¿QUEQUÉ? /

Mediante un pronunciamiento público el progresista Grupo de Puebla que reúne a connotados dirigentes políticos de Iberoamérica alerta sobre la grave situación de inestabilidad democrática en Argentina con las medidas de ‘shock’ económico adoptadas en los últimos días por el ultraderechista gobierno de Javier Milei.

Entre las medidas adoptadas por el controvertido mandatario argentino está la que deja a más de siete mil servidores públicos en la calle a partir de este 1 de enero, con lo cual como es obvio, agravará la situación socioeconómica de la mayoría de la población.

El texto de la declaración del Grupo de Puebla es el siguiente:

El presidente Milei, en un acto de avasallamiento al sistema republicano que la Constitución Nacional impone en Argentina, rubricó un Decreto de Necesidad y Urgencia a través del cual derogó o modificó más de 350 leyes sustantivas que regulan la economía, el comercio exterior, derechos laborales, regulaciones a la explotación de minerales y normas que preservan el ambiente.

La Constitución Nacional de Argentina autoriza al Poder Ejecutivo a dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en situaciones extremas en las que la necesidad y la urgencia estén acabadamente probadas. En el caso cuestionado esos requisitos están ausentes.

Cuando el Poder Ejecutivo recurre al DNU con el único objetivo de sortear la intervención de las cámaras del Congreso, se extralimita en sus facultades abusando del poder que normativamente se le confiere, rompe el sistema de división de poderes que la República impone y atenta contra las más elementales reglas de la democracia.

El Presidente se ha arrogado funciones propias del Poder Legislativo asumiendo así la suma del poder público. La Constitución Argentina advierte en su artículo 29 que “actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

El decisión tomada por el presidente Milei fundada en datos falsos que inducen al imaginario público a creer que existe un estado de desorden económico que justifica la “urgencia”, demuestra en realidad su vocación de cercenar derechos laborales y favorecer intereses empresarios, e intenta resolver el déficit fiscal licuando deudas mediante una devaluación que acelera la inflación, favoreciendo así a los sectores más poderosos en detrimento de los más vulnerables.

La gravedad institucional que emana del DNU cuestionado se profundiza al observar como a través del mismo se afecta el derecho de huelga, se vulneran derechos laborales y sociales adquiridos, se desregula el sistema de salud en favor de empresas privadas de medicina prepaga y en perjuicio de las obras sociales sindicales, se liberaliza el comercio internacional y se perfecciona la entrega de la soberanía territorial, espacial y económica protegida por leyes y disposiciones constitucionales que aparecen derogadas de manera autocrática.

Se equivoca el presidente Milei si lo que busca con el señalamiento de este camino es plantear una confrontación abierta con el órgano legislativo que él mismo ha venido atacando. Las reformas que necesita Argentina no pueden ser el resultado del autoritarismo presidencial ni de la confrontación violenta que evoca los tiempos de las dictaduras militares. La Argentina necesita mantener el diálogo y la convivencia democrática que exige el respeto en la diversidad.

Esas diferencias deben expresarse y respetarse en escenarios legítimos como el Congreso de la República o la misma calle.

El Grupo de Puebla hace un llamado a las autoridades judiciales y de control argentinas y los organismos multilaterales (globales y regionales) para que hagan el seguimiento cercano de ésta preocupante iniciativa y convoca al Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) de Puebla a que examine la legalidad y legitimidad de estas peligrosas disposiciones ejecutivas.