CON INFORMACIÓN DE PRENSA CASA DE NARIÑO /

Luego de la sanción de la reforma laboral en un acto simbólico el pasado miércoles 25 de junio en la Quinta de Bolívar, el presidente Gustavo Petro procedió a firmar la Ley de Salud Mental, una normativa histórica que marca un avance estructural en la garantía del derecho a la atención psicosocial en Colombia. La promulgación de esta ley representa un compromiso firme del Gobierno del Cambio con la dignidad humana, la justica social y la salud integral, reconociendo que el bienestar emocional es tan fundamental como el físico para la vida de las personas.

La nueva ley representa un avance normativo de alto impacto al reformular el objeto, principios y mecanismos de articulación institucional en salud mental, e incorpora, por primera vez, herramientas como el Sistema Nacional de Salud Mental, los Consejos Territoriales de Salud Mental, y un enfoque diferencial y poblacional transversal.

Además, la nueva normativa enfatiza que la salud mental es parte constitutiva del derecho fundamental a la salud, y su garantía debe hacerse bajo los principios de equidad, integralidad, interculturalidad y participación.

Esta ley reconoce de forma explícita los determinantes sociales, ambientales y culturales que influyen en la salud mental, lo cual obliga a las instituciones públicas a abordar esta dimensión desde una perspectiva más amplia que la clínica tradicional.

Durante su intervención, el presidente Petro subrayó que dicha ley no puede quedarse como letra muerta, como ha ocurrido en el pasado con otras normas sociales de impacto: “no queremos una ley que no se cumpla. Esta ley tiene que vivir en cada colegio, en cada hospital, en cada familia que necesita apoyo», afirmó el mandatario, señalando que la aplicación efectiva depende de la voluntad institucional y del compromiso ciudadano.

La Ley de Salud Mental contempla un enfoque integral y preventivo. Establece la inclusión de servicios de salud mental en el primer nivel de atención del sistema de salud, lo que implica que cualquier centro médico público o privado deberá contar con profesionales capacitados para atender y orientar a personas en situaciones de crisis emocional, depresión, ansiedad, duelo, consumo problemático de sustancias o cualquier padecimiento psíquico.

También, la ley promueve la eliminación del estigma asociado a los trastornos mentales, garantiza la atención diferenciada a poblaciones vulnerables como jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado, comunidades étnicas y personas en condición de discapacidad psicosocial, y reconoce la importancia de la salud mental como un componente clave en la construcción de la paz total y la cohesión social.

El primer mandatario señaló la necesidad de ampliar drásticamente la formación de profesionales en salud mental en Colombia. “Nos van a faltar psicólogos y psicólogas si nos tomamos en serio esta ley», afirmó, y dio instrucciones para que el Ministerio de Educación cree una red pública y gratuita de facultades de medicina y ciencias de la salud en todo el territorio nacional. Con ello, se espera cerrar las brechas de acceso y garantizar atención digna en todos los rincones del país.

La nueva normativa también promueve el trabajo comunitario y territorial: incentiva la creación de redes locales de apoyo psicosocial, de líneas de atención, casas de salud mental y programas escolares para la gestión emocional. Asimismo, establece mecanismos para el seguimiento institucional y la evaluación periódica de su cumplimiento.

Con la promulgación de esta ley, el Gobierno nacional busca que los derechos en salud mental dejen de depender del estrato socioeconómico o del lugar de residencia. El objetivo es que ningún colombiano o colombiana tenga que enfrentar en soledad su dolor emocional, y que el Estado responda con presencia, ciudad, empatía y conocimiento.

Finalmente, el Presidente reiteró que esta norma es parte de un paquete más amplio de reformas sociales para construir un verdadero Estado Social de Derecho que consagra la Constitución de 1991, y que ha sido postergado por más de tres décadas. “Aplicar esta ley es construir un país desde el alma. Es sanar, reconocer y acompañar. Es no dejar a nadie atrás», concluyó.