RESUMEN AGENCIAS /
La medida del Departamento de Estado contra la abogada italiana, académica internacional y relatora de derechos humanos de Naciones Unidas, Francesca Albanese, es continuación de las acciones impuestas en febrero a la Corte Penal Internacional (CPI) por emitir órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Estados Unidos anunció el miércoles 9 de julio que va a imponer sanciones a Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, por sus esfuerzos para que la CPI adopte medidas contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes, expresó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Rubio acusó de “antisemitismo descarado” a la relatora de Naciones Unidas, así como de alentar una campaña política y económica contra Israel.
Washington amenazó señalando que “la campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en su cuenta de la red social X.
Albanese ha acusado sin ambages a Israel de crímenes de guerra, incluyendo la comisión de un genocidio, en la Franja de Gaza y a exigido al cuestionado Gobierno de Tel Aviv parar las acciones de limpieza contra el atormentado pueblo palestino.
Las sanciones contra Albanese, una voz especialmente crítica contra la ofensiva israelí en Gaza, son las mismas que las impuestas el pasado 6 de febrero contra la CPI, y se resumen en el bloqueo de bienes y activos, así como la retirada del visado y prohibición de entrada en Estados Unidos.
“Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, por lo que esta acción [de Albanese, como en su día la de la CPI] constituye una grave violación de la soberanía de ambos países”, expresa el Departamento de Estado.
La redacción del comunicado se parece mucho al que anunció las sanciones contra la CPI.
Para Washington, la CPI “ha emprendido acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado Israel. La CPI, sin una base legítima, se ha declarado competente y ha abierto investigaciones preliminares sobre personal de Estados Unidos y de algunos de sus aliados, incluido Israel, y ha abusado aún más de su poder al dictar órdenes de detención infundadas contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant”.
En un informe reciente, Albanese denunció que grandes firmas de inversión estadounidenses como Blackrock o Vanguard han cometido “graves violaciones del derecho internacional” por haberse lucrado de una “economía del genocidio”.
