TSC /

En un contexto de renovadas tensiones hemisféricas y bajo el signo de la urgencia, Bogotá fue escenario los días 24 y 25 de enero de 2026 de la Cumbre “Nuestra América”, convocada por la Internacional Progresista. El encuentro, celebrado en el histórico Palacio de San Carlos, reunió a líderes políticos, delegaciones oficiales y movimientos sociales de América Latina y el Caribe para articular una respuesta colectiva ante la reactivación de la Doctrina Monroe, la creciente injerencia de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y el notorio agotamiento de los mecanismos multilaterales tradicionales.

El evento no solo buscó articular estrategias ante amenazas externas, sino revitalizar el debate sobre la soberanía y la integración regional en un momento de inflexión geopolítica.

El Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, fue el epicentro del evento y aportó una carga simbólica fundamental. Edificio emblemático de la diplomacia colombiana y latinoamericana, alberga hitos como la firma de tratados y conferencias panamericanas. Su elección como sede evocó la memoria de una América Latina capaz de forjar consensos y resistir presiones externas, y constituyó un mensaje de reafirmación soberana: el mismo lugar donde Simón Bolívar y los próceres soñaron con la unidad continental volvió a ser testigo del esfuerzo por renovar el pacto regional frente a nuevas amenazas.

La convocatoria de urgencia respondió a la intensificación de discursos y acciones intervencionistas por parte de Washington tras el regreso de Donald Trump a la Presidencia estadounidense. En sus primeros pronunciamientos, la Casa Blanca revitalizó el espíritu de la Doctrina Monroe —“América para los (norte)americanos”—, reinterpretada en clave de control político, sanciones económicas selectivas y respaldo abierto a actores opositores a los dictados de Washington como Venezuela, Cuba y Nicaragua. El despliegue militar en el Caribe, la presión sobre gobiernos progresistas y el uso de instrumentos multilaterales para aislar a disidentes han aumentado la percepción de amenaza y la necesidad de una reacción coordinada.

La historia reciente confirmó que la agenda estadounidense sigue considerando a América Latina como su “patio trasero”, poniendo en entredicho los avances en autonomía y autodeterminación alcanzados en décadas anteriores.

El evento fue también una respuesta al evidente desgaste de instancias multilaterales. La ONU, con su Consejo de Seguridad paralizado por vetos cruzados, demostró escasa capacidad para frenar sanciones unilaterales y violaciones a la soberanía regional.

La CELAC, pese a sus intenciones integracionistas, ha carecido de mecanismos vinculantes y cohesión frente a crisis recientes. Unasur, clausurada por la salida de varios miembros y la fragmentación política, no logró articular posiciones comunes ante la ofensiva estadounidense. Esta parálisis institucional generó un vacío que la cumbre buscó llenar, apostando por la construcción de nuevas formas de coordinación y acción directa entre actores progresistas, gobiernos y movimientos sociales.

La cumbre congregó a delegaciones oficiales de más de América Latina, Europa y Estados Unidos, así como a referentes de movimientos sociales, sindicatos y redes de intelectuales críticos. Los objetivos centrales fueron: 1) consolidar una agenda común frente a la injerencia extranjera; 2) definir mecanismos de defensa colectiva de la soberanía; 3) articular propuestas para la integración económica, energética y de comunicación; y 4) establecer canales de solidaridad activa ante eventuales represalias.

Los debates giraron en torno a la urgencia de fortalecer la interlocución con la sociedad civil y diseñar respuestas pragmáticas ante la ofensiva externa.

La declaración plantea una hoja de ruta para la integración integral del hemisferio, destacando la defensa conjunta de la soberanía alimentaria, la protección de los recursos naturales frente a intereses externos y la articulación de respuestas jurídicas ante sanciones extraterritoriales. La cumbre enfatizó la necesidad de una diplomacia activa y popular, capaz de dialogar con actores estatales y no estatales.

