POR RICARDO VILLA SÁNCHEZ /
“La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.
– Paulo Freire
La crisis de la Autónoma abre una discusión inédita en Colombia: ¿puede el Estado recuperar una universidad privada para blindarla de la corrupción y garantizar el derecho a la educación?
En Barranquilla, la crisis de la Universidad Autónoma del Caribe se mide en angustias cotidianas: jóvenes que no saben si perderán el semestre, padres que hacen cuentas imposibles para sostener las matrículas, profesores que sienten que su trabajo académico pende de un hilo. La educación, tantas veces invocada como derecho en discursos solemnes, aquí se reduce a una pregunta sencilla y dolorosa: ¿se podrá seguir estudiando mañana?
La Autónoma carga con un pasado turbulento de corrupción y clientelismo que casi la lleva al naufragio. De hecho, la actual Rectoría no nació de un proceso ordinario, sino de una intervención estatal que evitó su hundimiento. Esa historia reciente marca el debate actual: si ya hubo que rescatarla una vez, ¿no sería más sensato consolidar ese rescate convirtiéndola en universidad pública?
Hoy la institución explora dos caminos. El primero, un ajuste interno con recorte drástico de gastos. El segundo, un cambio de naturaleza jurídica mediante una ley de la República, siguiendo la experiencia de otras universidades que pasaron de privadas a públicas. El Gobierno insiste en que no promueve la estatización, pero deberá pronunciarse cuando reciba el estudio de factibilidad. Y es allí donde aparece la tensión de fondo: ¿qué significa la autonomía universitaria cuando lo privado falla en custodiar lo público?
El contexto nacional hace que este debate tenga otra dimensión. En los últimos tres años, Colombia ha dado un salto histórico en educación superior: la matrícula llegó a 2,55 millones de estudiantes, con 1,4 millones en universidades públicas; la gratuidad pasó de 724 mil beneficiarios en 2022 a más de 906 mil en 2025; y la cobertura rural alcanzó un 45,9 %, acercando a la mitad de los jóvenes campesinos a la universidad. El presupuesto educativo creció de 50 a 70 billones de pesos, y entre 2023 y 2024 se crearon más de 190 mil nuevos cupos gratuitos en instituciones oficiales. Estas cifras no son frías estadísticas: son vidas concretas, jóvenes que pudieron matricularse sin endeudarse, familias que ya no deben escoger entre pagar la renta o la universidad de sus hijos.
En este marco, volver pública a la Autónoma sería más que un salvavidas financiero: sería un gesto político y social. Sería reconocer que, cuando una universidad privada pierde su rumbo y se hunde en la corrupción, la sociedad tiene derecho a reclamarla como patrimonio común. Además, encajaría en una política nacional que ya ha hecho de la educación gratuita y pública una bandera de cambio.
Las implicaciones son hondas. Para algunos sectores, sería una muestra de “estatismo”. Para otros, sería la oportunidad de demostrar que recuperar lo público no es retroceso, sino garantía de transparencia y continuidad. Y para los estudiantes, significaría lo más importante: que sus clases y sus sueños no dependen de la inestabilidad de un negocio, sino del compromiso de un país.
La discusión va más allá de Barranquilla. ¿Debe la universidad limitarse a ser fábrica de profesionales para un mercado incierto? ¿O debe, como pensaba Paulo Freire, formar ciudadanos críticos capaces de transformar la sociedad? Bajo la lógica empresarial, las universidades corren el riesgo de convertirse en simples proveedores de títulos. En cambio, la universidad pública tiene como misión educar para la libertad, la investigación y la democracia.
Convertir a la Autónoma en pública no será fácil. Implicará debates legislativos, un periodo de transición y ajustes presupuestales. Pero es un camino posible, con antecedentes claros y con un contexto político que ya demostró que sí se puede ampliar la universidad pública, gratuita y de calidad.
El dilema es mayor que una coyuntura local: es una prueba para Colombia. Se trata de decidir si lo público puede prevalecer cuando lo privado falla; si la universidad es un negocio o un derecho.
La respuesta debería ser clara. Rescatar a la Autónoma no es un capricho: es un acto de justicia social. Y transformarla en universidad pública sería un mensaje poderoso: en este país, la educación no pertenece al mercado, pertenece a la sociedad.
