POR OMAR ROMERO DÍAZ /
La movilización nacional en Colombia el pasado miércoles 14 de octubre envió un mensaje contundente: Colombia no está dispuesta a guardar silencio cuando siente amenazados sus derechos. Trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres y organizaciones sociales salieron masivamente a las calles para expresar su inconformidad y defender sus conquistas.
La gran marcha no fue simplemente una multitud movilizada. Fue una expresión de dignidad, resistencia y participación democrática frente a las políticas neoliberales y retardatarias del Gobierno de Abelardo de la Espriella, cuestionadas por sectores sociales que advierten retrocesos laborales, educativos, campesinos y democráticos.
Cuando el pueblo reclama, el Gobierno tiene la obligación de escuchar, no de estigmatizar. La democracia no termina con el voto: continúa en las calles, los sindicatos, las universidades, los barrios y las veredas.
Los derechos no son regalos: son conquistas del pueblo
Los derechos laborales no fueron concedidos por generosidad de los empresarios ni por voluntad de los gobernantes. Son conquistas históricas obtenidas mediante lucha social, huelgas, organización sindical, negociación colectiva y sacrificios de generaciones de trabajadores.
La jornada laboral, las prestaciones sociales, las pensiones y la libertad sindical representan luchas que no pueden desconocerse. Por eso, cualquier política que debilite la estabilidad laboral, la negociación colectiva o las organizaciones sindicales debe ser examinada y cuestionada democráticamente.
El trabajador no pide limosnas. Exige salario digno, seguridad social, estabilidad y condiciones laborales justas. Reclama que su esfuerzo contribuya al bienestar de su familia y no únicamente al enriquecimiento de quienes concentran la riqueza.
La protesta social es un derecho constitucional, no un delito. Defender los derechos laborales significa defender a millones de familias colombianas.
Defender al campesinado es garantizar el alimento del pueblo
Colombia necesita un campo con campesinos protegidos, tierras productivas, créditos accesibles, asistencia técnica, vías rurales y precios justos.
La discusión sobre la producción agrícola y la protección ambiental debe resolverse con información, participación de las comunidades y responsabilidad con las futuras generaciones. No podemos enfrentar la producción de alimentos con la conservación de la naturaleza: necesitamos garantizar ambas.
El páramo de Santurbán en Santander demuestra la importancia de proteger los ecosistemas que abastecen de agua a numerosas comunidades. Ningún proyecto económico debe evaluarse únicamente por sus ganancias; también deben considerarse sus consecuencias sociales y ambientales.
Sin campesinos con derechos no hay campo próspero. Sin producción nacional no hay verdadera seguridad alimentaria. Y sin alimentos accesibles no puede existir justicia social.
¿De quién es la riqueza de Colombia?
Colombia posee petróleo, carbón, oro, agua, tierras fértiles y una enorme biodiversidad. Sin embargo, tener riquezas naturales no significa que sus beneficios lleguen automáticamente a toda la población.
La pregunta fundamental es: ¿quién se beneficia de esos recursos y qué recibe Colombia a cambio de su explotación?
Las relaciones con Estados Unidos, Israel y los demás países deben fundamentarse en el respeto mutuo, la cooperación y la defensa del interés nacional. Colombia necesita relacionarse con el mundo sin renunciar a su autonomía ni permitir que sus decisiones estratégicas se adopten de espaldas al pueblo.
No se trata de rechazar la inversión extranjera, sino de exigir que respete las leyes, el ambiente, los derechos laborales y las necesidades de las comunidades.
La soberanía nacional significa que las riquezas del país deben contribuir al bienestar colectivo y que las decisiones fundamentales deben responder a los intereses de Colombia.
Trabajadores: la unidad es su mayor fuerza
Las centrales obreras, las federaciones y los sindicatos tienen una responsabilidad histórica: fortalecer la organización y defender conjuntamente los derechos de quienes viven de su trabajo.