Reunión con el presidente Petro

Una delegación de la Internacional Progresista se reunió con el presidente Gustavo Petro. El mandatario colombiano expresó su respaldo a los esfuerzos de integración y la defensa de la soberanía regional, señalando la importancia de abandonar la lógica del alineamiento automático y promover un multilateralismo propio. Esta postura refuerza el rol de Colombia como actor bisagra entre el norte y el sur del continente, y podría traducirse en una política exterior más autónoma, orientada a la convergencia progresista y la defensa de la paz regional.

El encuentro con Petro también evidenció la voluntad de involucrar a actores estatales del continente en la construcción de respuestas colectivas, más allá de la retórica, al tiempo que constituyó una señal de continuidad del esfuerzo del Gobierno colombiano por consolidar alianzas con sectores progresistas internacionales y actores críticos del orden económico y geopolítico actual.

La Cumbre ‘Nuestra América’ representa un hito en la rearticulación de las fuerzas progresistas y soberanistas ante el resurgimiento de la injerencia estadounidense y el agotamiento de los mecanismos multilaterales tradicionales. Si bien enfrenta desafíos —fragmentación política, asimetrías económicas, presiones externas—, el evento demostró capacidad de convocatoria, voluntad de acción y una renovada conciencia histórica sobre la importancia de la unidad latinoamericana.

El Palacio de San Carlos, como escenario, recordó que los momentos de mayor amenaza pueden ser también oportunidades para la reinvención política y la afirmación de la soberanía.

De cara al futuro, la eficacia de las propuestas dependerá de su traducción en acciones concretas, la articulación entre Estados y sociedad civil, y la construcción de un multilateralismo genuinamente latinoamericano. En suma, la cumbre dejó como legado un mandato de vigilancia, movilización y creatividad política en defensa de la autonomía regional.

Participación ciudadana en acto de cierre

Durante la sesión de cierre de la Cumbre Internacional ‘Nuestra América’, que tuvo lugar en el Teatro Colón al finalizar la tarde del pasado sábado 24 de enero con amplia participación ciudadana se realizaron tres paneles en los que líderes de América Latina, representantes europeos y algunos congresistas estadounidenses reafirmaron su compromiso con la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional.

Las intervenciones destacaron que el mundo ante la violación sistemática de derechos humanos ha vuelto a la época de la piratería internacional desatando un ‘lawfare’ hegemónico que es urgente detener para que no se siga escalando la pugnacidad en el tablero geopolítico internacional.

En el encuentro también se planteó la creación de mecanismos hemisféricos orientados a rechazar la militarización y promover soluciones diplomáticas a los conflictos regionales.

Declaración Final

 

El domingo 25 de enero, tras las jornadas de deliberación de la Internacional Progresista en la capital colombiana se expidió una declaración, cuyo texto es el siguiente:

Los delegados de gobiernos, parlamentos y movimientos adoptan la Declaración de San Carlos y se comprometen a actuar de manera coordinada contra la coacción en las Américas.

PARTE I

Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la prohibición del uso de la fuerza y ​​el derecho sagrado de todos los pueblos a la libre determinación,

Reconociendo que estos son los principios que animaron a Simón Bolívar en su lucha por un continente libre, a José de San Martín en su visión de una América independiente y soberana, a Benito Juárez en su búsqueda de una paz duradera entre sus naciones y a José Martí en su llamado a defensor de la intervención imperialista;

Destacando que la actual coyuntura internacional se caracteriza por la erosión de esos principios, a medida que las fuerzas reaccionarias se levantan para reafirmar el dominio de los Estados Unidos sobre sus naciones vecinas y más allá mediante la coacción, la manipulación y la intervención militar;

Alarmados por el hecho de que este proyecto se haya articulado explícitamente bajo la bandera de una Doctrina Monroe revivida y un nuevo «Corolario Trump», que afirma que los Estados Unidos son una esfera de control exclusiva y trata la soberanía, la democracia y el derecho internacional como impedimentos en lugar de obligaciones;

