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“La etiqueta de ‘rescate’ encubre una inadmisible decisión distributiva: aliviar al capital mientras se exige más a las familias trabajadoras. Los choques mundiales en curso exigen prepararnos mejor, no aprovechar el miedo para privilegiar al capital”, sostiene en su más reciente columna periodística para el portal Confidencial Noticias, la excongresista y exministra Clara López Obregón.
En materia tributaria, agrega “Colombia necesita un ajuste responsable y un diagnóstico honesto” y cuestiona que con el proyecto denominado “Ley de rescate Económico” presentado por el Gobierno de De la Espriella al Congreso se busque “financiar rebajas impositivas al capital exigiéndoles más a las familias trabajadoras mientras se invoca una emergencia fiscal”.
El texto del comentario periodístico es el siguiente:
Al rescate de los privilegiados
POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN
La etiqueta de “rescate” encubre una inadmisible decisión distributiva: aliviar al capital mientras se exige más a las familias trabajadoras. Los choques mundiales en curso exigen prepararnos mejor, no aprovechar el miedo para privilegiar al capital.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella presenta su Ley de Rescate Económico como si se tratara de la respuesta inevitable a una catástrofe heredada. Pero la necesidad de corregir las cuentas públicas no explica por qué propone renunciar a ingresos del capital y, en su reemplazo, aumentar la carga de las familias trabajadoras. Si faltan recursos para atender la deuda, resulta contradictorio reducir impuestos a quienes mejor pueden contribuir a pagarla.
Colombia necesita un ajuste responsable y un diagnóstico honesto. Atribuir todo el desequilibrio fiscal a Petro borra la deuda de la pandemia, las obligaciones acumuladas del fondo de combustibles y los choques internacionales. Su Gobierno responde por sus decisiones y brechas de financiación; también deben reconocerse los pagos de obligaciones recibidas y las correcciones que emprendió.
El PNUD advierte que gran parte de los países enfrentan energía más cara, riesgos climáticos y tasas internacionales de interés más elevadas. Los fertilizantes transmiten el encarecimiento energético de las guerras a los alimentos. Contener esos impactos cuesta recursos públicos y trasladarlos íntegramente a las familias cuesta bienestar. La presión fiscal no nació exclusivamente en Colombia ni puede explicarse únicamente por el Gobierno anterior.
Precisamente por ese entorno, debemos fortalecer los ingresos permanentes del Estado. Sin embargo, el proyecto reduce la tarifa de renta empresarial del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. Hacienda estima un sacrificio de 0,19 % del PIB el primer año y 0,42 % después. Los cambios al patrimonio restan otro 0,02 % anual hasta 2030, antes de su derogación prevista para 2031.
En pesos de referencia de 2027, esas dos rebajas representan aproximadamente $4,46 billones el primer año y $9,35 billones anuales entre 2028 y 2030. Conservar las tarifas de renta vigentes permitiría reducir el nuevo endeudamiento y no aumentar las cotizaciones en salud propuestas en el proyecto, manteniendo la misma meta fiscal. Solo las mayores cotizaciones de salud de empleados, independientes y regímenes especiales aportarán 0,27 % del PIB o aproximadamente $5,74 billones en 2027: más que ambas rebajas de impuestos juntas ese año.
Y que no se insista que con menores impuestos a las empresas y a los patrimonios altos aumentará el crecimiento económico. La curva de Laffer que relaciona tarifas y recaudo, no demuestra que cualquier rebaja produzca inversión o se pague sola. La receta popularizada con Reagan y Thatcher no ofrece esa garantía. Hasta George Bush padre llamó “voodoo economics” a las promesas de Reagan en ese sentido. Lo que David Hope y Julian Limberg encontraron al estudiar grandes rebajas a los ricos en 18 países entre 1965 y 2015, fue mayor desigualdad, sin efectos estadísticamente significativos sobre crecimiento o desempleo. El derrame no puede presumirse.
Tampoco basta prometer la devolución del IVA. Su eficacia exige cobertura, identificación de compras y pagos oportunos en un país donde cunde la informalidad comercial y las barreras de conectividad coinciden con las poblaciones más desprotegidas. Bienvenida la devolución para los más desaventajados, pero es mejor evitar nuevas cargas sobre necesidades básicas cuando no puede garantizarse una compensación efectiva.
El paquete sí propone un ajuste agregado. Lo cuestionable es financiar rebajas impositivas al capital mientras se invoca una emergencia fiscal. Necesitamos una reforma que asegure recaudo permanente, cierre privilegios injustificados, combata la evasión y proteja la inversión productiva y a los hogares vulnerables.
Un ajuste fiscal responsable consiste en reducir la fragilidad del Estado y de la población. La etiqueta de “rescate” encubre una inadmisible decisión distributiva: aliviar al capital mientras se exige más a las familias trabajadoras. Los choques mundiales en curso exigen prepararnos mejor, no aprovechar el miedo para privilegiar al capital.
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