POR RICARDO VILLA SÁNCHEZ
Este país y Santa Marta no son de tierra: son de agua. Son del mar Caribe y del agua dulce que nace en la Sierra Nevada. El agua da forma a nuestra identidad y sostiene la vida que compartimos. En Santa Marta, hablar del agua es hablar de la ciudad, de su historia y de la manera en que aprendimos a convivir con la escasez.
El agua ha definido la relación entre Estado y ciudadanía. Su ausencia reveló desigualdad y su manejo generó desconfianza. Convertirla en bien común es una tarea colectiva, no una promesa electoral.
El Conpes 4159 de 2025, es la oportunidad para saldar esa deuda. El documento fija la política nacional que garantizará agua potable segura y suficiente para la población samaria. Declara el proyecto de importancia estratégica y destina 1,2 billones de pesos, de los cuales 773 mil millones financiarán dos plantas desalinizadoras: una en Taganga y otra en el sur de la ciudad, cerca del Aeropuerto Simón Bolívar. De los que también coparticiparan aliados internacionales y recursos de cooperación.
El plan establece cinco frentes de acción: infraestructura, gestión ambiental, participación social, transición energética y sostenibilidad financiera. Moderniza las redes del acueducto, protege las cuencas, crea el Consejo Ciudadano del Agua, fortalece la empresa pública ESSMAR (ojalá en gobierno corporativo) y reduce la presión sobre los acuíferos. Las plantas funcionarán con energía solar y aplicarán tecnología de ósmosis inversa para transformar agua marina en potable.
La meta es alcanzar cobertura total antes de 2030 y reducir la extracción subterránea en más del 70 %. Vuelve el control del agua al Estado para garantizar el derecho a su mínimo vital. También busca generar empleo y estabilizar el servicio. Pero su impacto más importante está en el cambio cultural: asumir el agua como derecho y corresponsabilidad. Como un bien público y un derecho.
El presidente Gustavo Petro resumió el propósito nacional: “El agua nace en la Sierra, pero escasea en la Sierra. Usaremos el sol para hacer agua. Santa Marta será una región del agua sin escasez”.
El proyecto articula política pública, ciencia y ética. La energía solar disminuirá costos y emisiones, y la gestión pública garantizará control ciudadano. Cada litro distribuido representará una decisión política a favor de la vida.
Santa Marta puede convertirse en ejemplo de gobernanza hídrica. En un planeta donde más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, la ciudad asume el reto de demostrar que la sostenibilidad depende tanto de la tecnología como de la voluntad colectiva, y no de intereses egoístas particulares.
El plan se inscribe en el Programa Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, que propone ordenar el territorio alrededor del agua. En Santa Marta esa visión adquiere sentido pleno: la Sierra y el mar se encuentran como símbolo de equilibrio entre naturaleza y progreso.
El reto político es sostener la decisión de fondo. Gobiernos van y vienen, pero pocos mantienen la voluntad necesaria para resolver el problema del agua. La palabra empeñada, vale, el actual Gobierno nacional va a cumplir su promesa. A pesar de que los tubos que van bajo la tierra no lucen en renders ni en redes sociales, de ellos dependa la salud de la ciudad. Consolidar este proyecto requiere continuidad institucional y ética pública. Requiere dejar cálculos políticos, y pensar en la calidad de vida de las mayorías y en el futuro de nuestra gente como eje del desarrollo.
La tarea ciudadana es también decisiva. Las comunidades que cuidan sus ríos y quebradas ejercen democracia en lo cotidiano. La activa participación convierte una política en un pacto duradero.
La ciudad necesita confianza. La transparencia en la gestión pública y la vigilancia social deben avanzar al mismo ritmo que las obras. El agua unifica cuando se comparte, cuando la ciudadanía se siente parte del proceso.
El pacto hídrico de Santa Marta debe ser un compromiso permanente entre Gobierno, sociedad y territorio. El agua no se defiende con discursos, sino con planeación, control y trabajo conjunto.
La ética del agua es sencilla: no robarla, no contaminarla, no convertirla en privilegio. Cada acción cuenta. Cuidar el agua es cuidar la democracia.
Santa Marta cumple 500 años mirando hacia adelante. El proyecto hídrico ofrece la posibilidad de transformar la relación entre ciudad y naturaleza. Si la promesa se cumple, Santa Marta será recordada no por su sed, sino por haber hecho del agua su punto de unión y su nueva forma de ciudadanía.
El verdadero legado no estará en las plantas ni en las cifras, sino en la conciencia de que el agua une donde antes dividía.
Cuidarla es cuidar la democracia.
Y mientras la ciudad defienda su derecho al agua con participación, transparencia y solidaridad, la vida seguirá fluyendo al servicio de la democracia, la paz con justicia social, sensibilidad ambiental y del bien común.
