POR RICARDO VILLA SÁNCHEZ
Al ‘Tío Don’ le calentaron el oído las ovejas negras de la oposición.
“La guerra contra las drogas ha fracasado; seguimos pagando con muertos una estrategia ajena que nunca tuvo en cuenta la vida”, dijo el presidente Gustavo Petro, y esa frase retrata el dilema que enfrenta Colombia. La decisión de Estados Unidos de descertificar al país revive el libreto de los noventa, cuando el expediente Samper fue usado como garrote. Ahora el golpe apunta a un gobierno que se atrevió a cuestionar el prohibicionismo y a proponer un modelo distinto. Ernesto Samper lo resumió con franqueza: “la descertificación no es el fin del mundo, pero sí un instrumento anacrónico que golpea a los más vulnerables y desconoce avances reales”.
En el Caribe colombiano los pescadores insisten en que el mar todo lo escucha. Bajo el sol inclemente, con gaviotas revoloteando y el rumor de las olas, las voces del poder parecen quedarse flotando en los aviones que aterrizan y despegan. Mientras unos niños juegan pelota en la arena, las noticias anuncian un nuevo garrotazo desde Washington. Pero esas mismas costas cuentan otra historia: parcelas donde la yuca y el plátano reemplazan la coca, jóvenes que vuelven a estudiar en lugar de ser reclutados, y bandas de música que llenan las plazas donde antes tronaban los disparos. Esa cara de Colombia nunca aparece en los informes redactados a miles de kilómetros.
Los hechos también hablan. Entre 2022 y 2025, el país incautó 2.413 toneladas de cocaína, un 65 por ciento más que en el periodo anterior. Cada cargamento detenido son miles de dosis que no llegaron a las calles de Nueva York o Madrid. En paralelo, las mafias perdieron más de 72 mil millones de dólares, dinero que no se convirtió en fusiles ni en corrupción. Se destruyeron 68 laboratorios —209 por ciento más que antes— y se cerraron 48 estaciones de servicio usadas por el narcotráfico. El reclutamiento forzado de menores cayó en 58 por ciento y los actos terroristas en 12. Incluso en la protesta social hubo un cambio: el uso de la fuerza pasó del 12,1 por ciento en 2021 al 3,2 por ciento en 2024. Son hechos medibles, pero sobre todo palpables en vidas salvadas.
La estrategia del Gobierno colombiano, bautizada “Oxígeno y Asfixia”, busca precisamente eso: dar oxígeno a las comunidades rurales con proyectos productivos, salud y educación, y asfixiar las finanzas criminales que alimentan la violencia. Sin embargo, en Washington pesan más las narrativas que los resultados. Y no fue casualidad que, semanas antes del anuncio, un grupo de alcaldes de derecha viajara a Estados Unidos sin autorización del Gobierno Nacional para hablar mal del Presidente y del país. No fueron a defender a sus ciudades ni a gestionar recursos: fueron a hacer oposición con pasaporte oficial. Calentaron el oído del ‘Tío Don’ y poco después llegó la descertificación.
¿Qué escenarios se abren? El primero, la continuidad de la cooperación con el garrote narrativo incluido: informes duros, titulares adversos, presión en los organismos financieros. El segundo, la condicionalidad selectiva, en la que cada crédito o apoyo se amarra a la obediencia política. El tercero, un aislamiento relativo que empuje a Colombia a fortalecer su apuesta regional en CELAC y UNASUR y a buscar mayor respaldo en la Unión Europea (UE) y la ONU. Distintos caminos, pero todos revelan lo mismo: Washington insiste en la política vieja del garrote mientras el mundo empieza a hablar de salud pública, derechos humanos y corresponsabilidad.
Ese consenso internacional no es nuevo. En la sesión especial de la ONU sobre drogas de 2016 ya se reconoció que el prohibicionismo fracasó y que se necesitaba un enfoque integral, con prevención, salud y alternativas económicas. La Unión Europea respalda modelos de desarrollo alternativo y justicia restaurativa. En América Latina, CELAC y la OEA defienden la corresponsabilidad compartida pero diferenciada: cada país debe hacer su parte, pero respetando su soberanía y contexto. La descertificación va en la dirección contraria: revive un unilateralismo obsoleto que deslegitima el multilateralismo.
Mientras tanto, en los territorios, lo que está en juego es más simple y más hondo. Donde antes los niños cargaban fusiles, hoy vuelven a cargar mochilas. Donde la coca parecía el único sustento, reaparecen la yuca, el maíz y el plátano en proyectos comunitarios. Donde el miedo imponía silencio, regresan las fiestas patronales y las bandas de pueblo. Es un alivio frágil, pero real, que necesita respaldo y no castigo.
Por eso, la respuesta colombiana no puede ser silencio ni resignación. Se requieren pasos firmes: cerrar filas internas en torno a una política exterior única, sin agendas paralelas; reforzar la diplomacia pública con campañas globales que muestren logros y avances sociales; liderar un bloque regional que rechace mecanismos unilaterales; y consolidar una política antidrogas que asfixie a las mafias mientras abre oportunidades a campesinos y jóvenes. Como lo afirmó la Embajada colombiana en Washington, “la cooperación no puede basarse en castigos unilaterales, sino en corresponsabilidad real: reducir la demanda, frenar el tráfico de armas y atacar el lavado de activos”.
Colombia no fracasa. Lo que fracasa es esa guerra sin sentido, ese garrote que se disfraza de política, esa descertificación que pretende ser castigo. Frente a lo viejo, unilateral y regresivo, el país tiene la oportunidad de alzar la bandera de un futuro distinto: uno de integración regional, soberanía compartida y liderazgo en el Sur Global. Porque si algo enseña el Caribe, es que toda tormenta pasa, y que lo único que permanece en la orilla no es el garrote, sino la esperanza: esa que ningún sello extranjero podrá descertificar.