La unidad no significa pensar de la misma manera, sino comprender que existen objetivos comunes: empleo digno, mejores salarios, pensiones, salud, educación pública y libertad sindical.
Es necesario llevar esta discusión a las fábricas, los ingenios, los puertos, las oficinas y todos los centros de trabajo. Los trabajadores deben conocer cómo las decisiones gubernamentales afectan sus contratos, sus ingresos, sus pensiones y el futuro de sus familias.
También es preciso defender la educación pública. Cuando se restringen las oportunidades educativas, los hijos de los trabajadores y campesinos encuentran mayores dificultades para construir un futuro mejor.
Por eso, la defensa de los derechos no puede quedar exclusivamente en manos de los dirigentes sindicales. Requiere participación, formación y compromiso de las bases.
Lo que hoy afecta a un trabajador puede convertirse mañana en un problema para todos. La división debilita; la organización y la solidaridad fortalecen la lucha colectiva.
¡Nunca más “falsos positivos” ni persecución contra el pueblo!
La memoria de las víctimas de los “falsos positivos” obliga a Colombia a defender la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Las graves violaciones de los derechos humanos no pueden justificarse en nombre de la seguridad, las estadísticas o los intereses políticos. El Estado tiene la obligación de proteger la vida y respetar la dignidad humana.
Reclamar mejores salarios, defender la tierra o exigir educación no convierte a nadie en enemigo de la patria. La protesta pacífica es una expresión legítima de participación democrática, garantizada constitucionalmente.
Una democracia verdadera protege tanto a quienes respaldan al Gobierno como a quienes lo cuestionan. También debe garantizar los derechos de las mujeres y de las comunidades históricamente discriminadas.
¡Nunca más falsos positivos! ¡Nunca más persecución por pensar diferente! ¡Nunca más violencia contra quienes reclaman sus derechos!
Transformar la indignación en conciencia
El principal desafío consiste en transformar la indignación en conciencia, la movilización en organización y la unidad popular en participación democrática permanente.
Una marcha puede expresar inconformidad, pero sus resultados dependen de lo que se haga después. Es necesario fortalecer los sindicatos, acompañar las luchas campesinas, defender la educación pública y vigilar las decisiones gubernamentales.
Las organizaciones populares deben promover asambleas, reuniones y espacios de formación para explicar qué está en juego y construir propuestas concretas. También deben exigir rendición de cuentas y utilizar los mecanismos constitucionales para defender los derechos.
La lucha popular necesita argumentos, organización y claridad. Combatir la desinformación y rechazar las acusaciones sin pruebas fortalece la legitimidad de las reivindicaciones sociales.
La calle expresa la inconformidad; la organización sostiene la lucha; y la participación democrática permite convertir las demandas en resultados.
¡Que el Gobierno escuche la advertencia!
La gran movilización nacional deja un mensaje que ningún Gobierno debería ignorar: gobernar no significa tener autorización para imponer cualquier decisión. Significa respetar la Constitución, responder ante la ciudadanía y reconocer que los derechos no dependen de la voluntad personal de un presidente.
Si se debilitan los derechos laborales, se afecta la estabilidad de las familias. Si se abandona al campesinado, se compromete la producción de alimentos. Si se restringe la educación pública, se reducen las oportunidades de la juventud. Y si se estigmatiza la protesta, se deteriora la democracia.
La respuesta no puede ser el miedo ni la resignación. Debe ser más organización, conciencia, unidad y participación popular, siempre por vías pacíficas, democráticas y constitucionales.
La gran marcha es una advertencia política, no una amenaza de violencia. Es la expresión de una ciudadanía con conciencia social que exige ser escuchada y reclama que las decisiones del poder estén sometidas al control público.
La historia del movimiento obrero demuestra que los derechos se conquistan y se defienden mediante la organización colectiva. Por eso, las centrales obreras, las federaciones, los sindicatos y las organizaciones sociales deben actuar con responsabilidad, solidaridad y decisión.
