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La región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, es epicentro de una profunda crisis humanitaria. Las condiciones de vida de la población civil se han visto gravemente afectadas por el recrudecimiento del conflicto armado, la ausencia estatal y la sistemática vulneración de derechos fundamentales.
En este contexto, el pasado martes 20 de enero, la organización Vivamos Humanos convocó el Foro “Catatumbo en guerra: a un año de la crisis humanitaria”, en el que los participantes hicieron un detallado análisis del recrudecimiento de la guerra en la zona, donde se enfrentan dos grupos armados por el control territorial con grave afectación para la población civil que vive la degradación de un conflicto sin respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La senadora Clara López Obregón participó del panel “Impactos humanitarios en el Catatumbo: acciones estratégicas y respuestas institucionales”, e inició su intervención con una denuncia contundente: “En Catatumbo no hay libertad de expresión ni de movilidad. Y hay que decirlo claramente. Es tal el abandono que los habitantes de la región tienen a sus hijos en los grupos armados. Eso complejiza la situación”. Este señalamiento evidencia la gravedad de la crisis estructural y el nivel de exclusión social que enfrentan las comunidades.
La congresista caracterizó la crisis del Catatumbo como “estructural”, subrayando que la raíz del problema radica en la histórica ausencia del Estado. Según la dirigente política, este abandono ha derivado en la normalización de la exclusión y el confinamiento de la población civil, atrapada entre actores armados y sin capacidad de acción ni agencia.
Durante su intervención, la senadora insistió en la necesidad de abandonar las políticas fragmentadas y avanzar hacia una estrategia integral de atención: “Tenemos que hacer una política integrada, seguridad territorial y la protección de la vida cotidiana de la gente. Un Estado presente, una dirección política unificada y presencia real en el territorio, la respuesta humanitaria con un eje diferencial y la política pública debe identificar las diferencias, tiene que haber una legalidad posible que termine con la ilegalidad en el territorio”.
La senadora López Obregón hizo énfasis sobre la falta de capacidad de respuesta del Estado, criticando la tendencia burocrática de limitarse al cumplimiento formal de los procedimientos legales. Propuso articular la institucionalidad, diseñar una política integral con enfoque diferencial étnico y ofrecer alternativas socioeconómicas reales a la población afectada.
Tras dos visitas que ha realizado a la región para auscultar la crisis humanitaria, concluyó que la atención estatal debe garantizar derechos fundamentales desde una óptica social, no únicamente desde la seguridad.
La intervención de la senadora López Obregón trascendió el grave diagnóstico tanto del Gobierno nacional como de organismos humanitarios y situó el debate en el plano de los derechos humanos, la dignidad y la necesidad urgente de respuestas estatales integrales.
Su disertación articuló tres ejes principales:
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Crisis estructural y abandono estatal. La crisis no es coyuntural, sino el resultado de una histórica exclusión y desatención institucional. Esto se traduce en la vulneración sistemática de derechos como la educación, la movilidad, la integridad y la vida, especialmente de niños, niñas y familias desplazadas o confinadas.
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Necesidad de políticas integrales y diferenciadas. Urge superar las respuestas fragmentadas y transitar hacia estrategias integrales, con presencia efectiva y coordinada del Estado en el territorio. Destaca la importancia de un enfoque diferencial étnico y territorial, lo que implica reconocer las particularidades culturales, étnicas y sociales de las comunidades, así como la necesidad de alternativas económicas que permitan reconstruir el tejido social.
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Garantía de derechos y enfoque humanitario. Priorizar la protección de derechos fundamentales no solamente desde la óptica exclusiva de la seguridad. Esto significa que la política pública debe centrarse en restaurar la dignidad, la participación y la autonomía de las comunidades, así como en garantizar condiciones mínimas para la vida digna.
El llamado de la senadora a una “legalidad posible” que ponga fin a la ilegalidad en el territorio y a la articulación institucional expedita, subraya la urgencia de transformar la respuesta estatal, pasando del cumplimiento formalista a la acción efectiva y coordinada.
En ese sentido su análisis y propuestas señalan la necesidad de replantear la política pública desde la integralidad, la coordinación institucional y el enfoque de derechos humanos, reconociendo la complejidad social, étnica y territorial de la región.
El desafío planteado es enorme: articular respuestas que garanticen la protección efectiva de la población civil, restaurar la confianza en las instituciones y ofrecer alternativas reales a las comunidades atrapadas en el conflicto.
La senadora López Obregón coligió en señalar la necesidad de exigir un compromiso estatal sostenido y transformador, que priorice el valor de la vida y la dignidad humana en el Catatumbo.
