Con información de El Tiempo

Recolección de firmas o convocatoria por órganos locales no sería el único requisito para hacerlas. Director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, sostiene que estas consultas no tienen sustento jurídico y que por lo tanto no son aplicables, de esta manera desconoce la voluntad popular con el propósito de blindar la mortífera “locomotora minero-energética” que impulsa el gobierno en favor de las transnacionales.

Con la supuesta disculpa de complementarlo con otro mecanismo de participación ciudadana –los cabildos abiertos, en los que tanto promotores como eventuales afectados podrán exponer sus argumentos–, el Gobierno pretende frenar en seco la realización de las consultas populares que, según su concepción  tienen en riesgo proyectos estratégicos del capital especulativo transnacional.

La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (Cesivi), integrada por representantes del Ejecutivo y las Farc, ya recibió un borrador del proyecto de ley estatutaria que debe garantizar la participación ciudadana, en cumplimiento de lo pactado en La Habana.

Lo que se está planteando ahora es que se garantice el derecho de los ciudadanos a estar plenamente informados antes de acudir a las urnas en escenarios de participación como las consultas populares y las revocatorias de mandato.

La sola recolección de firmas o la convocatoria por los órganos legislativos locales, en el caso de las consultas, no sería el único requisito para realizar las votaciones. En el momento de la inscripción de la iniciativa se activaría la convocatoria a un cabildo amplio, en el cual el convocante deberá explicar sus argumentos y razones para acudir al mecanismo. De la misma manera, los eventuales afectados por este podrían ejercer su defensa ante los ciudadanos de la jurisdicción.

Además, en defensa del derecho del ciudadano a decidir con plena información, el convocante tendría la obligación de exponer información verificable sobre sus razones.

El incumplimiento de esa obligación –entregar en cabildo abierto información verificable– podría constituir una razón para demandar la consulta ante la jurisdicción administrativa respectiva.

La propuesta ha encontrado oposición en las Farc, pero el Gobierno insistirá en ella bajo el entendido de que la defensa de los mecanismos de participación pasa, según su criterio, por evitar su manipulación con fines políticos.

En este momento, el país está pendiente de 44 consultas populares, casi todas convocadas contra proyectos minero-energéticos. Ya hay nueve de ellas en las que se impuso el No a esas actividades económicas y, en consecuencia, se frenaron proyectos de alto impacto económico y social.

El caso más conocido es el de Cajamarca. En marzo pasado se llevó a cabo allí una consulta popular para decidir si se permitía o no la explotación de oro en ese municipio del Tolima. Ante una disyuntiva planteada en términos de escoger entre el oro o el agua, el No se impuso con 6.165 votos, contra 76 que estaban a favor de que siguieran los proyectos.

Casi cinco meses después de la votación, el alcalde de ese municipio, Pedro Pablo Marín, aseguró que aún están en los trámites jurídicos para darle cumplimiento a la consulta.

Por el resultado, la multinacional Anglogold Ashanti, que llevaba 14 años haciendo exploraciones para el proyecto minero La Colosa, tuvo que detenerse.

En el caso de Cajamarca, la consulta fue una iniciativa ciudadana; en otros municipios han sido los mismos alcaldes los que han propuesto que se realice la votación.

La ola de consultas populares contra la explotación minera tiene preocupados a las transnacionales y a sus abogados que buscan sacar a relucir argumentos torticeros para tratar de sustentar la inviabilidad de estas convocatorias.

Guillermo Vélez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, reconocido por ser un defensor del capital especulativo transnacional ha venido sosteniendo que estas consultas no tienen sustento jurídico y que por lo tanto no son aplicables.