Observando con gran preocupación que esta doctrina ya se ha puesto en práctica mediante actos concretos, entre los que se incluyen:

La intervención financiera en Argentina con el objetivo de condicionar la política económica y limitar la elección democrática;

La intervención electoral en Honduras, incluido el indulto al narcodictador condenado Juan Orlando Hernández y la campaña para nombrar al Partido Nacional para la presidencia;

La intervención militar en Venezuela mediante una campaña de bombardeos en la capital, Caracas, que cobró vidas civiles y la muerte de 32 combatientes cubanos que enfrentaron digna y valientemente a la hostil Intervención de Estados Unidos y la defensa del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores;

Los ataques a buques civiles en el Mar Caribe y el Pacífico, llevados a cabo sin el debido proceso y que resultaron en la ejecución extrajudicial de más de cien pescadores y tripulaciones de embarcaciones;

El recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero y el incremento de las amenazas contra Cuba con el objetivo de derrocar la Revolución;

Los designios expansionistas sobre Groenlandia, donde las demandas de adquisición por parte de los Estados Unidos no tienen en cuenta la soberanía de su pueblo ni su derecho a la autodeterminación;

La violación sistemática de los derechos políticos, civiles y sociales de los más de cincuenta millones de migrantes que viven en los Estados Unidos —en su gran mayoría de origen latinoamericano— que son objeto de detención, expulsión y represión por parte de las autoridades estatales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE);

Las persistentes amenazas y ataques políticos dirigidos contra el gobierno soberano y democrático de México, encabezados por su primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, encaminados a desacreditar un proyecto de transformación social y socavar la dignidad y la autodeterminación del pueblo mexicano;

El apoyo al ‘lawfare’ como arma de persecución política, desplegado contra líderes políticos que promueven la soberanía y la integración regional, como Lula Da Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner, y la escalada a nivel internacional con las sanciones de la OFAC contra Gustavo Petro.

Reconocer que esta escalada constituye no solo una amenaza sin precedentes para los pueblos de las Américas, sino también una amenaza directa al principio universal de la autodeterminación, cuya aplicación selectiva debilita su validez en todas partes;

Recordando la observación del presidente Gustavo Petro de que el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel en Gaza no era más que un presagio para todos los pueblos que se niegan a la subyugación, lo que demuestra cómo las violaciones incontroladas del derecho internacional migran de una región a otra;

Afirmando, por lo tanto, que los firmantes de las Américas y más allá se unen a esta Declaración con la convicción de que la defensa de la soberanía hemisférica es inseparable de la defensa del derecho internacional a nivel mundial, y que solo la solidaridad internacional coordinada puede detener la actual trayectoria hacia la expansión de la violencia imperial.

PARTE II

 

Afirmando que la acción colectiva entre los Estados soberanos y sus pueblos es la única estrategia capaz de resistir un ataque organizado en virtud de la Doctrina Monroe, y que la fragmentación sigue siendo la condición principal de la que depende la dominación;

Reconociendo que los instrumentos contemporáneos de coacción rara vez se presentan sólo como guerra, sino como una combinación de presión financiera, medidas coercitivas unilaterales, guerra de información, restricciones punitivas al comercio y la energía, aislamiento diplomático calibrado, y ataques sistemáticos contra los trabajadores y el movimiento sindical, diseñados para debilitar la legitimidad, agotar la capacidad pública y forzar resultados políticos;

Reconocer que el acceso universal a servicios públicos de calidad —incluidos la educación, la salud y la protección social, la energía, el agua y el saneamiento— es una condición necesaria para una democracia funcional, equitativa y estable, y que esos servicios son esenciales para romper los ciclos de desigualdad estructural, social y económica que erosionan la participación democrática y la soberanía popular;

