RESUMEN AGENCIAS /

Como «una monstruosidad» calificó el pasado jueves 9 de abril el presidente colombiano, Gustavo Petro, el alza de 50 % a 100 % en el arancel impuesto por Ecuador a mercancías procedentes de su país, bajo el alegato de que Bogotá no ha implementado «medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza».

«Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino (Comunidad Andina de Naciones) para Colombia. Nada hacemos ya allí», escribió el mandatario en su cuenta de X al referirse al fracaso, en su opinión definitivo, de uno de los primeros mecanismos de integración de Suramérica, del que otrora hicieron parte todas las naciones atravesadas por la cordillera de los Andes y que hoy vive horas bajas.

Sobre esa base, instruyó a su canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, a iniciar gestiones orientadas a garantizar la adhesión de Colombia en el Mercosur, instancia en la que figura como Estado asociado desde 2004. Además, demandó volcar «con más fuerza» los esfuerzos diplomáticos dirigidos a consolidar relaciones con Centroamérica y el Caribe.

En marzo pasado, La Comunidad Andina de Naciones (CAN), antiguamente conocida como Pacto Andino, intentó mediar entre los dos países y organizó una reunión en Lima, destinada a rebajar las tensiones. Empero, el encuentro se canceló tras una polémica por la presencia de una bomba en territorio colombiano, lanzada desde el país vecino. Una investigación conjunta determinó que no se trató de una acción hostil sino de un accidente, pues el proyectil cayó al otro lado de la frontera tras un rebote imprevisto.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Quito sostuvo que su decisión se soporta en «criterios de seguridad nacional» y que con ella se pretende «reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera».

No obstante, la medida fue anunciada justo tras un nuevo contratiempo entre las dos naciones andinas, ahora por la condición de «preso político» que le atribuyera Petro al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

El mandatario alegó que Glas también es ciudadano colombiano, denunció que permanece recluido en condiciones deplorables –que incluyen la privación de alimentos– y sugirió que podría ser víctima de un crimen de lesa humanidad por parte del Estado ecuatoriano.

Frente a esto, el Gobierno ecuatoriano liderado por el cuestionado magnate bananero Daniel Noboa Azín  llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong, e interpuso una nota de protesta por las declaraciones de Petro, negando de plano las condiciones infrahumanas en que se encuentra Glas, tras dos años de la violación de la Embajada de México en Quito, a la que irrumpieron comando policiales para sacarlo de la sede diplomática, atentando contra el derecho de asilo, secuestrarlo y presentarlo como un trofeo político.

En adenda, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, anunció la suspensión de las mesas técnicas de diálogo hasta que Noboa Azín resuelva restablecer canales de aproximación con Bogotá.

Para nadie es un secreto que el Gobierno ecuatoriano del bananero Noboa lo que busca con estos desencuentros diplomáticos es intervenir en el proceso electoral que vive Colombia para favorecer a la cuestionada ultraderecha que lidera el impresentable expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de presuntos delitos de lesa humanidad como los denominados “falsos positivos”.