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La Fiscalía General de la Nación acusará formalmente al expresidente por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.

El cuestionado exmandatario, líder del partido Centro Democrático, será llamado a juicio bajo la acusación de soborno a testigos y fraude procesal, informó este 9 de abril el ente acusador, aclarando que por ahora no será llevado a prisión y “podrá defenderse en libertad”.

“A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez”, dice el comunicado de la Fiscalía.

La decisión fue adoptada luego de dos solicitudes de preclusión hechas por funcionarios diferentes, que finalmente fueron desestimadas por los jueces penales competentes.

De igual forma, la Fiscalía aclara que una vez el Centro de Servicios Judiciales del complejo de Paloquemao de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el Juzgado Penal del Circuito al que le corresponda el juicio, se realizará la audiencia de formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije ese despacho.

Uribe Vélez fue víctima del efecto bumerang, pues quedó inmerso en una investigación judicial en su contra luego de intentar de manera insistente que el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro fuera enjuiciado por el supuesto delito de manipulación de testigos.

Apenas tres semanas después de la posesión de Luz Adriana Camargo como nueva Fiscal General, este organismo radicó un escrito de acusación para llevar a juicio al expresidente.

Gilberto Villarreal, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, le dio un inesperado giro a la gestión de la Fiscalía, que en dos ocasiones anteriores había solicitado la preclusión de las investigaciones que se llevaban a cabo contra Uribe Vélez.

Villarreal dijo que tomó la decisión luego de examinar la totalidad de los testimonios de los testigos, en su mayoría exparamilitares que purgaban condenas en varias cárceles del país, donde fueron abordados por abogados del exmandatario para que cambiaran sus versiones a cambio de dinero, bienes y prebendas judiciales.

“La Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al debido proceso en todas las actuaciones a su cargo y ahora el investigado y su defensa tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral”, señaló el ente acusador.