POR PILAR TROYA FERNÁNDEZ
Tras perder en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025 – cuando el pueblo ecuatoriano rechazó las cuatro preguntas del Gobierno, incluida la que abría la puerta a bases militares extranjeras – el régimen del magnate bananero Daniel Noboa Azín aceleró el ataque a la democracia. En las semanas siguientes desplegó una operación en varios frentes que, leídos en conjunto, configuran una semi-dictadura que ha entregado la soberanía del país al proyecto geoestratégico estadounidense, mientras elimina judicialmente a su principal adversario político y prepara elecciones sin competencia real.
Los Estados Unidos demarca el territorio
El 5 de marzo de 2026, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth anunció en la “Conferencia de las Américas contra los Cárteles” la doctrina de la “Gran Norteamérica”: todos los territorios al norte de la línea ecuatorial, incluido el Ecuador, constituyen el “perímetro de seguridad inmediato” de los Estados Unidos. Doce días después, el subsecretario adjunto de Defensa Joseph Humire declaró ante el Congreso que Ecuador “se convirtió en el primer país latinoamericano en llevar a cabo ataques terrestres conjuntos contra infraestructura de cárteles”. Hegseth lo celebró: “Primero Ecuador. Ahora el Pacífico Oriental”. Ecuador se convirtió en el piloto de este plan.
Esto ocurre en directa contradicción con el voto de noviembre: el 67 % rechazó las bases militares extranjeras. La cadena de instrumentos ya firmados con los EE.UU. configura una ocupación de aire, mar, tierra y ciberespacio ecuatorianos, incluido el uso del archipiélago de las Galápagos –nodo clave del Polígono de Seguridad del Pacífico en el trazado bélico de Washington para el cerco geopolítico a China.
Estos tratados, por lo que sabemos a la fecha, son: el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que proporciona inmunidad diplomática a las fuerzas estadounidenses en suelo ecuatoriano; un acuerdo Shiprider que permite a las fuerzas armadas estadounidenses entrar las áreas marinas y el espacio aéreo ecuatoriano para detener, abordar e inspeccionar naves que se sospecha transporten drogas; y la Ley de Cooperación Ecuador-Estados Unidos, que entre otros puntos incluye la injerencia de los Estados Unidos en el “fortalecimiento” del sistema de justicia y en la utilización de las fuerzas del orden para combatir la corrupción.
La cancha vacía: proscripción y fraude electoral
El 6 de marzo, un día después del anuncio de Hegseth, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Joaquín Viteri ordenó la suspensión provisional por nueve meses de Revolución Ciudadana (RC), el principal partido de oposición. La medida se adoptó en menos de 48 horas, a partir de una denuncia del fiscal general encargado en el caso “Caja Chica”. El abogado del movimiento señaló que el proceso involucra a personas naturales, no a la organización política, lo que hace la medida procesalmente inviable. El TCE la ratificó el 26 de marzo. Junto con la RC, enfrentan la disolución los partidos Unidad Popular, de izquierda, y Construye, de derecha.
Tres semanas después, el Consejo Nacional Electoral (CNE) votó 4 a 1 para adelantar las elecciones de gobiernos locales del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, con el pretexto del riesgo de lluvias por el Fenómeno del Niño. Ni el Niño de 1998, mucho más fuerte de lo que se espera que sea este, ni la pandemia generaron un adelanto de las elecciones en Ecuador. La razón estructural es matemática: el período de inscripción de candidaturas – del 2 al 17 de agosto de 2026 – cae dentro de los nueve meses de suspensión de la RC. La principal fuerza opositora no podría presentar candidatos. Cuando llegaron las primeras demandas de inconstitucionalidad de este acto a la Corte Constitucional, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, amenazó a los jueces con sanciones si intervenían.
La venta del país
A finales de marzo, Noboa firmó con Washington un “acuerdo comercial recíproco” cuya reciprocidad es una ficción: permitirá a empresas estadounidenses retirar ganancias sin pagar impuestos, obligará al país a transferir datos personales de su ciudadanía a los Estados Unidos, y forzará la aceptación de estándares sanitarios de los EE. UU. para importaciones agrícolas, liquidando la soberanía alimentaria. A ello se suma la “alianza estratégica” firmada en marzo de 2025 con Erik Prince, titular de Academi, ex Blackwater, en violación de la Constitución y de la Convención Internacional contra el reclutamiento de mercenarios de la cual el Ecuador es signatario. Lo que se vende no son solo condiciones arancelarias: es el país entero.
Guerra hacia afuera, represión hacia adentro
Los días 16 y 17 de marzo, fuerzas ecuatorianas realizaron un operativo conjunto con los Estados Unidos en la frontera con Colombia y según las autoridades colombianas bombardearon territorio colombiano causando varias afectacionees. El Pentágono enmarcó la operación como “Operación Exterminio Total de Narcoterroristas”, el mismo término que el régimen aplica, sin ninguna evidencia, a movimientos sociales e indígenas. El operativo destruyó una granja lechera, no un local de producción de drogas.
También en marzo, la Corte Constitucional falló que las Fuerzas Armadas fueron responsables de la desaparición forzada y muerte de cuatro niños afroecuatorianos en diciembre de 2024, cuyos cuerpos calcinados aparecieron en una carretera.
El 25 de marzo, el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas documentó al menos 51 víctimas, incluidos menores, perpetradas por agencias de seguridad del Estado, mayoritariamente en comunidades afroecuatorianas de las provincias Esmeraldas, Guayas y Los Ríos.
Las autoridades de partidos de oposición electas son perseguidas: el alcalde de Guayaquil (la mayor ciudad del país) está en prisión preventiva en un proceso cuestionado; el alcalde de Quito fue enjuiciado en un caso de ‘lawfare’. Por lo menos diez dirigentes indígenas, dirigentes de movimientos sociales y colectivos opositores acumulan procesos judiciales, cuentas congeladas y retirada de derechos.
Estos cinco frentes –integración al aparato de guerra de los EE.UU., proscripción de la oposición, manipulación del calendario electoral, entrega de soberanía económica y represión interna– son los componentes de una misma operación. El régimen de Noboa expresa la lógica de unas élites cuya reproducción depende no del desarrollo del país sino del sostenimiento de la dominación imperial y de la obediencia a la Doctrina “Donroe”.
Que Noboa necesite eliminar a su principal rival político, la RC, mediante suspensión judicial y fraude en el calendario revela que el Gobierno no tiene la correlación de fuerzas que pretende tener. La resistencia continúa. El pueblo ecuatoriano demostró, con el paro de septiembre-octubre de 2025, que sabe lo que está pasando y que está en lucha, pese al acoso y persecución constantes.