Observando que la actual administración de los Estados Unidos ha seguido una estrategia deliberada de división mediante la intimidación, la coacción y el aislamiento, incluyendo sanciones financieras, restricciones comerciales, bloqueos energéticos y presión diplomática con el fin de fracturar la cooperación regional e imponer resultados desde el extranjero;

Subrayando que ninguna nación por sí sola puede resistir de manera confiable la presión ejercida por el aparato militar y financiero más grande del mundo, pero que mediante la cooperación las naciones pueden construir la autonomía, la resiliencia y la capacidad compartida necesarias para resistir y desarrollarse en condiciones geopolíticas adversas;

Recordando que los pueblos de las Américas han promovido repetidamente su libertad y estabilidad cuando han accionado de manera concertada, incluso en resistencia a legados coloniales como la continua ocupación de las Malvinas, y mediante la creación de mecanismos regionales y subregionales que ampliaron el espacio político, fortalecieron el apoyo mutuo y redujeron la exposición a la tutela externa;

Recordando en particular el establecimiento del Consejo de Defensa de América del Sur dentro de la UNASUR como un esfuerzo por desarrollar la coordinación regional, el fomento de la confianza y el diálogo sobre la defensa soberana sobre la base de la no intervención, reduciendo así la dependencia de las doctrinas, las vías de formación y las arquitecturas de seguridad históricamente configuradas por los Estados Unidos, incluidas las asociadas con la Escuela de las Américas;

Recordando también la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como foro para el multilateralismo latinoamericano y caribeño sin tutela externa, que proporciona un espacio para la coordinación política y las posiciones comunes independientes de la Organización de Estados Americanos, dominada por los Estados Unidos, al servicio de la aspiración de la región de convertirse en una Zona de Paz;

Reconociendo que estas experiencias demuestran una lección fundamental para la coyuntura actual, a saber, que la soberanía no se preserva mediante el aislamiento, sino mediante una cooperación deliberada que convierte la vulnerabilidad compartida en fuerza compartida y transforma la proximidad geográfica en solidaridad política;

Haciendo hincapié en que la coordinación intergubernamental, aunque indispensable, seguirá siendo insuficiente sin el poder popular de los movimientos sociales, organizaciones populares, sindicatos, y los jóvenes, cuya creatividad y acción colectiva configuran los horizontes de la democracia, para defender la soberanía y promover los intereses de la clase trabajadora, además del surgimiento de un movimiento de solidaridad renovado en el Norte Global capaz de rechazar la complicidad, cuestionar el militarismo y afirmar en las instituciones públicas y la vida cívica que no se llevarán a cabo agresiones ni. coacciones en su nombre;

Reconociendo que este poder popular depende de la capacidad de pensar, aprender y actuar juntos, y que la producción de conocimiento crítico, educación política y análisis compartido es una dimensión esencial de cualquier proyecto de transformación democrática;

Destacando, por lo tanto, que la estrategia de Nuestra América debe entenderse como diplomática, económica, cívica, popular, social y cultural al mismo tiempo: un frente común que fortalece la resiliencia colectiva, defiende la elección democrática y los derechos humanos de la coacción externa y restaura la primacía del derecho internacional mediante una acción coordinada a través de las fronteras.

PARTE III

 

Nosotros, los delegados de la reunión inaugural de Nuestra América en Bogotá, Colombia, afirmamos el horizonte compartido de: un hemisferio que se gobierna a sí mismo, defiende a sus pueblos y habla con su propia voz.

Para avanzar en este proyecto, nos comprometemos a una estrategia común para resistir la coacción, construir la autonomía a través de la democracia y la integración, y proyectar Nuestra América como una fuerza para la soberanía entre las naciones y la solidaridad entre los pueblos.

Para resistir la coacción, nos comprometemos a:

Buscar una participación coordinada en los foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas y sus organismos especializados, para defender la Carta, defender la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y ​​resistir los esfuerzos por normalizar las acciones coercitivas unilaterales.

