POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Del engaño electoral al golpe contra el bolsillo popular. El pueblo debe levantarse pacíficamente por sus derechos.

La política tiene una regla que el pueblo conoce demasiado bien: una cosa es lo que se promete para conquistar los votos y otra lo que se hace cuando se llega al poder. Y cuando esa diferencia termina golpeando el bolsillo de los trabajadores, campesinos, pensionados y sectores populares, ya no estamos ante una simple contradicción: estamos ante una profunda traición a la confianza ciudadana.

Abelardo de la Espriella llegó con el discurso de que no subiría los impuestos, de que reduciría el Estado y de que liberaría a Colombia de las cargas económicas que, según decía, asfixiaban al pueblo.

Prometió prosperidad, empleo, inversión y alivio para las familias. Incluso se burló de quienes advertían que sus políticas podían terminar perjudicando a sus propios votantes. Pero hoy, frente a las medidas tributarias que anuncia su Gobierno neoliberal y pro oligárquico mediante una reforma presentada a consideración del Congreso, la pregunta es inevitable: ¿quién terminó pagando la factura? ¿La oligarquía o el pueblo que creyó en sus promesas?

Del discurso de campaña al sablazo contra el bolsillo

Durante la campaña electoral De la Espriella les prometió a los colombianos que durante su Gobierno vivirían mejor. Sin embargo, las medidas descritas apuntan en sentido contrario: mayores aportes a salud para determinados sectores, más descuentos para trabajadores independientes, nuevos gravámenes sobre ingresos medios y la aplicación del IVA del 19 % a productos de la canasta familiar.

Si estas propuestas se concretan, el resultado para millones de hogares será sencillo de entender: menos dinero disponible y mayores costos para vivir.

El trabajador recibe su salario, paga sus obligaciones y va al mercado. Pero ahora puede encontrarse con nuevos descuentos y alimentos más caros. ¿Cómo se puede hablar de prosperidad cuando a una familia le alcanza cada vez menos para comer?

¿Dónde quedó la promesa de no subir impuestos?

¿Dónde quedó el compromiso de aliviar el costo de vida? ¿Dónde quedó el discurso de defender a quienes producen la riqueza del país?

La realidad es que no se puede llenar el bolsillo de los colombianos con discursos mientras se les vacía mediante decisiones económicas. Ahí está el talante expoliador del autodenominado “tigre” que muestra los dientes al pueblo y acaricia a los poderosos. Aquí aparece la verdadera contradicción de clase.

Mientras se anuncian mayores cargas para trabajadores y familias, las medidas señaladas contemplan reducir la tarifa de renta empresarial del 35 % al 31 %, elevar el umbral del impuesto al patrimonio y avanzar hacia su eliminación.

Es necesario discutir con transparencia quién recibe los beneficios y quién termina pagando los costos. Porque cuando se les pide sacrificio a los de abajo y se ofrecen alivios a los de arriba, la política económica deja de ser neutral.

Al trabajador se le exige apretarse el cinturón. Al pensionado se le pide resignación. Al campesino se le encarecen los costos. A las familias se les amenaza con un mercado más caro. Mientras tanto, los grandes capitales esperan nuevos beneficios. Ese es el verdadero rostro del tigre de la oligarquía: feroz con el bolsillo popular y complaciente con los intereses de los privilegiados.

No se trata de estar contra la empresa ni contra la inversión. Se trata de rechazar un modelo en el que las ganancias se concentran y los sacrificios se socializan.

Reducir el Estado no significa construir un país mejor

La ofensiva también apunta contra el empleo público y el tamaño del Estado, presentando a sus trabajadores como si fueran responsables de todos los problemas económicos. Pero el Estado no es solamente una nómina. Es salud, educación, pensiones, infraestructura, justicia, protección social y servicios esenciales.

Cuando se recorta indiscriminadamente el empleo público, no solo se amenaza el sustento de miles de familias: también puede deteriorarse la atención que recibe la ciudadanía.

