooperar con las grandes potencias. Otra muy distinta es negociar desde la subordinación.

Si una potencia extranjera llega a Colombia, la pregunta no puede ser solamente qué ofrece. La pregunta verdadera es: ¿qué quiere llevarse? Porque los recursos naturales pertenecen a la Nación y su aprovechamiento debe beneficiar prioritariamente al pueblo colombiano.

Y mientras se discuten estas cosas, el país enfrenta problemas concretos: seguridad, guerra, narcotráfico, empleo, pobreza, energía, agua, campo y cambio climático.

Una mega sequía no se combate con discursos. El desempleo no se combate con discursos. El hambre no se combate con discursos. La deuda tampoco.  Se combate gobernando.

Por eso la crítica a Abelardo de la Espriella no necesita odio. Necesita memoria. Porque quienes hoy prometen salvar a Colombia deben explicar primero qué modelo económico está aplicando, quién pagará sus decisiones y quién se beneficiará de ellas.

La verdadera corrupción no puede convertirse en una palabra para lanzar contra el adversario político mientras se olvidan los intereses económicos que históricamente han saqueado los recursos públicos.

La corrupción debe investigarse venga de donde venga. Pero gobernar también significa tener el valor de enfrentar a los poderosos. Y allí está la diferencia entre un discurso y un proyecto de país.

Colombia no necesita un Presidente que gobierne para los mercados, para los poderosos o para los intereses extranjeros. Necesita un gobierno que gobierne para su pueblo.

Porque cuando un gobernante reduce el gasto social, aumenta la deuda, abandona los damnificados del terremoto, discrimina al campesino, abandona la inversión pública y entrega decisiones estratégicas a intereses particulares, no está solucionando la crisis: la está trasladando hacia el futuro. Y el futuro tiene nombre: son nuestros trabajadores, son nuestros jóvenes, son nuestros campesinos, son nuestras familias. Ellos serán quienes paguen la cuenta.

Por eso la discusión no es Petro contra De la Espriella. La discusión verdadera es mucho más profunda: ¿queremos una Colombia que se gobierne desde la soberanía y la justicia social, o una Colombia sometida a los intereses de quienes siempre han tenido el poder económico?

Que nadie se engañe. Los discursos pueden ocultar temporalmente la realidad. Pero las cifras, el hambre, el desempleo, la deuda y la vida cotidiana del pueblo terminan diciendo la verdad.

Y cuando llegue la hora de rendir cuentas, no bastará con señalar al Gobierno anterior. Habrá que responder por lo que cada gobernante hizo y por lo que dejó de hacer cuando tuvo el poder en sus manos.