Establecer mecanismos para mejorar la coordinación hemisférica y el apoyo mutuo en respuesta a las sanciones, los bloqueos, los esfuerzos de desestabilización y las crisis económicas repentinas, incluyendo la identificación de necesidades comunes, mejores prácticas y vías de cooperación.

Promover la solidaridad y afirmar la soberanía en todo el hemisferio —desde Cuba hasta Venezuela, desde México hasta Colombia y más allá— ampliando la asistencia médica, alimentaria, energética y de respuesta a desastres; desarrollar enfoques colectivos para mitigar el impacto civil de las medidas coercitivas unilaterales; y afirmando que ningún desafío en nuestra región se enfrentará con una invasión o una coacción militarizada, sino con diálogo y enfoques cooperativos y basados ​​en los derechos ante los desafíos regionales compartidos.

Apoyar la documentación y el análisis de la coacción y la desinformación, incluidas las medidas unilaterales, la injerencia encubierta y la guerra de información, con el fin de informar la participación diplomática, las estrategias y la comprensión legal pública.

Fomentar la colaboración entre expertos jurídicos e instituciones para compartir jurisprudencia, evaluar vías de impugnación jurídica y explorar respuestas coordinadas a la coacción ilegal y la aplicación extraterritorial de la ley.

Defender los derechos de los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, oponerse a las deportaciones masivas y promover las condiciones de paz, prosperidad y desarrollo democrático en nuestra región.

Defender los derechos de los trabajadores, promoviendo los derechos sindicales y laborales, incluyendo el derecho a la organización, la negociación colectiva, y la huelga en nuestra región para que ningún trabajador se vea obligado a abandonar su patria en busca de dignidad en otro lugar.

Para reafirmar nuestra independencia, nos comprometemos a:

Fortalecer el diálogo regional sobre la protección de los procesos democráticos, incluido el intercambio de experiencias sobre el acompañamiento electoral, las salvaguardias para la participación ciudadana y las respuestas diplomáticas a la injerencia o la intimidación externa.

Examinar opciones para una mayor autonomía financiera y comercial, incluyendo acuerdos regionales de compensación, canales de pago de contingencia y una mayor cooperación comercial Sur-Sur, con el objetivo de reducir la exposición a la coacción política y económica.

Promover la cooperación en materia de soberanía energética y alimentaria, y el fortalecimiento de los servicios públicos mediante el intercambio de información y la exploración de enfoques conjuntos para las reservas estratégicas, la contratación y provisión pública, la inversión en infraestructura, la propiedad pública y la producción agrícola sostenible al servicio del desarrollo ecológico.

Revitalizar los esfuerzos de integración regional mediante el intercambio de experiencias, la identificación de áreas de convergencia y la búsqueda de iniciativas de cooperación que mejoren el poder de negociación colectiva, protejan los bienes públicos y amplíen el espacio político.

Para fortalecer Nuestra América, nos comprometemos a:

Mantener un proceso vivo de coordinación entre gobiernos, movimientos, fuerzas políticas, sindicatos y pueblos, profundizando este diálogo a través de reuniones, iniciativas compartidas y canales de cooperación permanentes buscando avanzar hacia una ciudadanía de las américas con garantía de derechos.

Ampliar alianzas con movimientos de resistencia internacionales y fomentar el diálogo con los pueblos del Norte Global con el objetivo de desafiar la complicidad con la agresión, oponerse a las ganancias derivadas de la coacción y la guerra, y promover el cumplimiento del derecho internacional y la coexistencia pacífica.

Convocar a la próxima reunión de Nuestra América en La Habana, Cuba, llamando a todos los pueblos del mundo a solidarizarse con el pueblo cubano y su lucha permanente por la defensa de su soberanía y libre determinación ante las pretensiones y amenazas estadounidenses.

Con este espíritu, y ante los grandes peligros, forjaremos un futuro para las Américas que fomente la unidad, la soberanía y la paz por encima del miedo, la violencia y la dominación extranjera.

Bogotá, 25 de enero de 2026.