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En Colombia las fuerzas políticas partidarias del statu quo no sólo han gobernado históricamente sino que, aprovechándose de su capacidad hegemónica cimentaron toda una arquitectura institucional, que impide a una alternativa política que llegue al gobierno materializar su programa de cambio, con lo que a todas luces erosiona las posibilidades de construir democracia y equidad social. Es lo que ocurre con el Gobierno del Pacto Histórico liderado por el presidente Gustavo Petro, quien en un año y tres meses de gestión se ha visto acorralado por el propio sistema político, los poderes fácticos y sus dispositivos de propaganda, los tradicionales medios de comunicación.

La hegemonía liberal-conservadora que ha dominado políticamente el país, prácticamente desde la época de la independencia, solidificó un aparato regulatorio efectivo que frena cualquier intento de renovación o tímido cambio que se procure ejecutar. En el siglo XX, por poner apenas dos ejemplos, la clase política dominante estructuró y garantizó su dominio con el antidemocrático sistema del Frente Nacional en virtud del cual por el lapso de 16 años se monopolizó el control del aparato del Estado por parte del bipartidismo, violando abiertamente el derecho de las minorías y proscribiendo toda voz discordante que desafiara el establishment. Superada esta etapa, en los años 90 se estructuró toda una legislación para consolidar el modelo económico neoliberal (conjunción de políticas públicas en beneficio del gran capital vía privatizaciones, desconocimiento de garantías sociales y debilitamiento del Estado), hasta el punto de constitucionalizar algunas de sus normativas en la Carta de 1991.

Ese afán de dejar todo “atado y bien atado”, como diría el dictador español Francisco Franco, no sólo generó una cultura leguleya sobre la interpretación y aplicación de la ley sino que al mismo tiempo consolidó un sentido común en amplias capas de la sociedad colombiana refractarias a todo tipo de cambios, no obstante la enorme inequidad social y la escandalosa concentración de la riqueza, que raya en lo obsceno.

Desventajas del Gobierno de Petro ante el establishment

Para el abogado, defensor de derechos humanos y analista político, Camilo Villa Romero, asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Clara López Obregón, un gobierno como el de Petro que aspira mediante unas mínimas reformas generar condiciones para que Colombia ingrese a la modernidad, tras siglos de atraso y supere los ignominiosos índices de desigualdad social, choca frente a los sectores plutocráticos dominantes que anteponen una estrategia sustentada en el descrédito, la generación de miedo ante la “amenaza comunista” como es la consigna que se lanza en las marchas de la oposición y la sistemática manipulación por parte de los medios tradicionales de (in)comunicación.

Villa Romero explica que la propia institucionalidad impide avanzar en la ejecución del plan de gobierno y pone como ejemplo el hecho de que durante el primer año de gestión de un mandatario, debe atenerse a los lineamientos que hereda de su antecesor tanto presupuestalmente como programáticamente.

En el caso de Petro, apenas en 2024 podrá comenzar a ejecutar su Plan Nacional de Desarrollo y desplegar el Presupuesto con las prioridades económicas que logró plasmar en la ley que lo aprueba.

Recuerda el analista que el gobierno neoliberal de Iván Duque para torpedear la gestión de Petro dejó desfinanciados varios rubros de inversión. Es el caso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), al que dejó de pagar durante alrededor de un año, acumulando una deuda del orden de los 50 billones de pesos.

Otra de las desventajas que debe enfrentar el presidente Petro es la limitada capacidad que tiene para nominar a los funcionarios de control como el Procurador General, el Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Contralor. Con la reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial se coartó y desvirtuó el poder de nominación del mandatario porque ya no coinciden los periodos y depende de las circunstancias particulares en cada caso de la elección.

Otro elemento de cómo la propia institucionalidad estatal logra resistirse al cambio, agrega Villa Romero, es el exceso de legalismo del poder judicial. Y pone como ejemplo la reciente sentencia de la Corte Constitucional ‘tumbando’ los decretos de emergencia social que el Gobierno de Petro había expedido para solventar la crisis humanitaria que enfrenta el departamento de La Guajira.

De esta manera, explica, se frena la iniciativa, pues aunque ese tribunal señala que es preciso que se legisle sobre la problemática socioeconómica y ambiental de ese departamento, las soluciones se aplazan y las respuestas del gobierno a las comunidades no llegan.

A la inercia de la burocracia estatal, se suma en el caso concreto del Gobierno del Pacto Histórico, señala Villa Romero, otra desventaja más: llegar a las elecciones regionales de este 29 de octubre con la narrativa que tratan de imponer en la ciudadanía los medios tradicionales de comunicación de propiedad de los sectores más retardatarios en el sentido de la ineficacia gubernamental de Petro para pretender descalificar a los candidatos de su coalición política.

Las fuerzas políticas tradicionales del establishment colombiana acostumbradas desde tiempos inmemoriales a hacer fraude y a la compra de votos para ganar elecciones suman ahora el discurso anti-Petro con el propósito de conservar sus feudos clientelares y sus espacios de poder en el Estado. Por ello es que para los sectores políticos del conservadurismo estos comicios son un pulso para medir la correlación de fuerzas con el Gobierno nacional.

Esta circunstancia desgasta a un gobierno progresista como el de Gustavo Petro por cuanto que al no contar con mayorías en el Congreso para hacer aprobar sus reformas, en más de una oportunidad tiene que entrar a negociar con las castas políticas y/o utilizar los cuestionados mecanismos tradicionales del parlamentarismo colombiano.

Por todo lo anterior, colige Villa Romero, es muy complicado sacar adelante una agenda de mínimas reformas, en una sociedad a la que se le ha impuesto una matriz conservadora de opinión, como la que se ha propuesto el presidente Petro.

De todas maneras, el espíritu de cambio en el gobierno persiste y dependerá en gran medida del respaldo popular y su activismo ciudadano, el lograr avanzar en su materialización para que por fin, Colombia logre superar su estado de premodernidad, al que lo ha sometido su decadente y retardataria clase dominante.