¿De qué sirve reducir el Estado si la gente termina esperando más por una cita médica, si se debilita la educación pública o si se abandonan las comunidades?

¿De qué sirve hablar de confianza inversionista si los trabajadores pierden capacidad de compra y los pequeños productores enfrentan mayores costos?

Una economía no puede sostenerse únicamente con beneficios para los grandes empresarios. Necesita salarios dignos, campesinos con capacidad de producir, pequeños negocios que puedan sobrevivir y familias con dinero para consumir.

Empobrecer al pueblo no es crear riqueza. Es debilitar el mercado interno y poner en riesgo el empleo.

“La Patria milagro”: el pueblo paga y la oligarquía celebra

La contradicción es cada vez más evidente: se prometió menos impuestos y se anuncian nuevas cargas; se prometió prosperidad y se amenaza el ingreso familiar; se prometió combatir los privilegios y se ofrecen alivios a sectores económicamente poderosos.

El problema no es solamente cuánto se recauda, sino de dónde sale el dinero y sobre quién recae el sacrificio.

Una política tributaria justa debe garantizar que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan de manera proporcional, sin descargar el peso sobre los hogares que apenas sobreviven con sus ingresos.

No podemos aceptar que los trabajadores sean presentados como el problema mientras se protegen los privilegios de quienes concentran la riqueza.

Bienvenidos a la demagógica “Patria milagro”: el trabajador gana menos, el mercado cuesta más, el empleo se amenaza y los grandes capitales esperan nuevos beneficios.

Ese es el país que debemos discutir colombianos sin miedo, sin engaños y sin aceptar que las promesas electorales se conviertan en letra muerta.

Que el pueblo vuelva a las calles. Por un segundo estallido social pacífico y democrático.

Colombia no puede quedarse de brazos cruzados mientras se amenaza el ingreso de las familias y se ponen en riesgo derechos conquistados durante décadas de lucha. Es hora de que los sindicatos, las centrales obreras, los pensionados, los estudiantes, los campesinos, las organizaciones sociales y las comunidades populares levanten una voz unitaria.

Desde la ciudadanía libre y consciente convocamos al pueblo colombiano a organizar un segundo estallido social, pacífico, democrático y multitudinario. Que las calles y las plazas vuelvan a ser escenarios de dignidad, conciencia y defensa de los derechos.

Que la movilización nacional exija: que no se descarguen nuevos impuestos sobre los alimentos y las necesidades básicas de las familias. Que los sectores de mayores ingresos y las grandes fortunas contribuyan de manera justa. Que se protejan el empleo digno, los salarios y los derechos laborales.

Que no se debiliten los servicios públicos esenciales ni la protección social. Que se publiquen y expliquen con claridad los impactos reales de las medidas tributarias. Que se cumplan las promesas electorales y se respete la voluntad popular.

La movilización debe ser firme, organizada y pacífica. Nuestra fuerza ciudadana está en la unidad, en la conciencia y en la participación democrática de millones de colombianos.

El voto no es un cheque en blanco. Quien llega al poder tiene la obligación de responderle al pueblo y rendir cuentas por sus compromisos y decisiones.

Que no nos gobiernen con mentiras

De la Espriella debe responderle al país: ¿dónde quedaron sus promesas de no subir impuestos? ¿Por qué los trabajadores deben pagar el costo de las decisiones económicas de corte neoliberal mientras se ofrecen beneficios a los sectores más poderosos?

El pueblo no puede aceptar que lo engañen en campaña y lo castiguen desde el gobierno. La patria no es un negocio de la oligarquía. La riqueza nacional debe estar al servicio de la vida, el trabajo y la dignidad humana.

A las calles, Colombia. Por un segundo estallido social pacífico y democrático.

Que la crisis no la paguen los trabajadores. Que los ricos paguen lo justo. Por empleo digno, justicia social y soberanía popular. El pueblo unido no se arrodilla: se organiza, lucha y defiende sus derechos.