¿QUEQUÉ? /

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido sometido a una despiadada guerra judicial por parte de los sectores neofranquistas, el Partido Popular (PP) y Vox ante un supuesto caso de corrupción que involucra a su esposa Begoña Gómez.

Diversos sectores políticos progresistas no solamente de España sino de diversas latitudes han salido a condenar la guerra judicial (lawfare) y la presión política a la que se ve sometido el presidente Sánchez, quien ha suspendido su agenda en el Palacio de la Moncloa hasta el lunes 29 de abril con el fin de sopesar si continúa o no en el cargo, como lo expresa en una declaración dirigida a sus conciudadanos.

Es evidente que el acoso mediático y judicial se conjugan como una herramienta de la derecha para atacar a sus adversarios y desestabilizar gobiernos progresistas legítimamente electos.

De esta manera, España vive una coyuntura delicada en la que su sistema democrático está bajo amenaza. Y lo que mejor representa la descomposición de las instituciones es, sin duda, la peligrosa deriva del poder judicial.

La imputación a la esposa de Sánchez

Un juez funcional a la derecha admitió trámite de una denuncia por corrupción y supuesto tráfico de influencias contra la esposa del presidente del Gobierno, Sánchez, la administradora de empresas Begoña Gómez.

La denuncia que fue presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, varias veces condenado por extorsión y finalmente absuelto por la justicia española, se basa en ocho recortes de “prensa”. Los medios que hacen parte de la confabulación y que presentan esta presuntas noticias delictiva sobre Begoña Gómez son El Confidencial, Voz Populi, Libertad digital, Es.diario y The objective, es decir, lo más granado de la cloaca y la bulosfera subvencionada generosamente los gobiernos regionales y locales de ultraderecha.

El problema de España no es que una mayoría de jueces sean conservadores. El problema es su connivencia con el Partido Popular y Vox, y la falta de escrúpulos que lleva a unos y otros a saltarse las leyes, sustituir los mecanismos democráticos de decisión y utilizar los tribunales para tratar de ganar en los juzgados lo que no les han otorgado los ciudadanos en las urnas. No se trata solo de judicialización de la política, sino de la palmaria falta de imparcialidad, de prevaricar hasta prostituir la justicia orientándola contra lo que deben ser sus objetivos constitucionales.

El último episodio de esta deriva antidemocrática más conocida como ‘lawfare’ es una historia anunciada. No es en absoluto un caso aislado, porque hay numerosos precedentes. En Brasil, lo sufrieron Dilma Rousseff y Lula; en Bolivia, Evo Morales y su vicepresidente, García Linera; en Venezuela, Nicolás Maduro; en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en Colombia el actual presidente Gustavo Petro cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Bogotá.

En lo que concierne a España los casos pueden contarse ya por decenas y casualmente siempre se dirigen contra los adversarios políticos de las derechas. Se trata de procesos inventados, manipulados, montados sin pruebas ni indicios dignos de ese nombre. Todas esas denuncias acabaron en nada, y es evidente que esta, contra la esposa del mandatario también será archivada, como lo ha solicitado la Fiscalía Provincial de Madrid, este jueves 25 de abril.

La Fiscalía ha argumentado que no hay indicios de delito en la denuncia que justifiquen la incoación de un procedimiento penal. Pero lo que el juez ha buscado, con total impunidad, es dañar entretanto el prestigio del jefe del Gobierno democráticamente elegido por la ciudadanía, y permitir a los medios derechistas que adversan a los sectores de izquierda publicar 50 o 500 veces que la pareja del Presidente del Gobierno está siendo investigada por tráfico de influencias.

Ante la decisión de la Fiscalía, el sindicato ultraderechista Manos Limpias admitió en un comunicado la posibilidad de que la denuncia presentada contra Begoña Gómez se base en noticias falsas.

Umberto Eco bautizó este método, como acertadamente ha recordado Pedro Sánchez, como “la máquina del fango”.

Cuando la potencia moral de la democracia hace cada vez más difícil que las intervenciones armadas se apoderen del poder político mediante la violencia, la oligarquía recurre a otros métodos. En España recurre al poder mediático corrupto y al poder judicial politizado. Dos poderes autónomos, sin contrapesos, sin controles ni rendición de cuentas. La rebelión de unos jueces que se apoderan de la institución y la usan para sus intereses políticos no tiene remedio dentro del Estado de derecho. Solo la presión social y la conciencia colectiva de que no se puede dejar el futuro de una sociedad en manos de unos partidos amorales y de unos jueces antidemocráticos pueden frenar esta deriva.

La carta de Pedro Sánchez

A través de su cuenta de la red social X, el mandatario español difundió el texto de la misiva que dirigió a sus conciudadanos, el cual está concebido en los siguientes términos: