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Al cuestionado magnate bananero que funge de autócrata mandatario del Ecuador no le gustan los controles constitucionales, aunque en realidad lo que no le agrada es la Constitución, con la que Daniel Noboa Aazín ha sido elegido en dos ocasiones (a pesar de que la segunda queda en entredicho por graves denuncias de fraude). Claro, no le gusta a conveniencia, pues cuando la Corte Constitucional dejó pasar su candidatura sin pedir licencia para hacer campaña electoral o cuando se nombró una vicepresidenta a dedo, esa misma instancia era de su agrado.

Desde que gobierna el país andino lo ha hecho con base en estados de excepción, declarando un conflicto armado interno, otorgando garantías plenas e impunidad a militares y policías, pidiendo el establecimiento de bases militares extranjeras. Todo ello por encima de los límites constitucionales y en contra de los convenios internacionales, como cuando invadió de manera violenta la embajada de México, en abril de 2024.

Cuando se quiso reelegir este año, su promesa principal fue llamar a una Asamblea Constituyente para hacer otra Carta Magna. La actual rige desde 2008, es considerada como una de las más avanzadas en el planeta, sobre todo, por las garantías de derechos y por la institucionalidad creada para favorecer un Estado democrático. Pero no lo hizo porque para eso debe convocar a elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes y porque una nueva Constitución debe ponerla a consideración del pueblo en referéndum. Todo eso le habría llevado más de un año sin ninguna garantía de conseguir su objetivo.

Por eso ahora ha optado por reformas legales y consultas populares. Con ello desmoronaría la Constitución de 2008. Desde mayo de este año ha enviado tres proyectos de ley, con carácter de económico urgente, violando varios principios y acápites constitucionales, aprobados por una mayoría legislativa forjada con legisladores cooptados por el poder político que recientemente la Corte Constitucional los suspendió y con ello desató la furia de un Noboa que ahora quiere llevar a los jueces constitucionales a juicio político.

Para ello propuso una Consulta Popular para diciembre. Pero no solo eso, lanzó una campaña mediática y publicitaria para señalar a la Corte como la responsable de la violencia criminal, por el solo hecho de suspender provisionalmente varios artículos de tres leyes aprobadas bajo la justificación de urgencia económica y seguridad nacional. Esos artículos incluían disposiciones que autorizaban la recopilación de inteligencia sin aprobación judicial previa, así como reformas dirigidas al financiamiento político ilícito y la justicia tributaria.

Y, por si fuera poco, se apoyó en esas leyes para despedir a más de cinco mil servidores públicos, en una primera tanda. El objetivo, bajo la presión del FMI, es llegar a despedir alrededor de 50 mil empleados del Estado.

En otras palabras, como señalan algunos constitucionalistas y expertos extranjeros, según el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias. Por supuesto, está en juego la independencia judicial.

Ahora las organizaciones sociales y políticas han salido a las calles, pero Noboa convoca a una marcha promovida (y financiada) por él para “protestar” en contra de la Corte Constitucional “antiPatria” y “enemiga de la ciudadanía”, como la califican sus voceros y la propaganda apabullante en redes sociales. Y en ese escenario, parecería, que se medirán las fuerzas políticas hasta diciembre próximo, si los jueces constitucionalistas le aprueban la propuesta de llevarlos a juicio político.