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El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, cuestionó que algunos países latinoamericanos destinen menos del 1 % de su PIB a defensa y pidió ampliar sus capacidades militares.

La administración de Donald Trump elevó la presión sobre los gobiernos de América Latina para que aumenten su gasto militar, bajo el argumento de combatir el crimen organizado y reforzar las fronteras.

El reclamo lo formuló el subsecretario de Defensa, Elbridge Colby, en un artículo publicado a finales del pasado mes de julio en la revista Americas Quarterly (AQ) – una publicación de la Americas Society / Council of de Americas dedicada a la política, los negocios y la cultura en el hemisferio occidental-, en el que cuestionó que algunas naciones latinoamericanas destinen menos del 1% de su producto interno bruto a defensa, un nivel que Washington considera insuficiente para enfrentar al narcotráfico.

Colby calificó esa proporción como “absurda” y la comparó con el aumento del gasto entre integrantes europeos de la OTAN, que -remarcó- ya alcanza el 3,5 % del PIB en gastos militares básicos, más un 1,5 % adicional en seguridad.

Con los mismos argumentos que ha forzado a Europa a aumentar su gasto militar, ahora Washington busca trasladar a los países de la región una mayor responsabilidad operativa y presupuestal, mientras conserva capacidad de intervención mediante apoyo logístico, inteligencia y cooperación castrense.

Colby sostuvo que los gobiernos latinoamericanos deben ampliar sus capacidades para perseguir redes de narcotráfico, proteger sus fronteras y encabezar operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

El planteamiento abre la puerta a una mayor militarización de la seguridad pública, una fórmula cuestionada por sus riesgos para los derechos humanos y por desplazar políticas de prevención, desarrollo social y fortalecimiento institucional.

La Doctrina Monroe, «malinterpretada»

La presión estadounidense coincide con la creación del llamado Escudo de las Américas, una alianza promovida por gobiernos conservadores para coordinar supuestamente inteligencia, operaciones y capacidades militares contra organizaciones criminales.

México y Brasil quedaron fuera de la iniciativa, una exclusión que evidencia diferencias políticas frente al intento de Washington de reorganizar la cooperación hemisférica bajo sus propias prioridades de seguridad.

En la publicación de AQ, Colby defendió una nueva interpretación de la Doctrina Monroe y rechazó que implique subordinación regional.

«Reconocemos que la Doctrina Monroe es controvertida en muchos ámbitos. Pero también es frecuente que se malinterprete», planteó Colby, quien participó a comienzos julio en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en Cusco, Perú.

Según el funcionario, el objetivo de la Casa Blanca «no radica en la explotación, la subordinación ni la dependencia», sino en dar a los países aliados «mayor prosperidad, seguridad y estabilidad». Una promesa que contrasta con una agenda que exige más recursos para defensa en países con profundas necesidades sociales.

Además, acusó (sin pruebas) a los Gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia, de facilitar la expansión del narcotráfico y la inestabilidad regional y afirmó que Estados Unidos utilizará “todos los recursos”, incluidas sus Fuerzas Armadas, para contener el narcotráfico y los flujos migratorios. Como ejemplo, citó los operativos en el Caribe contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, en los cuales Estados Unidos ha ejecutado a más de 220 personas sin juicios ni pruebas. También se refirió a la operación militar antidrogas realizada en Ecuador en marzo pasado.

La historia de intervenciones estadounidenses en América Latina obliga a observar con cautela cualquier proyecto que combine presión presupuestal, despliegue militar y conducción estratégica desde Washington.